El Gobierno tiene un proyecto para estratificar más al profesorado
La ministra y portavoz del Gobierno Isabel Celaá, en rueda de prensa. POOL MONCLOA /JMC
El Ministerio dispone de dos proyectos de ley ya preparados y encriptados a la espera de conocer el resultado de las elecciones del próximo 10 de noviembre, uno de ellos relativo a la estratificación del profesorado. Fuentes sindicales han informado de que se han enterado de estos planes de Celaá tras una reunión mantenida con una delegación de la UE encabezada por Antonio García Gómez, analista de políticas educativas y miembro de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea.
A la espera de conocer el contenido de ambos proyectos, los sindicatos presentes en la citada reunión han expresado su queja por no haber sido informados de estos proyectos. El proyecto relativo al profesorado incidirá, según los sindicatos presentes en la reunión, en la división salarial del profesorado.
En particular, la Confederación de STE-i manifestó su «total oposición a esta medida, tanto en lo referido a las formas como a la esencia de este proyecto». «No es mínimamente presentable que el MEFP trabaje en un borrador de una ley que afecta de manera fundamental al profesorado y ni siquiera traslade a sus representantes esa información», asegura Pedro del Pozo. «Mucho menos que tengamos que enterarnos a través de terceras personas, en una reunión con analistas de la Unión Europea», añade.
A la espera de conocer el contenido de ambos proyectos, los sindicatos presentes en la citada reunión han expresado su queja por no haber sido informados de estos proyectos
«En cuanto al contenido del proyecto la disconformidad es total: no puede dividirse más al profesorado, ni puede aumentar la jerarquización en una tarea que para que sea fructífera ha de estar basada en el trabajo en equipo», señala este miembro del Secretariado de STE-i.
Por lo demás, en la citada reunión se abordaron diversos temas educativos que han sido objeto de preocupación de la Unión Europea, como la «escasa financiación» educativa de nuestro país.
En el Plan Presupuestario 2020, que el Gobierno en funciones ha remitido a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre, se recoge la previsión de gasto para el próximo año. «El hecho de que las partidas dedicadas a la inversión educativa permanezcan congeladas con respecto a lo gastado en 2019 supone una muy mala noticia», señalan fuentes sindicales presentes en la reunión.
El montante total del gasto educativo en 2019 supone el 4% del PIB y lo previsto para 2020 seguirá siendo de ese mismo porcentaje, lo que, de hacerse efectivo, impedirá cualquier mejora en el ámbito educativo.
Que la inversión en Educación de 2017 –según cifras recientemente publicadas por el propio Ministerio– haya sido de 5.000 millones de euros menos de lo que se invertía antes del inicio de la “crisis”, demuestra que es muy largo el camino a recorrer en este aspecto, según los sindicatos.
Otros de los temas que se abordaron en la reunión fueron la segregación escolar, la futura ley que habrá de modificar o sustituir a la LOE-Lomce, la política de becas o la escolarización en el primer ciclo de Infantil.
El montante total del gasto educativo en 2019 supone el 4% del PIB y lo previsto para 2020 seguirá siendo de ese mismo porcentaje
El próximo mes de noviembre está prevista una Cumbre en la que participarán las personas responsables de los ministerios de Educación y de Finanzas de los estados miembros.
Algunas de las demandas de los sindicatos al próximo Gobierno en materia educativa pasan por las mejoras en las condiciones de trabajo del profesorado en materia de horarios, ratios, sustituciones, incremento de plantilla, modificación del acceso a la docencia o abordar otras cuestiones como el abandono temprano o la revalorización de la FP.
Por supuesto, todo ello exigiría un incremento de la inversión más allá del 4% actual y previsto para el 2020, objetivo que algunos sindicatos elevan al 7% del PIB.