Sandra Moneo (PP): “Si el Gobierno quiere pactar la Educación tiene que retirar la Lomloe"

Con ocho legislaturas a sus espaldas, Sandra Moneo es actualmente portavoz adjunta del grupo parlamentario popular y coordinadora del área de Educación. Nos habla de cómo se ve desde la oposición la actual crisis en su vertiente educativa y cómo la está afrontando en Gobierno.

Empezamos estas entrevistas con Mari Luz Martínez Seijo (PSOE) el 3 de marzo y las acabamos con usted. Pero el escenario es tan distinto…
—Nuestra intención es seguir el calendario que nos habíamos marcado. No hemos cambiado nuestra posición respecto a la Lomloe. El Ministerio, el Gobierno, es el que tendría que plantearse si la ley que han aprobado en Consejo de Ministros y ha sido calificada en el Parlamento es la que necesita nuestro país y nuestros alumnos. A nuestro juicio no lo es. Por eso nuestra obligación es presentar una alternativa ambiciosa, que permita avanzar al sistema en el nivel de conocimientos de sus estudiantes, adaptados a las exigencias de un siglo XXI con retos inesperados. No hemos renunciado a la posibilidad de llegar a acuerdos, pero es el Gobierno el que en estos momentos debe asumir la máxima responsabilidad retirando la Lomloe.

¿Por qué no es válida?
— Es una vuelta a la LOE de 2006 y resulta preocupante que casi 14 años después el PSOE no se haya movido ni un milímetro. Los sistemas educativos han evolucionado, con caminos muy claros, algunos muy cerca, como Portugal, que están dando muy buenos resultados. El PSOE está sentado en el inmovilismo. La Lomloe es una ley contra todo el sistema educativo, impermeable a las indicaciones tanto dentro como fuera del Parlamento, que incidirá en la profunda brecha que existe en el sistema educativo, más en estos momentos tan complejos en que los centros están cerrados. Si no se toman las decisiones adecuadas y oportunas la brecha entre unos alumnos y otros, sobre todo de entornos sociales más desfavorecidos, va a ser muy importante y se va a arrastrar en cursos venideros.

Pero con ella se pretende que el 90% de los alumnos titulen al menos en Bachillerato o FPGM.
—Este objetivo es incompatible con la aplicación de la Lomloe, el proyecto del Gobierno. Nuestro sistema necesita una profunda transformación. En un mundo global los alumnos van a tener que competir con alumnos de otros países, y lo que va a buscar el mercado laboral es un desarrollo profesional que dependerá de la eficiencia que se haya aplicado en la Educación, no del falso igualitarismo en que se sigue moviendo la izquierda. Debemos ser más responsables que nunca respecto a las medidas transformadoras analizadas empíricamente que hacen avanzar a los sistemas. El conformismo lleva a profundizar en la brecha entre comunidades que ya se da y entre alumnos y entre nuestros alumnos y los del resto de Europa.

Ustedes tuvieron su oportunidad con la Lomce.
—Nació en un momento muy complicado en que se tuvieron que tomar decisiones muy duras que afectaron al profesorado y al sistema. Fue una ley cuyos objetivos eran compartidos pero con algunas cuestiones no resueltas técnicamente de forma eficaz. Pero el PP abandonó el Gobierno habiendo recuperado la situación profesional y personal del profesorado en relación a las decisiones adoptadas en 2012 y con una OPE encima de la mesa que permitía reducir la interinidad al 8%, con unos presupuestos, los de 2018, aun hoy vigentes, expansivos y que incluían un incremento notable de recursos para el sistema educativo. Y supo abordar el reto más importante entonces del sistema, rebajar la tasa de abandono. El PP heredó del PSOE un 26% y al dejar el Gobierno esta estaba en el 17%. Desde esa fatídica moción de censura el PSOE no ha hecho nada para lograr el 15% que nos marcaba la UE para 2020. Lo único que hemos observado por su parte es un «Hemos llegado al Gobierno. Vamos a derogar la Lomce». ¿Para qué?

Se habla de reeditar los Pactos de la Moncloa. ¿Ve posible ahora el Pacto por la Educación?
—En España el gran pacto de Educación es el que se consiguió con el artículo 27 de la Constitución. El sistema parte de un gran pacto que ha establecido sus bases de funcionamiento durante más de 40 años. Debemos de ser valedores de ese gran pacto de la Transición. Si el Gobierno quiere pactar la Educación tiene que retirar la Lomloe y podemos empezar a trabajar. Nos gustaría llegar a un acuerdo. Si no la retira será muy difícil.

¿Qué pasará si su tramitación sigue adelante?
—Sus socios de Gobierno y parlamentarios, que se sitúan en la izquierda radical del arco parlamentario, aprovecharán para introducir enmiendas que ahonden en la radicalidad de la ley. Pero el Gobierno socialista es el máximo responsable. Tiene la oportunidad de lograr un pacto con la comunidad educativa sensata, experimentada, moderada, con un marco que dé estabilidad, libertad, calidad y equidad al sistema. Si sigue adelante estará conforme con propuestas que nos tememos que ahondarán en aspectos absolutamente ideológicos que en muchos casos implicarán limitar la libertad educativa, cuando en ella y en la pluralidad reside buena parte de la calidad que se pueda lograr en el sistema, y avanzar hacia un modelo único, público y laico, convirtiendo nuestro país en una isla en la que no se garantiza la calidad desde las primeras etapas. Es curioso cómo la izquierda habla de igualitarismo pero, al desarrollar sus políticas, hace que ese igualitarismo perjudique a los más débiles.

Pero si algo les preocupa es la segregación escolar.
—No hay mayor segregación que la que provoca el falso igualitarismo de la izquierda. Lo que están haciendo los países que están adelantando a España es adoptar decisiones que ahondan en la búsqueda de la excelencia, la formación integral de los alumnos, la apertura a nuevos modelos de contenidos y competencias, con un equilibrio entre ellos, y una digitalización compatible con la formación humanística que debe presidir toda Educación.

¿Qué iniciativas tienen previstas con respecto a este curso?
—Vamos a solicitar al Gobierno una evaluación real del impacto del cierre de los colegios en los alumnos. Los estudios determinan que este, durante un tiempo prolongado, tiene efectos negativos en los alumnos que pertenecen a entornos sociales o familiares con más dificultad. No lo podemos permitir y así se lo vamos a trasladar a la ministra. Dentro de las máximas garantías se debería trabajar para que los alumnos puedan volver a los centros. En relación a las becas y ayudas al estudio queremos que en la próxima convocatoria se tengan en cuenta las circunstancias de las familias golpeadas económicamente por la pandemia estos meses.

El Ministerio cifra en un 12% los alumnos descolgados.
—Hemos registrado una pregunta parlamentaria para que la ministra nos aclare cómo ha conseguido esa cifra. De qué datos dispone de los que no disponemos el resto de los grupos para concluir que es solo un 12% el número de alumnos a los que sus profesores no están llegando.

Ante la posibilidad  planteada por algunas asociaciones estudiantiles siguiendo la estela de países como Italia de una promoción casi automática, Sandra Moneo cree que los alumnos con más dificultades para aprobar el curso «retrasarían el fracaso, pero este llegaría». «No se pueden tapar ni esconder las dificultades del sistema, de sus alumnos. Un sistema que aspira a la máxima calidad y equidad debe actuar, pero actuar bien», analiza. Para ella, la posibilidad de un aprobado general no se debería ni contemplar, y tacha su propuesta de «irresponsable». «Supondría un perjuicio para el sistema y especialmente para los alumnos. Se debe confiar en el sistema, en los centros y en los profesores, que son quienes mejor conocen a los alumnos y saben qué alumnos ha alcanzado las competencias que se requieren conforme a su curso y nivel y cuáles no. Que haya un aprobado general no significa que todos los alumnos hayan alcanzado su nivel de conocimientos y competencias», concluye.