La patronal advierte del riesgo de desaparición de las escuelas infantiles privadas

Según Ignacio Grimá, presidente de la sectorial de infantil de Acade, “el salario mínimo interprofesional (SMI)  ha pasado de 655,20€ en el 2016 a 950€ en el 2020, lo que supone un incremento del 45% en cinco años. A ello hay que añadir la subida de las Bases Mínimas de Cotización a la Seguridad Social, que  han pasado en el mismo periodo de 764,40€ en el año 2016 a 1.108€ en el 2020. La subida de las Bases Mínimas de Cotización representa un incremento del 45% del coste laboral para nuestro sector, constituido casi exclusivamente por pymes y con convenios muy referenciados al SMI,  en solamente cinco años”.

Según Acade, el «inasumible incremento de los costes laborales  se viene a sumar a otros factores de preocupación, como es la persistente caída de la natalidad y la competencia desleal de establecimientos que ofertan sus servicios como centros de educación infantil sin serlo, ni reunir los requisitos exigidos, ni contar con la oportuna autorización de la Consejería autonómica correspondiente».

Existen comunidades autónomas en las que el precio de la plaza está limitado a las tarifas que marca la Consejería correspondiente, como en Andalucía y Valencia. En esta última además se producen retrasos significativos en los pagos del bono por parte de la Administración.

Para Ignacio Grimá, las posibles soluciones al problema, que está produciendo el cierre de centros a un ritmo de dos por semana, pasan por “abordar las políticas de gratuidad del segmento 0-3 años mediante la financiación directa a las familias, a través del cheque escolar y desgravación fiscal, como ya se hace con muy buenos resultados en muchas comunidades autónomas y municipios”.

“De no hacerse así –añade Grimá– desaparecerán más de 5.100 pymes y más de 30.000 puestos de trabajo, femeninos en un 90%, en centros que han sido clave para que muchas parejas pudieran conciliar su vida laboral y familiar».

Según datos hechos públicos por Acade recientemente, si desaparecieran los centros privados de Educación Infantil y el Estado tuviera que ocuparse de la escolarización de sus actuales alumnos, el gasto público educativo debería aumentar en unos 1.160 millones de euros al año, una décima del PIB español.