Las “cesiones” a Cataluña en la reforma educativa del Gobierno

El proyecto de la Lomloe, la ley por la que se modifica la LOE, iniciará su tramitación parlamentaria a finales de este mes de febrero, y lo hará marcado por un débil equilibrio parlamentario. En este contexto, la posibilidad que introduce de organizar las asignaturas en ámbitos en toda la ESO, y no solo en 1º, como hasta ahora, es vista por el presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba), Felipe de Vicente, como “una exigencia catalana” y “el peor ataque a la calidad de la enseñanza” en una etapa en la que el profesorado accede a través de la especialización.

Para De Vicente, al recogerlo en una ley orgánica estatal se salva a Cataluña de sus problemas con la Justicia por haber emprendido esta misma reforma a través del llamado decreto de especialidades de 2014. Este permitía la organización flexible del currículum en Primaria, Secundaria y Formación Profesional, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de diciembre de 2019, la avaló solo para Primaria.

Para De Vicente, esta modificación de la LOE no apunta a aulas más grandes con docentes practicando la codocencia sino a “profesionales impartiendo una especialidad distinta a la suya, algo impensable en sanidad” y a “acabar convirtiendo la ESO, ya degradada, en una Primaria más”. De hecho, la medida, de carácter excepcional y solo para el primer curso, se concibió para facilitar el tránsito de Primaria a Secundaria.

Según Raimundo de los Reyes, presidente de la federación de directores de institutos Fedadi, esta medida puede “incrementar las oportunidades de una parte del alumnado al que le puede beneficiar tener menos profesores”, pero “organizativamente no es sencilla”.

En este sentido, recuerda cuando se pusieron en marcha los programas de diversificación, también organizados por ámbitos. “Al principio se convocaban cursos del Ministerio para formar específicamente para ser profesor de ámbitos, y se restringió a los docentes de Lengua y Matemáticas, pero con el tiempo se amplió y casi cualquiera podía ser profesor de ámbito. Tener a un profesor de Historia dando Lengua, y viceversa, y sin formación específica ni experiencia para hacerse cargo de esos agrupamientos, no es fácil que funcione bien”.

Al presidente de Ancaba hay otro cambio que introduce la Lomloe que también le suena a una iniciativa contemplada en Cataluña desde hace años: la posibilidad de aprobar el Bachillerato en tres cursos. “Está pensado para que los alumnos se marchen menos, pero no es posible llevarlo a la práctica. Figura en las instrucciones del Departament, pero es un quiero y no puedo. Los centros tienen un horario de 1º de Bachillerato y un horario de 2º, y es muy difícil que a los alumnos con asignaturas pendientes de uno y otro curso le coincidan los huecos”.

Con respecto a la distribución competencial, ve bien que se recupere el consenso previo a la Lomce, que al Estado corresponda el 65% de los contenidos (55% en comunidades con lengua cooficial) y a la comunidad, la proporción restante. “Otra cosa es que se cumpla”, matiza. Y valora también que se mencione expresamente que el castellano es lengua vehicular en la disposición adicional 39 de la Lomloe. Sin embargo, se ha acabado con la obligación de garantizarlo “en una proporción razonable”, como sí recogía expresamente la LOE en su disposición adicional 38. “La gran pregunta es cómo se va a exigir que el castellano sea vehicular y evidentemente no aparece el mínimo del 25% que los tribunales han establecido en Cataluña. Porque si figurara en la ley no se aprobaría”, zanja De Vicente. Lo cierto es que la ministra Isabel Celaá no ha cerrado esa puerta, y considera que el castellano también es susceptible del reparto correspondiente, pero de momento no consta en el proyecto de ley.

Una ley que aspira a modernizar el sistema educativo y afrontar algunos de sus males endémicos, como el fracaso escolar y el abandono, a la espera de cómo se concreta la respuesta a esos retos. En muchos casos, será a través de reales decretos que la desarrollarán. “Hay que ver cómo se aligera el currículum, con los consiguientes efectos en las metodologías y la evaluación, cómo se reformula la profesión docente, se logra la universalización del 0-3 o se logra una escolarización equilibrada del alumnado», señala Maribel Loranca, responsable del sector de Enseñanza de FeSP-UGT.

Para el presidente de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, los objetivos son loables, pero “sin un plan no son más que sueños, y no hay plan más allá de la declaración de intenciones”. Gutiérrez aspira a que se tenga en cuenta al profesorado, como encargado de su puesta en marcha, y se logre el consenso entre administraciones. “Por eso insistimos en la necesidad de un Pacto por la Educación, porque si no hay acuerdo político entre administraciones, las que sean de un signo distinto al Gobierno no la van a acometer con la misma intensidad”. De momento, Celaá se está reuniendo con los consejeros –se ha visto ya con Andalucía, la Comunidad Valenciana, la de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Cantabria y el País Vasco, para intentar aunar voluntades.

• Inversión. “Si no hay un compromiso de recuperar la inversión, tenemos un cascarón vacío”, lamenta el secretario de FE-CCOO, Paco García. El 5% del PIB para Educación contemplado en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos es visto como insuficiente para los sindicatos. Para Maribel Loranca, debería lograrse en 2023, al final de la presente legislatura.
• Carrera docente. El Gobierno se da un año de margen para reformular la carrera docente. De momento la ministra se ha reunido con representantes de los sindicatos de la enseñanza y les ha pedido que le envíen sus propuestas. Para Maribel Loranca, junto con la formación inicial, de la que tanto se habla, y el acceso, es fundamental centrarse en la formación permanente del profesorado “con una red desmantelada en los últimos años y el Ministerio reduciendo sus fondos”.
• Currículum. Es una de las grandes reformas dentro de la reforma educativa, que se desarrollará a través de los decretos correspondientes. Se ha hablado de hacerlos menos enciclopedistas y academicistas y más competenciales, y se ha anunciado la creación dentro del Ministerio de una unidad que se encargará de analizar qué currículum se necesita en el actual contexto.
• Brecha territorial. Para Mario Gutiérrez es una cuestión polarizada, en que o se te tacha de franquista o de nacionalista. “No se trata de un extremo u otro, se trata de si es justa una Selectividad única, si lo es que un profesor en una autonomía cobre 500 euros más que en otra, o que una invierta un 40% más en Educación que otra. El Ministerio debe garantizar que el Derecho a la Educación es igual para todos los españoles”.
• Otros. Para el presidente de la asociación de inspectores Usie, Jesús Marrodán, aspectos como la universalización de la Educación Infantil 0-3 deberían ocupar un lugar más destacado, no una disposición adicional y transitoria, pues esta etapa, como educativa que es, debe contar con una norma estatal que regule los requisitos comunes.