Las comunidades dan instrucciones para el fin de curso ante la negativa del Ministerio

El Ministerio de Educación no quiere “invadir competencias autonómicas” y, por ello, se ha negado a fijar unos criterios comunes de evaluación, promoción y titulación. Pese a la reclamación de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León, el departamento que dirige Isabel Celaá pide el consenso de todas las comunidades al ambiguo documento presentado en la Conferencia Sectorial y que ya se ha publicado en el BOE, pero no dará criterios comunes para todos. Se remite, eso sí, a la legislación básica del Estado (la Lomce en vigor ) en materia de promoción de curso.

“Los que conocen al alumno, los que tienen competencia para evaluarlo son las Juntas de Evaluación y los equipos docentes”, se ha escudado Celaá, que ha hecho hincapié en que el acuerdo impulsado por el Ministerio y la mayoría de las comunidades trata de “incorporar un paraguas” para “alinear la respuesta a un trauma sanitario que afecta al sistema educativo”.

Según la titular de Educación, no se trata de desigualdades entre las comunidades, porque éstas “conservan las competencias intactas, se trata de decirles: ¡ojo! estamos en una situación de urgencia”.

Sin embargo, es aquí donde muchos expertos educativos y docentes discrepan. En las desigualdades –aun mayores– que creará esta dejación de responsabilidades por parte del Ministerio. “El problema fundamental es que se van a crear desigualdades importantes entre el alumnado dentro de los grupos de clase, entre grupos, entre centros y entre comunidades que apoyen una y otra opción”, ha dicho el profesor Fernando Trujillo en su cuenta de Twitter.

Para la ex secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, esta no solución del Ministerio responde una “interpretación equivocada de la equidad, aquella que implica que todos los alumnos deben obtener resultados parecidos, independientemente de su esfuerzo y de su nivel de rendimiento real. Y otra más nociva para los alumnos: aquella que entiende que la única forma de conseguir resultados equitativos es la que vacía a las evaluaciones y a las titulaciones de valor, otorgando el título a aquellos alumnos que no han alcanzado unos mínimos estándares e impidiendo evaluaciones con un mismo nivel de exigencia”, añade Gomendio.

De parecida opinión es el presidente de ANPE, Nicolás Fernández, quien afirma que “no es admisible que las comunidades que adopten el criterio de promoción semiautomática pasen a todos los alumnos, porque eso tiene consecuencias para el título”.

Con respecto a la repetición, Fernández asegura que “en Infantil y en Primaria no la recomendamos, pero si un alumno de 5º o 6º no tiene fundamentos básicos en Matemáticas o en Lengua, ¿cómo le vamos a pasar al instituto?”, señala.

Instrucciones de las comunidades

En cuanto a las instrucciones concretas dictadas por las comunidades, la Región de Murcia establece que “los centros que decidan avanzar nuevos contenidos podrán evaluar al alumnado, siempre y cuando no suponga un perjuicio en los resultados finales”, de acuerdo, por tanto, con las directrices generales del Ministerio de tener en cuenta sobre todo las dos primeras evaluaciones.

En Extremadura, la titulación de 4º de ESO y 2º de Bachillerato será “la práctica habitual” y, en casos excepcionales, “siempre será una decisión del Claustro”, pero la Administración podrá establecer “una nueva prueba de recuperación”.

Cantabria, por su parte, mantendrá la evaluación del tercer trimestre, además de la evaluación final, pero, según la consejera Marina Lombó, “ningún estudiante se verá perjudicado”, por lo que “todo lo que se realice se tendrá en cuenta solamente para subir la nota final”.

En Navarra, la propuesta de la Consejería es unir el currículo del curso actual con el siguiente, dando continuidad al proceso formativo para posibilitar la corrección de las desigualdades que se están produciendo, a excepción de 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP y los de finalización de enseñanzas artísticas.

En el caso de la Comunidad Valenciana, habrá una “evaluación global que no perjudicará” al alumno y que estará adaptada a la circunstancia actual de formación a distancia.

En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha pedido una “tercera evaluación flexible y con un trato individualizado” para los alumnos. En cuanto a la «promoción y titulación», seguirán «la normativa vigente estatal y de la Comunidad». También fija las fechas de las evaluaciones finales, que deberán estar concluidas antes del 16 de junio en el caso de las ordinarias, y del 26 de junio las extraordinarias. En 2º de Bachillerato, los centros programarán la evaluación final ordinaria antes del 23 de junio, mientras que la prueba extraordinaria tendrá lugar los días 1 y 2 de septiembre.

Otras comunidades que ya han dictado sus instrucciones son Galicia, Castilla y León, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, País Vasco o Andalucía.

• La Unión Sindical de Inspecciones de Educación (USIE) ha pedido “una norma clara y precisa” para la evaluación de final de curso y ha lamentando “la ambigüedad legal” por “falta de liderazgo del Ministerio y el desacuerdo entre las comunidades autónomas”.
• Según este sindicato, el documento del Ministerio ha decepcionado “a gran parte de la comunidad educativa, por su falta de concreción en los aspectos que, precisamente, pueden generar mayor desigualdad: las evaluaciones finales y las condiciones de promoción y titulación”.
• El sindicato reclama “cambios legislativos con carácter excepcional y transitorio para garantizar la igualdad y la equidad”.