La mayoría del profesorado cree que la excesiva burocracia perjudica la atención al alumno

Por ello, el sindicato reclama que, ante esta situación «preocupante», la Administración educativa debería simplificar este trabajo para que los profesionales puedan dedicar más tiempo a la preparación de las clases.

Este informe se enmarca dentro de la campaña “Stop Burocracia” que ha puesto en marcha CSIF con el fin de denunciar «el exceso de papeleo que tiene que asumir el profesorado», según ha explicado en rueda de prensa la presidenta de Educación del sindicato en Andalucía, Elena García. Las tareas burocráticas está generando entre los profesionales «una sensación de hartazgo, desilusión y frustración», ha agregado García antes de subrayar que algunos docentes lamentan que son «oficinistas de la Educación».

El 42% de los docentes emplea cada semana entre 5 y 7 horas a estas cuestiones, un porcentaje que es del 28% para los que aseguran que utilizan más de 7 horas. De este modo, el 70% de los consultados exceden su jornada laboral con creces porque, además de los trámites burocráticos requeridos, tienen que preparar sus clases, recursos y materiales, realizar correcciones y trabajar en la innovación de su metodología.

CSIF-A, sindicato mayoritario en la Educación pública en Andalucía, considera «especialmente llamativo» que el 79% de los docentes pongan en tela de juicio la utilidad y la necesidad del papeleo que se demanda por parte de la Administración a los centros.

El 96% del profesorado señala que la evaluación por estándares de aprendizaje se ha convertido en una tarea más burocrática que pedagógica, por lo que el sindicato considera que «es absolutamente necesario cambiar o simplificar el modelo de evaluación».

El informe analiza las causas que han provocado el malestar y el cansancio existente entre los docentes, entre las que se encuentran la inestabilidad del sistema educativo y la inexistencia de un pacto en este ámbito y la ausencia del profesorado a la hora de ser consultado para todas las reformas legislativas educativas que se han aprobado a lo largo de los años.

También critican el establecimiento de mecanismos de control sobre los equipos directivos y los profesionales a través de estas tareas, la duplicidad de los trámites y las comunicaciones requeridas, los problemas de conectividad en los centros, la obsolescencia de los equipos informáticos y la falta de actualización de las aplicaciones y los programas informáticos.