Nueva Secretaría de Estado de Formación Profesional: ¿Mucho ruido y pocas nueces?

En el primer Gobierno de Pedro Sánchez la Formación Profesional pasó a formar parte de la denominación del Ministerio, desde entonces Ministerio de Educación y Formación Profesional. En el segundo, en el que los altos cargos se han incrementado un 40% dentro del Gobierno de coalición con Unidas Podemos, estas enseñanzas ostentarán por primera vez una Secretaría de Estado y no una Dirección General, como hasta ahora. Al frente de ella, Clara Sanz, hasta ahora directora general de FP.

La FP, para la que el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos prevé la promoción de una nueva Ley de Ordenación, asciende así de categoría. En el organigrama del Ministerio, Clara Sanz ya no depende de Alejandro Tiana, antes Secretario de Estado de Educación y FP, ahora Secretario de Estado de Educación (hoy toma también posesión), sino que pasa a despachar directamente con la ministra Isabel Celaá.

Pero, ¿es real este nuevo rango de la FP, se le dota de la suficiente entidad y recursos a esta Secretaría de Estado de nueva creación para afrontar los altos retos que se propone (entre otros la elaboración de una ley orgánica y el incremento en un 25% de las plazas existentes en la actualidad, con el modelo de FP vasca como referente) o es un gesto de cara a la galería? A día de hoy, de Alejandro Tiana dependen dos direcciones generales y nueve subdirecciones, mientras que de Sanz dependen dos subdirecciones y el Instituto Nacional de Cualificaciones.

Educación asumirá competencias que hasta ahora dependían del Ministerio de Trabajo, y el fin último es unificar en un solo sistema de FP los dos subsistemas, el de Educación y el de Empleo. Tal y como explicaba la ministra Celaá en su toma de posesión se trata de superar «la división existente hasta ahora entre la formación inicial y la permanente a lo largo de la vida» y  «trabajar con paso más rápido».

Del Ministerio de Educación pasa a depender la elaboración de las normas e informes del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, la elaboración y actualización de los Certificados de Profesionalidad y las pruebas de evaluación y la incorporación de la red de Centros de Referencia Nacional a la red de centros de Formación Profesional. Ya no es necesario, pues, un trabajo conjunto entre Ministerio de Educación, de Trabajo y empresarios, sino solo entre dos actores, Educación y empresarios.

Pero la nueva atribución del Ministerio de Educación y FP, «la propuesta y ejecución de la política en materia educativa y de formación profesional del sistema educativo y para el empleo», ha generado las primeras fricciones. La ha provocado el posible traspaso de Yolanda Díez (ministra de Trabajo, Unidas Podemos), que ha sustituido a Magdalena Valerio en el nuevo Gobierno de coalición, a Celaá de las competencias sobre la Comisión Tripartita y la gestión de las convocatorias de los cursos de formación para el empleo, con una partida de unos 2.300 millones de euros en 2019.

«La formación para el empleo tiene otra consideración distinta que la reglada, está orientada a la empleabilidad, a la inserción en el mercado laboral, a incorporarse a una empresa. Esta formación debe gestionarse desde Empleo, quien está cerca de las empresas, que son quienes financian esta formación», sostienen fuentes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), contrarias al traspaso a Educación de estos cursos, contemplados en el Estatuto de los Trabajadores.

Desde el Ministerio de Educación se insiste en el plan de integrar los dos subsistemas, dado que los fondos de la Seguridad Social no dependen de ningún ministerio en concreto sino de la Administración General del Estado, por lo que los puede gestionar cualquier ministerio, y se subraya que la necesidad de integrar los dos subsistemas es un clamor tanto por parte de las empresas como por parte de los centros educativos.