Adoctrinamiento, pin parental y otras batallas

La sospecha de que el sistema educativo español pueda estar adoctrinando a niños y jóvenes es un fantasma que vienen agitando desde hace tiempo algunas fuerzas políticas. La sospecha ha adquirido la categoría de certeza en determinados territorios como Cataluña, en donde, aseguran, se ha producido todo un experimento de ingeniería social mediante el cual, y con la colaboración necesaria de los noventa mil docentes catalanes, se habrían manipulado las mentes de toda una generación para convertirla al independentismo.

Viendo el éxito que ha tenido el fantasma del adoctrinamiento a la hora de construir alguno de los relatos sobre la cuestión catalana, y casi superponiéndose con ellos, se empezó a utilizar también como munición de grueso calibre para combatir la llamada ideología de género. Resulta que no solamente se adoctrina en la escuela catalana, también ocurre en los centros educativos del resto de comunidades autónomas, pero esta vez en materias relativas a la sexualidad o a cuestiones morales. En fin, todo un relato distópico al más puro estilo de Husley. Exageraciones aparte, se puede decir que históricamente siempre hubo un sector social y políticamente muy conservador en España que desconfió del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular; en la postguerra el sector de la Administración que fue objeto de una depuración más intensa por parte del régimen franquista fueron precisamente los cuerpos docentes. Ahora, hay quien insiste de nuevo en poner a la escuela bajo sospecha y, tanto es así, que algunas administraciones educativas, como la murciana, pretenden implantar una autorización expresa de padres y madres previa al desarrollo de determinadas actividades en el aula. Es lo que han venido a llamar, tergiversando la lengua, “pin parental”, a lo que realmente debemos llamar veto parental.

En la propaganda que acompaña la cuestión del veto parental se argumenta el derecho de las familias a decidir qué contenidos se enseñan a sus hijos e hijas en la escuela, y a objetar contra ellos si van en contra de sus convicciones morales. El planteamiento falla de raíz desde el momento en que no se reconoce a los menores como lo que son: sujetos que por sí mismos son poseedores de derechos; derechos que el Estado tiene la obligación de proteger independientemente de las opiniones de padres y madres. Los derechos del alumnado, a su vez, generan obligaciones en los docentes, entre otras la de enseñar conforme a lo establecido en los currículos oficiales, con independencia del consentimiento familiar. La legislación en este sentido es abundantísima y protege tanto al menor, garantizándole una formación integral, como al profesorado a la hora de ejercer su profesión con libertad. Es posible que la expresión de la ministra Celaá en relación a la “propiedad” de los hijos no fuese muy afortunada; pero lo es mucho menos entender esa propiedad en los mismos términos que se concibe la posesión de una mascota cuyo dueño la amaestra como más le place.

Ahora el veto parental parece circunscribirse sólo a actividades complementarias que tienen que ver con la sexualidad y la moral; pero, en caso de prosperar esta medida, todo el currículo se verá afectado y terminará convirtiéndose en un campo de minas: pensemos en lo que puede ocurrir con asignaturas como Biología a la hora de explicar el nacimiento de la vida o la evolución de las especies, en Historia en el momento de exponer la conquista y la colonización de América o la Guerra civil española, en Física cuando se aborde el origen del universo, etc. Tratar estos temas sometiéndolos a autorizaciones parentales previas, nos retrotraerá a la barbarie y la ignorancia, porque prevalecerá un supuesto derecho absoluto de las familias a decidir si su hijo puede aprender si la tierra es esférica o plana, o si es ella la que gira alrededor del sol o al revés.

Y la paradoja más curiosa de esta cruzada contra lo que llaman adoctrinamiento escolar es que está capitaneada por aquellas personas, instituciones y partidos que se empeñan en defender la enseñanza de una determinada confesión religiosa, la católica, en todos los tramos del sistema educativo. Y no solamente esto, es que además pretenden decidir la alternativa que tienen que cursar aquellos alumnos y alumnas que no asisten a las clases de Religión. En el fondo sí que creen que la escuela está para adoctrinar, pero solamente su doctrina… que es la única verdadera. Frente a ello, el Estado está obligado a garantizar que nuestros jóvenes puedan desarrollar al máximo sus capacidades, construir libremente su personalidad, acceder a la cultura sin censuras y, en definitiva, prepararlos para el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica.

La contienda política en la que está inmerso el país se desarrolla en muchos teatros de operaciones y la escuela amenaza con convertirse en uno de los principales. Algunos partidos políticos llevaban tiempo desplegando comandos por el territorio educativo. Ahora se han disparado las primeras salvas con el veto parental, pero en el caso de que el Gobierno se atreva a abordar temas mayores como, por ejemplo, el sostenimiento de los centros privados con fondos públicos, hay todo un ejército dispuesto en orden de batalla. Y seguro que usará “armas de destrucción masiva”.