El Gobierno da prioridad absoluta a la tramitación de la Lomloe

Después de varios meses en funciones, nuevas elecciones y un pacto de coalición con Unidas Podemos, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha echado a andar y, en materia educativa, tras la ratificación de Isabel Celaá como ministra, su prioridad es la derogación inmediata de la Lomce y la aprobación de la Lomloe. El proyecto de ley ya estaba listo desde el Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2019 y el Ministerio se dispone a someterlo a la tramitación parlamentaria tal y como fue publicado en la Boletín Oficial de las Cortes de 22 de febrero.

Según fuentes del propio equipo de Isabel Celaá, «ahora lo urgente es la Lomloe», y luego el desarrollo de la ley a través de varios reales decretos –como los de Currículum y del Profesorado que ya estaban en fase de borrador antes de las elecciones–. Sin embargo, el Ministerio ahora quiere «empezar de cero», según esas mismas fuentes, lo que implica iniciar una nueva negociación con los sindicatos «cuando corresponda».

La filtración en su día de un proyecto de decreto para estratificar aun más al profesorado no sentó nada bien a los representantes del profesorado, por lo que el Ministerio quiere redactar un nuevo proyecto de borrador más acorde con las pretensiones sindicales.

Reestructuración ministerial

Por otro lado, está pendiente que Hacienda apruebe la nueva estructura orgánica del Ministerio, para poder gestionar las competencias de Formación y Empleo que Celaá se ha traído de Trabajo (ahora en manos de Unidas Podemos y la nueva ministra Yolanda Díaz), con la posible creación de una Secretaría General de FP, por lo que la Dirección General actual dependiente de la Secretaría de Estado de Alejandro Tiana se suprimiría. «Esto exige una reconversión de la estructura del Ministerio que todavía no hemos terminado de hacer porque ha de ser a coste cero», han indicado fuentes del Ministerio. Está por ver quién se queda finalmente con los 2.000 millones de euros de formación que hasta ahora gestionaba Trabajo.

Nueva ordenación curricular

Respecto a la Lomloe, una de las novedades que más gustan a buena parte del profesorado es la nueva ordenación curricular, con la supresión de los llamados «estándares de aprendizaje» (un engorro burocrático para los claustros). Además, la ley prevé crear una unidad pública para el desarrollo y la investigación curricular, en cooperación con las comunidades autónomas, así como suprimir la distinción entre materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica. La Lomloe restablece, de esta manera, el 65% de las competencias curriculares de las comunidades autónomas sin lengua cooficial (55% en las comunidades con lengua cooficial), aumenta la autonomía de los centros para completar el currículum, recupera la organización en ciclos de Primaria y permite ordenar el currículum de 1º, 2º y 3º de ESO por ámbitos y el Bachillerato progresivo en tres años.

En el ámbito de la batalla ideológica –más allá de cómo acabe la cuestión del pin parental– el Ministerio quiere abordar de manera transversal la perspectiva de igualdad de género y coeducativa y la Educación en valores cívicos y para el desarrollo sostenible. Además, y esto ya sin grandes controversias, la Educación digital y lo que la Lomloe denomina el «aprendizaje competencial crítico-reflexivo».

En esta perspectiva, el pin parental se ha convertido en una china en el zapato del Gobierno, ya que su plan es recuperar los «derechos de la infancia como principio rector del sistema», por encima de los de los padres y, por supuesto, de las patronales del sector.

Otras medidas previstas en la Lomloe son recuperar el carácter educativo de la Infantil de 0 a 3 años, prestar más atención a la escuela rural e insular, suprimir los itinerarios curriculares de la ESO y recuperar los programas de diversificación curricular de esta etapa. Además de permitir la obtención del título de la ESO desde la FP Básica.

Finalmente, la Lomloe quiere suprimir las «medidas segregadoras entre las redes pública y concertada que introdujo la Lomce», como la «demanda social, el privilegio a la Educación diferenciada o en los criterios de admisión al centro».

Mejora de resultados

Para la mejora de los resultados, el Ministerio quiere limitar el número de repeticiones de tres a dos en la Educación básica, con planes individuales de refuerzo, mejorar la transición entre Primaria y ESO, también con planes individuales y reforzar la orientación y la tutoría.

Las evaluaciones de diagnóstico se realizarán en 4º de Primaria y 2º de ESO pero únicamente para la «mejora interna, sin publicar rankings de centros». Por último, y aunque la Lomloe prevé recuperar la PAU, este curso ya no será posible y habrá otra EBAU.

La FP será otra de las prioridades del Ministerio, con la aprobación de plan estratégico que pretende mejorar el reconocimiento social y contar con la implicación de las empresas.

• Como portavoz del Gobierno, la ministra Celaá se caracterizó por ofrecer a los medios de comunicación sonoras perlas lingüísticas que ahora, ya sin responsabilidades en esa materia, vamos a echar de menos. Sin embargo, en las últimas semanas, ha seguido ofreciendo material para el debate, no solo lingüístico, sino ideológico. Como la polémica en torno a la «propiedad» de los hijos.
• Otra polémica surgió con anterioridad en el Congreso de Escuelas Católicas de este año, cuando se metió en el jardín de la libertad de elección de los padres, un derecho que –según ella, o quien le escribiera el discurso, al parecer el subsecretario del Ministerio Fernando Gurrea– no emana del artículo 27 de la Constitución». “No es que no exista libertad sino que no está recogida en ese artículo de la Constitución”, añadió para matizar su afirmación.
• Todas estas polémicas, más allá de la inoportunidad de la ministra, han puesto a las organizaciones patronales y de padres de la enseñanza privada a la defensiva respecto al nuevo Gobierno. Asimismo, el PP ya ha pedido la comparecencia de la ministra para que explique su «intención permanente de recortar los derechos y libertades de las familias en España», tras el anuncio de un requerimiento del Gobierno a Murcia por el pin parental y su doble vara de medir respecto al adoctrinamiento en Cataluña.