Las escuelas infantiles privadas denuncian que se encuentran al borde de la asfixia

Hace unos días, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) advertía del «grave riesgo de desaparición» del sector privado de centros de Educación Infantil, donde prestan sus servicios más de 5.100 empresas que dan empleo a 30.000 profesionales, que educan a unos 205.000 alumnos.

Según sus datos, si desaparecieran los centros privados de Educación Infantil y el Estado tuviera que ocuparse de la escolarización de sus actuales alumnos, el gasto público educativo debería aumentar en unos 1.160 millones de euros al año, una décima del PIB.

Ignacio Grimá, presidente de la sectorial de Infantil de Acade, habla del «enorme avance» que se ha dado en un sector hoy a años luz de lo que hace 10 o 15 años se conocía generalmente como «guardería». «Estos centros han demostrado una gran capacidad de adaptación, al tiempo que algunas características se han mantenido: siguen siendo empresas pequeñas, con la cercanía como punto fuerte de cara a facilitar la conciliación, escuelas de barrio de estructura mediana», describe.

En su fortaleza, sin embargo, se encuentra también su debilidad: «Su subsistencia se está volviendo muy difícil. Por eso estamos muy preocupados, porque se está dando la tormenta perfecta». Habla Grimá del Salario Mínimo Interprofesional, que se ha incrementado un 45% en cinco años, y de la subida de las bases mínimas de cotización, de la dificultad para hacer frente a los costes –los de personal representan el 60% del total–, del incremento de la competencia desleal, de la ampliación de la red de escuelas infantiles públicas o de las aulas de 2 años, bien en la Pública o bien en la Concertada, así como del descenso de la natalidad.

El acuerdo de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos habla de «universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 a través de la red pública en condiciones de equidad». En el curso 2018-19 había un 39,6% de escolarización, frente al 23,9% de una década atrás, y con gran disparidad según las comunidades, del 18% de Murcia al 53,5% del País Vasco. La Privada escolariza a casi la mitad de ese alumnado (incluso más en comunidades como la de Madrid) y, según Grimá, no va a haber Administración capaz de asumir esa cobertura. «Cualquier política de gratuidad, antes de crear un centro privado, debería tener en cuenta la red privada preexistente», señala. Un informe de la Red de Información Educativa en Europa (Eurydice) sobre Educación Infantil subraya que en España el porcentaje de oferta privada hasta los 3 años es 10 veces mayor que a partir de esa edad.

Juan Sánchez Muliterno, presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEI-Waece, apunta que esta etapa, pese a la evidencia científica que demuestra su gran importancia, «siempre ha sido vista como un mal menor en el Ministerio y en las consejerías de Educación». De hecho, ve como un avance que la futura ley especifique que todos los centros que acojan niños a estas edades han de ser centros autorizados de Educación Infantil, algo que ya recogía la Logse de 1990 y ahora se recupera. «Espero que la ley se cumpla y la Conferencia Sectorial de Educación dé un plazo a las comunidades para que así sea. Si no, el caos nos va a desbordar», proclama.

Hablaba Ignacio Grimá de hasta «35 madres de día» en tres manzanas de un barrio de Madrid a las que no se les exige los requisitos que a cualquier escuela infantil (Seguridad Social, seguro, inspecciones, una tutora por grupo y una maestra que supervisa el proyecto pedagógico, unas ratios determinadas…», y Sánchez Muliterno coincide en que ha habido un repunte.

Según destaca el informe de Eurydice, en España, solo la Comunidad de Madrid y la de Navarra han regulado este tipo de experiencias en casa. Para él no es el único reto. Otro es el currículum, lo que de nuevo demuestra la poca importancia que tradicionalmente se ha dado a esta etapa. «Parece que ahora se va a corregir, pero se ha dejado el primer ciclo totalmente en manos de las comunidades, y algunas ni han llegado a sacar el currículum», expone. Y está, también, la formación requerida para los docentes, una Formación Profesional de Grado Superior que el presidente de AMEI confía en que mejorará con la introducción de la modalidad dual. O las ratios (una maestra para ocho bebés, para 14 niños de 1 año y 20 de 2), ratios que a su juicio habría que bajar, previa revisión del sistema de financiación.

También Sánchez Muliterno ve peros al modelo por el que se va a apostar: «Se quiere una extensión de la gratuidad en el plazo de ocho años y no se contempla la enseñanza privada, supermayoritaria, para esa generalización. No hay centros públicos, y no merece la pena gastarse un dineral en crearlos cuando los hay, privados, con suficiente rodaje. Debería estudiarse un sistema de financiación para estos centros, sea cheque, concierto, etc. Hay mecanismos que pueden funcionar sin necesidad de crear un montón de paro y generar aceleradamente una red pública sin experiencia».

Otro experimento que denuncia son las aulas de 2 años que en la Comunidad Valenciana o ahora Aragón están habilitándose en colegios públicos. «Bajo ningún concepto un niño a esa edad debería estar en un macrocolegio. No hay que olvidar que hasta la Logse preescolar empezaba a los 4 años. Un niño a esa edad en ese contexto se encuentra total y absolutamente perdido, acobardado, no apto para recibir ningún mensaje».

• Privada. El informe de Educación Infantil de Eurydice señala cómo en España, en el curso 2016-17, un 33,9% de los niños de menos de 3 años acudía a escuelas infantiles privadas, porcentaje que se reducía al 3,7% a partir de los 3 años.
• Precio. Este mismo informe sitúa a España entre los países con cuotas medias-altas, junto con Francia, Bélgica o Austria. También remarca el hecho de que en la mayoría de las comunidades autónomas (cita Andalucía, Navarra, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Ceuta) la demanda es mayor que la oferta.
• Formación. Según Eurydice, solo la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de Madrid han regulado la Educación de niños de estas edades cuando es en una casa, con una formación mínima de las personas que los van a cuidar. La experiencia previa en Educación Infantil para directores de centros solo es obligatoria en la Comunidad de Madrid.