El Gobierno intenta aprovechar la situación para aprobar la Lomloe

El Gobierno no solo mantiene los plazos previstos para la tramitación de la ley de Educación sino que impidio inicialmente la ampliación de los plazos habituales para presentar enmiendas a la totalidad de la ley o enmiendas parciales aunque finalmente lo amplió hasta el 6 de mayo. En el primer caso, el plazo terminó el viernes pasado y para el articulado finaliza el próximo miércoles.

El PSOE y sus socios hicieron valer su mayoría en la Mesa del Congreso para negar la ampliación, algo insólito porque lo habitual es conceder hasta tres ampliaciones en cada caso, pero finalmente rectificaron ante la presión de la comunidad educativa.

En el caso del PP, se ha presentado ya enmienda a la totalidad de la ley pero sin texto alternativo de momento, aunque se presentará más adelante, para “fortalecer las competencias del Estado frente a la falta de lealtad institucional que se ha producido por algunas comunidades autónomas”, según la diputada Sandra Moneo.

Competencia del Estado

“El Gobierno renuncia a desarrollar las competencias del Estado en materia educativa” ya que, por ejemplo, “no habrá ni una sola prueba a lo largo de toda la enseñanza obligatoria que recaiga sobre el Ministerio de la Educación”, ha recalcado Moneo.

Ciudadanos ha presentado sin embargo enmienda de devolución. La diputada Marta Martín ha justificado esta decisión en que, según ella, «se trata de dar soluciones urgentes a la crisis educativa que ha generado Covid-19, no de crear problemas adicionales intentando imponer el sectarismo y creando división».

«Volvámonos a sentar en un Pacto por la Educación centrado en las cuestiones nucleares que necesitan nuestros niños», ha dicho Martín. Y ha pedido al Ministerio que «reinicie el diálogo sincero y salga de sus trincheras ideológicas».

Vox también ha presentado enmienda a la totalidad. El diputado Joaquín Robles lo ha justificado así: «La nueva ley es la nefasta Logse con perspectiva de género y, además, pretenden cargarse las escuelas infantiles, los centros de Educación Especial y al español como lengua vehicular».

La Plataforma Concertados, que agrupa a Escuelas Católicas, CECE, Concapa, Cofapa, FSIE y FE-USO, ha difundido un comunicado en el que asegura que la «prisa del Gobierno por aprobar la Lomloe es signo de déficit democrático». «No es comprensible –afirma la Plataforma– que el Ministerio trate de aprovechar una situación como esta para acelerar la tramitación de la Lomloe, sustrayendo a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley, especialmente en un asunto tan importante como el educativo».

«La prisa del Gobierno parece obedecer, no solo a su deseo de que la ley pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, sino a su posible intención de introducir enmiendas solo consensuadas por los socios de Gobierno y que limitarían la libertad de enseñanza», sigue el comunicado. Además, revelaría su propósito de «escamotear a la opinión pública el debate sobre una ley esencial que no goza de consenso en la comunidad educativa, evitando de paso posibles actuaciones públicas contrarias de una parte importante de la sociedad», añade.

La Plataforma Concertados solicita que los pactos de Estado que busca el Gobierno para facilitar la reconstrucción social y económica del país, tras la pandemia de coronavirus, incluyan también las cuestiones educativas.

Para Luis Centeno, de Escuelas Católicas, «no se puede tramitar un Proyecto de Ley como la Lomloe dentro del estado de alarma y con la sociedad confinada en sus casas». «Solicitamos la paralización de la tramitación hasta la vuelta a la normalidad», añade.

De la misma opinión es Antonio Amate (USO), quien afirma que «la introducción de la Orden EFP/365/2020 de 22 de abril, se basa en la excepcionalidad.¡pues que sea para todo!».

Santiago García, de CECE, dice que «no parece el momento adecuado para tramitar una ley tan trascendental como la Lomloe, porque no se dan las condiciones para el debate que requiere».

• Los excesivamente flexibles criterios sobre titulación y promoción aprobados para este curso por el Ministerio han llevado a las comunidades de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León a expresar su disconformidad con la orden ministerial y a señalar que se regirán por los criterios que establece la norma nacional. Galicia ha firmado pero criticando que la norma «no fija unos criterios claros para la promoción y titulación del alumnado», desoyendo a las CCAA.
• El Ministerio permite no contabilizar los suspensos para promoción o titulación y también permite este curso prolongar un año más el Bachillerato y, en el caso de pasar de 1º a 2º de Bachillerato con suspensos, autoriza «la matrícula en las materias de continuidad del segundo curso aunque no se hayan aprobado las del primero», pero obliga a matricularse de las fallidas para su recuperación.
• Tampoco en los cursos de Formación Profesional se tendrán en cuenta las limitaciones de los suspensos, ni en los de Educación Primaria, y la orden requiere un «informe individual» para los alumnos de 6º que vayan a pasar a la Educación Secundaria «con carácter orientador para ser tenido en cuenta en el curso 2020-21».

• La Plataforma Inclusiva sí, Especial también afirma que el Gobierno quiere «traspasar, en 10 años, a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios». «Esta decisión no ha sido consultada ni con los padres, ni con los profesionales de los colegios», afirma la Plataforma en un comunicado.
• Las familias con niños con discapacidad intelectual, entidades y colegios de Educación Especial, sindicatos, patronales y profesionales de la enseñanza, ya se opusieron a esta norma, con una manifestación masiva en Valladolid.
• Durante las semanas anteriores al estado de alarma solicitaron a la responsable de Educación y Universidades del PSOE, Mariluz Martínez Seijo, la eliminación de la controvertida y polémica disposición adicional cuarta de la Ley. «Si no querían cerrar los colegios de Educación Especial, como venían manifestando públicamente, no tenía ningún sentido dicha disposición». «Sin embargo, el texto que se está tramitando sigue incluyendo la citada Disposición Adicional Cuarta», advierte esta Plataforma.