Libertad de elegir

EL lío de la semana pasada a cuenta de las declaraciones de la ministra sobre la libertad de elección de centro tiene tres ángulos. El enfoque jurídico, el político y el ideológico.

El punto de vista jurídico es personalmente el que menos me interesa en este momento y, sin embargo, es donde se está centrando la discusión. Por la mañana he recibido jurisprudencia de Escuelas Católicas en un sentido y por la tarde otro tanto del Ministerio en sentido contrario. Todo parece indicar que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional sobre el artículo 27 también es interpretable. Sinceramente no me importa mucho lo que diga la Constitución sobre mis libertades.

Dos pueden ser las claves políticas. Por un lado, como se ha dicho, el Gobierno necesita apoyos por la izquierda. Veo más verosímil justo lo contrario. El Gobierno necesita una reacción como la que ha habido para blindarse en una próxima negociación con su ya socio de Gobierno. Hay una tercera clave: torpeza política.

El enfoque que personalmente más me interesa es el ideológico. Aquí se están confrontando un enfoque paternalista de la Educación y otro sustentado en la confianza en la ciudadanía, en las familias, propio de sociedades modernas, abiertas y plurales. Sin embargo, las palabras de la ministra se encuadran dentro de ese despotismo ilustrado que ahora se reviste del llamado “conocimiento experto” y que nos mira por encima del hombro a los desbordados padres y madres que no sabemos educar a nuestros hijos (sic). Lo he vuelto a escuchar hace poco en ambientes ministeriales, a cuenta de la pretensión de trasladar a los alumnos de los centros de Educación Especial a centros ordinarios. Es la misma actitud condescendiente con las familias que impulsa asignaturas como Ciudadanía y sus derivadas. La misma actitud que le lleva a suprimir del preámbulo de su reforma educativa el punto que reconoce a las familias como principales responsables de la educación de sus hijos. La misma actitud ideológica por la que se empeñan en evitar que las administraciones tengan en cuenta la “demanda social” a la hora de hacer la programación escolar, etc., etc.

A fin de cuentas, se trata de eliminar o echar a un lado a las capas intermedias que se interpongan entre los menores y el Estado, que pasa a convertirse en el principal responsable de la educación de nuestros hijos. De ahí la sutil insistencia de la ministra –o de quien le hace los papeles– en proteger los derechos de la infancia confrontándolos con los de los padres. Todo cuadra.