Para Celaá, el pacto educativo es tramitar su ley sin negociación

La semana pasada, la ministra Celaá compareció en la Comisión de Educación del Congreso para anunciar que “el primer proyecto de ley del Gobierno será la Ley de Educación”. Efectivamente, es prioritario para el Ejecutivo derogar la Lomce, aunque no se sabe muy bien qué porcentaje de ella, y acabar así con los elementos “más lesivos” de la ley Wert, como ha repetido el Gobierno hasta el hartazgo.

Aunque como en todo proyecto de ley cabe introducir cambios y mejoras (o regresiones, que todo es posible), básicamente se aprobará tal y como quedó fijada en Consejo de Ministros. Como dijo el portavoz del PP en Educación, Óscar Cavell, “ustedes siguen añorando la Logse de sus amores y defendiendo un modelo de mediocridad frente a la excelencia, de comprensividad frente a la exigencia, de la opacidad frente a la transparencia y del intervencionismo frente a la libertad”.

Lo cierto es que menos al Ministerio y a sus socios, la Lomloe no satisface a casi nadie. Lo único que la hace buena para una parte de la comunidad educativa es que deroga la mayor parte de la Lomce, pero no supone ningún avance ni modernización del sistema educativo. Ni siquiera las organizaciones profesionales la valoran y tampoco el sector empresarial. El hub de innovación educativa Edutech –formado por más de 70 entidades educativas y tecnológicas– la ha criticado también, pues la considera “un nuevo parche en el sistema de enseñanza”.

El sindicato ANPE, por su parte, cree que el nuevo anteproyecto de ley “no es la reforma global y profunda que necesita la Educación en España, es una reforma parcial que no aborda, entre otras cuestiones, la situación del profesorado, aunque es cierto que se corrigen algunas deficiencias de la Lomce relacionadas con medidas académicas, el diseño curricular, la estructura de los ciclos y el funcionamiento de los centros”.

Aportaciones a la ley

Pese a estas críticas, la ministra aseguró que la ley recoge “los principales consensos” resultantes de las 83 comparecencias que se produjeron en la Subcomisión del pacto educativo, que finalizó sus trabajos tras la negativa del PSOE a continuar en él con la excusa de que no se aseguraba el 5% del PIB en inversión educativa.

Asimismo, la ministra también afirmó que el anteproyecto incorpora “más de 43.000 comunicaciones y 100 aportaciones de organizaciones educativas, comunidades autónomas y consejos escolares autonómicos” que recibió el Ministerio en la consulta previa a su aprobación. Igualmente, las más de 550 enmiendas que se presentaron, debatieron y votaron en el Consejo Escolar del Estado.

Mejoras para el profesorado

En cuanto a las mejoras para el profesorado, en el anteproyecto de ley se establece el compromiso de presentar, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente.

“Es preciso llevar a cabo una actualización del nuevo perfil de competencias y especialidades docentes que se requieren para el siglo XXI, a partir de los cuales hay que articular el resto de las transformaciones”, dijo la ministra en su comparecencia. Para el portavoz del PP, eso significa “romper los cuerpos nacionales del profesorado dando un paso más hacia la ruptura del sistema educativo”.

Asimismo, la ministra anunció la propuesta de “un año de práctica tutelada que permitirá incorporarse a los nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión”. “Un programa de inducción a la profesión”, añadió Celaá, aunque no aclaró si estas prácticas serán remuneradas ni cuándo y quién las va a realizar.

Finalmente, la ministra mencionó otro compromiso que viene siendo una demanda reiterada por los sindicatos e incumplida por los sucesivos gobiernos. “Trabajaremos para conseguir un Estatuto del Personal Docente, a través del acuerdo y el consenso”, dijo Celaá.

1. Currículum. “Vamos a reforzar, a través de la nueva ley, el enfoque competencial y a concretarlo en los futuros reales decretos de Enseñanzas Mínimas de las distintas etapas. Eliminaremos los elementos y contenidos que añadió la Lomce, que sobrecargan innecesariamente el currículo, e introduciremos nuevos saberes fundamentales que no están presentes en el currículo actual”.
2. Tasa de interinos. “Se trata de que, en los próximos años, continúe aumentando la oferta de empleo público de 31.462 plazas en 2019. Intensificaremos este ritmo para poder llegar, antes del final de la legislatura, a tasas de interinidad muy cercanas al deseable y acordado 8%”.
3. Formación Profesional. “Me propongo presentar un proyecto de ley para una Formación Profesional moderna y europea que articule todos los sistemas de formación: la Formación Profesional del sistema educativo y la Formación Profesional para el empleo”.
4. Becas. “Se reducirá la nota de acceso a las becas de estudios no universitarios del 5,5 al 5. Asimismo se reducirá gradualmente a 5 la nota de acceso a las cuantías fijas de becas universitarias. Revisaremos la estructura de los umbrales de renta para ganar en progresividad. De forma gradual y sostenible se reducirá de manera sustancial, o se eliminará, la cuantía variable, elevando las cuantías fijas”.