Marta Martín (Cs): “La Lomce nos trajo el caos educativo; la ley Celaá no elimina ningún punto que genere ese caos”

Marta Martín es portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Educación y FP del Congreso. También en la de Ciencia, Innovación y Universidades; Derechos de Infancia y Adolescencia; Igualdad; Comisión Mixta para la Unión Europea, y Asuntos Exteriores, un pluriempleo provocado por el hecho de que los diputados de Ciudadanos en la actual legislatura se pueden contar con los dedos de las manos. Nos atiende por teléfono desde su casa de Alicante, pendiente de la hora de la comida de su hijo Pablo, que estudia desde casa en medio del estado de alarma.

Antes de decretarse el estado de alarma usted tenía prevista una interpelación a Celaá previa a la tramitación de su ley.
—Sí, en concreto respecto al procedimiento de tramitación y al trampantojo que supone esta ley. Celaá ha ido soltando discursos radicales sobre la Concertada, sobre la Educación Especial, y luego ha mantenido un proyecto que según ella fue tramitado con todas las garantías en la legislatura anterior. A nosotros ya entonces nos despertó serias dudas, pero ahora resulta que fue presentado ante una Conferencia Sectorial que no es la misma –los consejeros han cambiado–, por lo que su informe no es válido; ante un Consejo Escolar que tampoco es el mismo, y por lo tanto ese informe que aprobó por los pelos no sería válido, y que finalmente, no contó con el informe del Consejo de Estado. Se aferra a que no es preceptivo, pero es la primera vez en la historia que llega al Congreso una ley educativa sin todas las garantías jurídicas. Por eso vamos a presentar una enmienda de devolución. Lo que se hizo en la legislatura anterior, en la legislatura anterior se queda.

Ustedes prefieren retomar la idea del pacto.
—Nosotros nos preguntamos de qué tiene miedo Celaá y pedimos que, igual que se crean mesas de diálogo con los independentistas, se genere una comisión o un entorno para lograr un consenso con respecto a la ley educativa. Estamos ante una maraña jurídica. La Lomce se congeló mientras se debatía y se buscaba un consenso para establecer una nueva ley. Nosotros siempre hemos apelado al diálogo de la que consideramos la ley más importante de la legislatura, una ley de futuro, y para nosotros esto no es un consenso. La fórmula de la subcomisión se congeló porque ellos se levantaron. Si no les gusta esta fórmula, que planteen otra, pero que sea de consenso.

Hace unos días Toni Roldán y Antonio Cabrales, entre otros, demostraban que este consenso es factible.
—Supongo que se han inspirado en los trabajos de la subcomisión para el pacto, que detalló en 14 puntos su diagnóstico de los problemas del sistema, y es en la respuesta a esos 14 puntos donde hay que trabajar conjuntamente, no con leyes rodillo que son una chapuza y un parche de un parche de un parche.

La subcomisión iba lenta. Fueron 15 meses para esos 14 puntos. El PSOE cree que esto es urgente.
—La urgencia la tienen ellos con sus socios de Gobierno. Han utilizado la Educación como moneda de cambio, y sus socios les están apretando. Lo que Celaá ha ido soltando en sus discursos radicales para facilitar pactos para la investidura se plasmará en la tramitación de la ley a través de enmiendas parciales. No se ha cambiado el texto porque saben que no pasaría los trámites del Consejo Escolar, de la Conferencia Sectorial. Para el independentismo la Educación es un elemento esencial para la ingeniería social y el populismo tiene una fijación freudiana con la Concertada o la Educación diferenciada. Lo han pactado y ella se siente presionada. Pero nosotros defendemos que la reforma educativa real nunca se va a dar desde los extremos, se conseguirá desde el centro. Cuanto más se polarice el discurso público, menor garantía de reforma de futuro.

Ellos dicen tener prisa por derogar los aspectos más lesivos de la Lomce.
—Serán los aspectos que los Presupuestos Generales del Estado puedan asumir. Los diagnosticados en subcomisión no se quitan de hoy para mañana. El cambio en la inversión, la formación del profesorado, el currículum, las diferencias territoriales o la segregación escolar no se logra en una tramitación de un mes. La Religión o el tema de la lengua, que se quieren vender como prioritarias, sí.

Apuntan otros, como los itinerarios segregadores, PMAR…
—Para eso no es necesaria una nueva ley. Basta con presentar una proposición no de ley de consenso en la Comisión de Educación y se podrían modificar directamente.

Celaá puso el acento en la formación del profesorado al presentar su ley en el Congreso.
—Si la inducción tutelada se hace bien estaremos contentísimos, pues es una idea nuestra y del PP, pero no nos fiamos, porque este Gobierno utiliza eslóganes que difieren de los hechos. Este es el Gobierno del marketing y los eslóganes. Si su inducción no tiene que ver con la propuesta de colectivos como la Conferencia de Decanos y la nuestra, con una prueba nacional posterior al grado ajustada a las plazas que se necesitan, con unas acreditaciones y una garantía de calidad supervisada por el Ministerio, no estaremos de acuerdo. Sí lo aprobaremos si hay una mejora de la formación práctica, si esta es remunerada, si se acompaña al profesor, si se revaloriza la profesión… Yo creo que Celaá está simplemente pensando en una modificación del sistema de prácticas y que estas sean diferentes para cada una de las 17 comunidades y sin garantías de calidad. Pero es una intuición. Esperaremos a ver el proyecto.

¿Defienden también las barreras de entrada?
—Sí, queremos un sistema distinto, lo que incluye notas más altas y pruebas adaptadas para acceder a Magisterio, no solo para medir los conocimientos, también las actitudes y aptitudes, en colaboración con las facultades de Educación.

Cataluña ha iniciado una senda similar a la que describe.
—Si lo está haciendo así, ese es el camino, porque una profesión tan vocacional e importante requiere que quien accede a ella, además de conocimientos, reúna unas características. De todas formas, al mismo tiempo están acreditando a profesores de Secundaria sin el máster.

Decía que el MIR es cosa de Ciudadanos, pero su paternidad se le atribuye a Alfredo Pérez Rubalcaba.
—Sí, en su origen fue una idea de Alfredo Pérez Rubalcaba [PSOE] y de Francisco López Rupérez [PP], pero cuando nosotros hemos llevado proposiciones no de ley y de ley, y ha habido tres debates en torno al MIR en el Congreso, si uno escucha los discursos de los portavoces del PSOE ve que ahora son radicalmente contrarios a esta idea, que reniegan de ella. Por eso no entiendo su traje de cordero ocultando una posición de lobos.

¿Mejora la Lomloe a la Lomce?
—La Lomce nos trajo el caos educativo, pero la ley Celaá no elimina ningún punto que genere ese caos, y se puede dar la vuelta a la tortilla. Wert logró la reacción en contra por no haber debatido su ley. A Celaá le puede pasar exactamente lo mismo por hacer exactamente lo mismo, por imponer su ley rodillo, y se puede dar la paradoja de que algunas comunidades lleven al Constitucional algunos puntos de su ley. Si ya tenemos experiencia de que no funciona tramitar las leyes así, ¿por qué no se cambia? Se ha reunido con la mayoría de los consejeros, pero su ley no ha pasado por la Conferencia Sectorial. Celaá quiere hacer pasar por trámite normativo lo que es estrategia política.

¿Cree entonces que el escenario post Lomce puede ser aun peor?
—Muchas cuestiones empeoran la Lomce, como el vaciado de competencias de la Alta Inspección, como que no se garanticen los derechos lingüísticos de los niños en todos los territorios. Con la Educación Especial se incurre en la ambigüedad y se considera a los centros de Educación Especial como segregadores. Y se sustituyen los estándares de aprendizaje por contenidos mínimos, pero no se especifica cómo se van a proponer, coordinar y controlar. Es un conglomerado de despropósitos que se añade al despropósito de la Lomce.