División y convocatoria de huelga por el nuevo decreto de admisión en Andalucía

El pasado 19 de febrero se publicaba en el BOJA el nuevo decreto de escolarización, no exento de polémica. Así, aunque en su presentación se resaltó que «es fruto del consenso con la comunidad educativa», parte de ella ha convocado una huelga para el próximo 4 de marzo en respuesta al decreto.

Se trata de la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, integrada por los sindicatos UGT, CCOO, CGT y Ustea, la confederación de padres y madres de la Pública Codapa y el Frente de Estudiantes. También los otros dos sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación –CSIF y ANPE– se han mostrado contra el decreto.

El punto que ha generado más polémica es el artículo 9.4, que permite a todas las familias solicitar un centro concertado, siempre que exista alguno en su localidad. Así, en aquellos núcleos en que haya ambas opciones, «las áreas de influencia para cada enseñanza se configurarán de forma que las personas solicitantes tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo».

Según explicó el consejero Javier Imbroda, esta medida acabará con la actual situación, por la que el 18% de los municipios cuenta con oferta en la Concertada, pero muchas familias de esos municipios no podían elegirlos por no pertenecer a su área de influencia.

Con todo, Imbroda subrayó que el nuevo decreto no es una «revolución» sino que tan solo introduce «ajustes», dado que apenas un 7% de los niños andaluces no se escolarizan en el centro elegido por sus familias en primer lugar.

Interpelado por las reacciones al nuevo texto –que también aumenta los puntos para hermanos de alumnos y para rentas bajas–Imbroda preguntó: «¿Por qué temen ciertos sectores que las familias puedan elegir una opción que consideren adecuada para sus hijos?».

El proceso de escolarización arranca el 1 de marzo y lo hará con otras dos novedades, aparte de los cambios en los puntos: se avanzará en la Administración electrónica, esto es, las familias tendrán que presentar menos documentos en papel porque la Administración cruzará más bases de datos, y se intentará garantizar una mayor transparencia, manteniendo las listas de espera hasta el inicio del curso escolar, en septiembre.

Con todo, los apoyos al decreto de escolarización no parecen ser muchos. Así, la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada cree que se queda corto porque supedita la demanda social a la programación y planificación de la Administración, aunque valora los cambios en la puntuación. La Unión Sindical de Inspectores (Usie) aplaude, eso sí, que vuelvan a ser los inspectores quienes presidan las comisiones de garantía de admisión.

Salvo por Usie y Cece, las críticas arrecian, con Adelante Andalucía amenazando con irse del pacto social por la Educación si no se deroga el decreto y calificando a Imbroda de «consejero delegado de la patronal de la Concertada y de la Conferencia Episcopal». También Andalucía Laica ha criticado la privatización de la Educación «amparándose en los falsos conceptos de libertad de elección y demanda social».