La Educación para adultos más allá de la retórica

El pasado mes de julio el presidente (entonces en funciones) Pedro Sánchez proclamó en su discurso en el debate de investidura su intención de «convertir a España en el primer país europeo que reconozca el derecho a la Educación a lo largo de toda la vida«.

En la misma idea insistía la semana pasada la ministra Isabel Celaá en la Comisión de Educación del Congreso, cuando señaló que, ante los cambios disruptivos en nuestro mundo, es necesaria una Educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Se trata del objetivo 4 de la Agenda 2030. Un objetivo que, como señala la Unesco en su reciente informe sobre la Educación para Adultos, Global Report on Adult Learning and Education IV, dedica la mitad de su formulación al aprendizaje a lo largo de la vida, aunque reciba una fracción mucho menor de la atención global. «Demasiado a menudo el apoyo a la Educación para adultos es solo retórica y esta se deja de lado después para poner un foco desproporcionado en las escuelas y universidades», advierte.

El anterior informe, Grale III (2016), se centró en los beneficios de estudiar a cualquier edad en los terrenos de la salud, el empleo y la vida en comunidad, promoviendo hábitos saludables y mejorando la esperanza de vida. Al tiempo, reparaba en la falta de fondos para esta partida, y en la necesidad de invertir más.

El nuevo análisis, en base a la situación de 159 países agrupados en regiones geográficas, muestra que este objetivo no se ha logrado. Así, solo en un 28% de los países se produjo un incremento del gasto en Educación para adultos como proporción del gasto total en Educación entre 2015 y 2019, aunque el 91% habían manifestado cuatro años antes su intención de aumentarlo.

En este tiempo, en un 57% de los países aumentó la participación de la población en estas enseñanzas, pero el cuarto informe, centrado en la equidad, subraya que los grupos más vulnerables (mujeres, minorías étnicas, migrantes, refugiados, personas mayores, personas con pocas habilidades, con discapacidad o que viven en áreas rurales remotas), precisamente los que más lo necesitan, siguen excluidos.

Mientras que hay un grupo de personas, las más sensibilizadas hacia el aprendizaje, con acceso a multitud de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, aquellos que llevan una existencia más precaria, o que tienen un puesto de trabajo más monótono (servicio doméstico, etc.) ni siquiera lo contemplan, y no ven que los estudios les vayan a aportar nada.

Para atajar esta desigualdad la Unesco propone reducir el coste de oportunidad, aumentar la financiación específicamente destinada a la escolarización de estas minorías, mejorar la recogida de datos (37% de los países no cuentan con datos desagregados por minorías), avanzar en la validación de la experiencia y de los conocimientos previos, muchas veces en otros países, más allá de los títulos convalidables, y dotar a estas enseñanzas de más recursos humanos, con más personal formado específicamente en la enseñanza de personas adultas y con mejores condiciones laborales.

Todo esto, a dos años vista de la próxima Conferencia Internacional de Educación para Adultos y una década después de la anterior, celebrada en Belém (Brasil) en 2009, en la que se fijó el actual marco de acción, que incluye, entre otros, dedicar al menos un 6% del PIB a Educación, dotando de cada vez más importancia a la Educación para Adultos, avanzar hacia una estrategia integrada y priorizar a mujeres, personas del entorno rural y personas con algún tipo de discapacidad.

Solo entre las mujeres es notable el avance en participación, pues en un 59% de los países se incrementó, hasta el punto de que en 44% de ellos son mayoría. En el resto de compromisos adquiridos todavía queda mucho por avanzar. Y la desigualdad se traslada además, a los países. Así, la probabilidad de reducir la partida para Educación para adultos fue mayor entre los países más pobres (en un 35% se redujo).

Los retos son globales. Desde el primer informe Grale, de 2009, el gasto en Educación para Adultos ha seguido cayendo «no solo en los países más pobres, sino en todos, sugiriendo que la atención hacia sus aprendices adultos ha descendido con el tiempo». En el mundo en 2015 había 781 millones de adultos incapaces de leer o escribir una simple frase. Y en Europa cerca de 70 millones de jóvenes y adultos no cuentan con las competencias mínimas para leer y escribir y muchos más tienen unas pobres competencias numéricas y digitales, alerta el informe.

En España, un 10,6% de los adultos participaron en formación permanente en 2019 –un 10,8% lo hacían en 2009–. España está en la media de los países de la Unesco analizados. Por delante del tercio de países en que esta participación es inferior al 5% pero lejos del 15% con tasas en torno al 50%. En el marco europeo, está muy lejos de los porcentajes de Suecia (29,2%), Finlandia (28,5%) o Dinamarca (23,5%), pero supera a Alemania (8,2%) o Italia (8,1%).

Según la reciente estadística Nivel de formación, Formación permanente y abandono del Ministerio de Educación y Formación Profesional, basada en la Encuesta de Población Activa (EPA), el porcentaje de personas de 25 a 64 años que sigue algún tipo de Educación o formación en nuestro país aumentó con la crisis para ir descendiendo después, pero de nuevo la tendencia ha vuelto a cambiar y en 2019 se sitúa en el 10,6% una décima más que el año anterior y en niveles similares a los previos a la crisis.

La participación en la formación desciende a medida que se incrementa la edad. Así, la población de 25 a 29 años es la que más sigue formándose (25,5%), a gran distancia de las siguientes generaciones, con un 14,9% entre las personas de 30 a 34 años y un 11,1% entre las de 35 a 44. Entre los 45 y los 54 un 8,5% de las personas se siguen formando y entre los 55 y los 64 son un 4,8%.

Por comunidades, destacan el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Murcia. En todas aumentaron los adultos en formación salvo en Aragón, Cantabria, la Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja.

• Dinamarca y Suecia logran las mayores tasas de participación entre los desempleados (28,9 % y 44%) y las personas con baja cualificación (21,7% y 20%). España se sitúa en el 11,2% y 3,6%. La Unesco lo atribuye a una financiación muy generosa para Educación para Adultos pero también al modo en que se invierte.
• Alemania lanzó en 2016 una ley para proteger del desempleo y fomentar la formación continua. Esta incluía hasta este año una prima para los trabajadores poco cualificados cuando estos aprobaban en las evaluaciones a lo largo del curso y la evaluación final.
• También desde 2016, como parte del programa Qualifica Portugal se ha centrado en mejorar la formación de los educadores de adultos.
• Entre los países con una apuesta decidida por el aprendizaje a lo largo de la vida, que se refleja en el presupuesto, se encuentra Corea del Sur. Desde 2014 cuenta con un centro nacional para la materia que se centra en los colectivos más vulnerables.

En algunos países, sobre todo de América Latina y el Caribe, se habla de Educación para jóvenes y adultos, según señala el informe de la Unesco. En este se mencionan las fronteras cada vez más difusas entre la juventud y la madurez y se explica cómo la Educación para adultos no implica necesariamente que se haya alcanzado la mayoría de edad.

Sin embargo, en España para acceder a la Educación para Adultos se deben cumplir los 18 en el año en que empieza el curso, con la única excepción de chicos y chicas de 16 y 17 años con contrato laboral o deportistas de élite que no puedan acudir en el régimen ordinario.

Para Diego Redondo, director del Centro de Educación de Personas Adultas Sierra Norte de Madrid, la tramitación parlamentaria de la Lomloe es una buena ocasión para ampliar las excepciones por ejemplo a alumnos que vienen de otros países con 17 años, alumnas que se han quedado embarazadas, víctimas de bullying, alumnos con enfermedades que dificultan su asistencia al instituto como trastornos del sueño, o alumnos centrados en su carrera musical.

«Hay comunidades, como Andalucía, que contemplan más excepciones, pero la mayoría dejan en el limbo un buen número de casuísticas», subraya Redondo, que considera que dar esta opción alternativa a la escolarización ordinaria, más flexible, a chicos y chicas de 16 y 17 años que lo necesiten, y previo estudio del caso por la Administración, «haría que más jóvenes obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria, lo que a su vez reduciría la tasa de abandono escolar temprano».

En España en el curso 2018-19 había 230.026 alumnos en Enseñanzas de Educación para Adultos de carácter formal y 282.285 de carácter no formal en centros abrumadoramente públicos. De todos los alumnos, solo un 0,7% tenían 16 años y un 1,1%, 17 años. Las Enseñanzas de Adultos engloban la alfabetización, la Educación Secundaria para Personas Adultas (estructurada en dos niveles: 1 –1º y 2º de ESO– y 2 –3º y 4º), la preparación para la obtención directa del título, la preparación para las pruebas libres para la obtención del título de Bachiller o de FP, el acceso a la Universidad para mayores de 25 años y la preparación de pruebas y cursos de acceso a ciclos de FP (enseñanzas de carácter formal) y las lenguas españolas para inmigrantes y otras enseñanzas (no formal).

Para Diego Redondo en ESO para adultos –la mayor parte de estas enseñanzas– sería necesario introducir una mayor flexibilidad: «Antes podías trocear, ir aprobando por cuatrimestres y acumulando. Ahora si te vas porque te surge un trabajo a la vuelta debes empezar de cero».

El Monitor de la Educación y la Formación 2019 que publica la Comisión Europea muestra cómo en el caso de España «La participación de los adultos en el aprendizaje permanente va en aumento, pero sigue lejos del valor de referencia de la UE».

«En 2017, alrededor de 63.500 adultos obtuvieron un título de Educación Secundaria Superior, pero se trata de un pequeño porcentaje de los casi 10,7 millones de adultos con una cualificación educativa de nivel bajo», prosigue el informe, que incide en «la polarización y los desajustes en las capacidades» en España, donde los adultos con cualificaciones bajas y altas con respecto a la oferta de empleo (un 32,8% y un 43,2%, respectivamente) superan a la media de la UE, un 16,3% y un 35,8%, mientras que los adultos con cualificación media, un 23,9%, están por debajo de la media de la Unión, del 47,7%.

Según la EPA, el 50% de la población carece de un título profesionalizante. El objetivo del departamento de Isabel Celaá es que el 90% de la población cuente al menos con un título de FP de Grado Medio o Bachillerato, que se incrementen las cualificaciones medias para superar nuestra actual forma de diábolo o reloj de arena, con exceso de españoles con formación alta y con formación baja.

Para ello es clave la Educación para adultos. Esta, junto con las Enseñanzas de Régimen Especial y Otras Enseñanzas supone un 3,2% del gasto público en Educación en España, pero partidas como las de las becas Erasmus+ reflejan que se trata de una prioridad cada vez más acuciante.

La reciente estadística del Ministerio recuerda a las advertencias de la Unesco en lo referente a la equidad. Las personas que siguen estudiando son más a mayor nivel de estudios: un 17,6% entre quienes tienen Educación Superior frente al 3,7% de quienes no tienen el título de Bachillerato.