La interinidad docente todavía afecta al 18,77% de la plantilla

Una muestra de los efectos de la parálisis política en el sistema educativo es que un total de 54.770 plazas correspondientes a personal interino todavía están pendientes de convocar, según un informe de CSIF. En estos momentos, al interinidad en la Educación todavía afecta al 18,77% de las plazas, frente al 8% marcado como objetivo en el acuerdo firmado con el Gobierno en 2017. Además, el sistema educativo arrastra un déficit de más de 26.600 docentes, según los cálculos de este sindicato. Esta situación se verá agravada en los próximos años ya que de aquí a 2023 se jubilarán más de 178.000 profesores que hoy tienen más de 55 años.

Frente a ello, en los últimos diez años la cifra de alumnos no universitarios ha aumentado un 9,6% en todo el país (722.733 alumnos más) hasta un total de 8.179.539, mientras que la cifra de docentes solo ha subido un 4,1% (20.320 profesores más) generando «un desfase en la ratio de alumno por profesor», según los últimos datos disponibles hasta 2018.

Déficit de gasto educativo

A estos datos de empleo se une un déficit en el gasto educativo de 7.123 millones de euros, dado que «los diferentes gobiernos de forma sistemática no han reflejado el incremento del coste de la vida a esta inversión», añade CSIF. De hecho, el actual gasto educativo apenas alcanza el 4% del PIB (recordamos que el PSOE se salió del pacto educativo porque este gasto no alcanzaba el 5%).

Por otra parte, CSIF se queja de que «la falta de acuerdos políticos, el retraso en la formación de un nuevo Gobierno, la prórroga de los presupuestos y los problemas de financiación de las comunidades autónomas no han hecho más que agravar la situación». Todo ello está provocando que «no se pongan en marcha soluciones inmediatas a problemas tan graves como el déficit en las plantillas, el exceso de alumnos por aula, la falta de atención individualizada y el exceso de burocracia en los centros», añade el sindicato.

El curso 2019-20 seguirá así marcado por «los mismos problemas» de cursos anteriores y que requieren soluciones: la incertidumbre ante la Lomce y la falta de negociación en algunas comunidades autónomas para la reducción del horario lectivo.

Desde CSIF, reclaman una «normativa básica que regule el horario lectivo para todos los docentes y una negociación de este tema en el marco del Estatuto Docente y que un futuro Gobierno estable lidere el pacto educativo para modificar la Lomce y se consensúe una ley que mejore nuestro sistema educativo».

Según el sindicato de funcionarios, esta ley debe fundamentarse en «potenciar la Educación de titularidad pública; una Ley de Financiación cuyo horizonte sea el 7% del PIB y una reducción generalizada de ratios de alumnos y un incremento de las plantillas».

«Se trata de un ejemplo más de la falta de consenso y de un pacto educativo que impida desigualdades entre comunidades autónomas, como sucede en otros ámbitos como las pruebas de selectividad», señala CSIF.

Potenciar la Alta Inspección

Este sindicato también ha reclamado al Gobierno que «potencie de una vez la Alta Inspección educativa en Cataluña, ante el recrudecimiento de la tensión que se vive estos días tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo». «Esta situación –señala CSIF– afecta directamente a docentes y alumnos que a diario viven la presión, acoso y exclusión por parte de los sectores independentistas mayoritarios en este ámbito (lazos amarillos en el interior de los centros, insultos, marginación, huelgas y protestas excluyentes, intransigencia para los que disienten con el independentismo…)».

En esta materia CSIF también coincide con el sindicato ANPE, que pide «garantizar la vertebración del sistema educativo y, recuperar la supervisión y control previo de los libros de texto» y que la Alta Inspección de Educación «ejerza de manera efectiva la competencia reconocida al Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales en el ámbito de la Educación».

Según el presidente de ANPE, «es ahora, cuando necesitamos una reforma del sistema educativo global, profunda y perdurable que permita la estabilidad normativa necesaria para la introducción de los cambios en la estructura y el modelo del sistema educativo que afecten al diseño curricular, la flexibilización de la Secundaria y la creación de un Bachillerato en tres cursos, junto con el desarrollo e impulso de la Formación Profesional».

Queja formal al Ministerio

Por otro lado, CSIF ha trasladado una queja formal al Ministerio de Educación ante la «parálisis política y la ausencia de negociación» con los sindicatos durante los últimos años y que afecta directamente al «déficit de las plantillas, falta de inversión, desigualdades entre comunidades autónomas, mantenimiento de los recortes, parálisis legislativa, incertidumbre jurídica, desafección del profesorado con la Administración y desamparo que sufren docentes y alumnado en Cataluña por el independentismo».

Además, se da la circunstancia de que la semana pasada el Consejo Escolar abordó su informe del curso escolar 2018-19 en el que CSIF ha decidido como protesta no presentar ninguna enmienda dada la “inutilidad” de este procedimiento, puesto que ninguna propuesta sindical se ha llevado a la negociación en los últimos años.

«El Gobierno no puede sustituir la negociación política y colectiva por el debate en el Consejo Escolar, un órgano asesor cuyas decisiones no son vinculantes», señala CSIF. En todo caso, exige que «se adopten las decisiones ya aprobadas en anteriores informes: Pacto de Estado por la Educación, Estatuto Docente y 5% de inversión educativa, con el horizonte del 7%».