Castells, ¿acabarás con las miserias universitarias?

Comienza el Ministerio de Universidades a funcionar bajo el mandato del sociólogo Manuel Castells. Muchas circunstancias ha de afrontar de frente si quiere que su gestión sea recordada por ser brillante, o por el contrario sea una más en las que la mediocridad y las cuestiones pendientes sigan siendo las notas predominantes como desde hace treinta años.

¿Cuáles son esas circunstancias por afrontar y que han conducido a la miseria del sistema universitario público español?

Una, que un Doctor Asociado en cualquier universidad española deje de cobrar al mes unos 650 €, cuando es doctor, ha realizado una tesis doctoral sobresaliente y atesora una notable carrera profesional en su ámbito laboral. Frente al caso de los docentes de Secundaria, Bachillerato y FP, que siendo también interinos empiezan a cobrar 1.800 € al mes. La injusticia y estupidez no puede ser más manifiesta. Y por supuesto esta última realidad no se constata para que los segundos pierdan esas condiciones laborales, sino para que los doctores cobren al menos 2.000 € siendo asociados. Sus competencias, responsabilidades, experiencias y nivel de formación son superiores.

Dos, que los TFG con los que los estudiantes completan sus grados estén bien pagados. Es inadmisible pagar 100 € por TFG y alumno dirigido, una investigación y ponencia que lleva una media de seis meses de trabajo por parte del docente y del discente.

Tres, que haya fondos suficientes para desarrollar con plenitud las Becas de Movilidad del Profesorado, encuadradas sobre todo en el programa Teaching Erasmus +, y permitan ir a otros centros universitarios europeos o del mundo a impartir docencia, a realizar investigaciones y a seguir formándose con otros compañeros de otros países, sin la lacra de no contar con dinero para ello. De no ser así, programas como el Teaching Erasmus + son una auténtica estafa: ningún profesional ha de pagar o no contar con los recursos imprescindibles para desarrollar sus tareas, más aún cuando son de alto valor añadido.

Cuatro, acabar con el cáncer de la endogamia de la universidad en España, que se sembró tras la Guerra Civil y que se ha convertido en metástasis desde 1978 hasta hoy. La endogamia lastra la igualdad de oportunidades al acceso a la vida docente e investigadora, premiando a los cobistas de los que ostentan el poder en los centros de poder académico o político.

Cinco, consecuencia del anterior, erradicar el contubernio en las universidades públicas entre los partidos políticos y los departamentos o facultades, donde los primeros enchufan a sus secuaces –otrora consejeros, ministros, secretarios de Estado, directores generales, etc.– en los claustros y facultades.

Seis, hija de las otras dos circunstancias, que la entidad que lleva más de una década otorgando las acreditaciones a las distintas figuras de docente universitario, desde Ayudante Doctor hasta Catedrático, se rija exclusivamente por criterios de excelencia académica e investigadora. (Aquí se pueden cotejar muchos de los casos denunciados por la gestión improcedente de tal entidad).

Siete, dotar de fondos imprescindibles para financiar la investigación aplicada en cualquier rama. Los mensajes de marketing de los tiempos electorales y posteriores no se corresponden con la realidad inversora. España está por debajo de los ratios europeos y occidentales en inversión de las administraciones públicas en I+D+i. Ningún país puede prosperar ni tener unos cimientos sólidos de presente y futuro si no invierte en investigación, desarrollo e innovación. He ahí una de las razones de los desequilibrios socioeconómicos que se producen en España respecto a los países europeos y occidentales más desarrollados. Explica también que sea una de las causas que influye en que las tasas de desempleo de España sean peores que las de esas naciones hermanas.

Ocho, entre los recursos económicos básicos que han de recuperarse, están los destinados a los Cursos de Verano. Y que tanto para la inversión en I+d+i, como en sueldos, y cursos, se realice y aplique de una vez una auténtica, sólida, coherente e inclusiva Ley de Mecenazgo.

Nueve, extirpar la normativa absurda que los doctores que no llevan seis años de docencia en una universidad concreta no puedan dirigir tesis doctorales. Con esta medida vigente ahora en universidades españoles se está empobreciendo la calidad de las investigaciones doctorales, se está injustamente impidiendo a esos doctores desarrollar esas competencias y vocaciones, y a los estudiantes y a la propia sociedad se les está negando talento al que no se le deja desarrollar todo su potencial.

Si ni el Ministerio de Castells ni las consejerías de Educación con competencias en esta área solucionan estas circunstancias, el veredicto al final de la legislatura no será otro que fracaso. Si por el contrario las encauzan y resuelven, la evaluación será exitosa. Y de este último nos beneficiaremos España y los españoles.