El profesorado, contra la vuelta a las aulas durante la 'desescalada'

A partir del 25 de mayo, la fase 2 de la llamada «desescalada» que ha planteado en Gobierno presenta serias dudas para el profesorado. Aunque la asistencia a clase es voluntaria para el alumnado de 4º de ESO, de 2º de Bachillerato, 2º de FP Media y Superior y último año de enseñanzas especiales, no lo es para el profesorado, que deberá acudir a su centro ya desde la fase anterior (la 1) para «el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar», como dice la orden del Gobierno. «Si realmente hay una vuelta de los docentes en la fase 1 –señala el sindicato ANPE– se presenta la dificultad para compaginar la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia ante la falta de medios telemáticos en los centros».

Además, ya en la fase 2, el profesorado deberá acudir al centro para atender a los alumnos de los citados cursos que voluntariamente quieran acudir a clase. En esta fase también se permite la apertura de los centros de Educación Especial. Lo mismo en el caso de los centros de Infantil «para las familias que acrediten que los progenitores tiene que acudir a un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización, siempre con limitación de aforo».

Además, y por si esto fuera poco, el profesorado deberá preparar programas de refuerzo para los demás alumnos que no pertenezcan a los cursos mencionados.

Un problema de ratios

Aparte de la cuestión higiénico-sanitaria, la vuelta a las aulas antes de este fin de curso plantea un problema de ratios, pues el Gobierno ha previsto el desdoble de todos los grupos de alumnos de más de 15 alumnos, pero no cómo se va a desdoblar el profesor para atender a ambos grupos y, al mismo tiempo, seguir atendiendo a los alumnos que siguen en casa.

Un problema que persistirá en el tiempo y se agravará el curso que viene. De hecho, algunas comunidades ya están planteando trabajar por ámbitos el curso que viene.

Desde CSIF Andalucía, por ejemplo, han pedido un «plan preventivo con ratios máximas de 12 alumnos por aula para afrontar el inicio del curso 2020-21». Una demanda no solo sindical, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, también ha reclamado que se acuerden criterios comunes en la próxima Conferencia Sectorial para fijar una ratio máxima que permita mantener la distancia entre alumnos y con el profesor.

En Madrid, donde la presidenta ha pedido la vuelta a las aulas de todos los alumnos al menos 15 días antes de la finalización de este curso, el problema sería aun mayor.

En el caso de la vuelta de los alumnos de Infantil, los profesores han criticado que se dé prioridad a la conciliación sobre cualquier otra consideración educativa de esta etapa. FSIE ha señalado en este sentido que es «preocupante» la decisión de permitir la vuelta a los centros de niños menores de 6 años para conciliar la vida familiar y laboral de los padres que trabajan «sin especificar cómo se va a garantizar su seguridad y la de los trabajadores». «Con alumnado de tan corta edad es imposible mantener la distancia o conseguir que puedan protegerse adecuadamente», añaden

Igualmente, STES valora «muy negativamente estas medidas por los graves interrogantes que plantean tanto desde un punto de vista organizativo como sanitario» y reclaman que se produzcan «contrataciones para que el trabajo presencial en los centros educativos se asuma por parte de nuevos docentes».

• Conciliación de los mayores de 6 años. Según Ceapa, en la norma aprobada por el Gobierno hay una laguna relativa a los niños mayores de 6 años. “No entendemos este punto, ya que el mismo problema para compatibilizar el cuidado con la vuelta al trabajo presencial también lo sufre una familia con hijos mayores de 6 años”, puntualiza la presidenta de esta Confederación de padres, Leticia Cardenal, que insta a «no limitar las medidas de conciliación a la Infantil y pide su ampliación al alumnado de Primaria y primeros cursos de Secundaria, ya que hay casi tres millones de estudiantes de entre 6 y 14 años, una edad a la que no pueden estar solos en casa.
• Delimitar el aforo y porcentaje de ocupación. Por su parte, la Federación de Centros de Educación Infantil (Fenacein) señala en un comunicado que «el acceso a las escuelas debería realizarse en base a delimitar un aforo o porcentaje de ocupación, teniendo en cuenta los metros cuadrados y el número de aulas y de espacios de usos múltiples de cada centro, y no someterlo únicamente a la situación que puedan acreditar los padres respecto a su situación laboral».
• Falta de concreción de las medidas. También los centros concertados han criticado la falta de concreción de las medidas. Escuelas Católicas ha señalado en un comunicado que «caben diferentes interpretaciones, que algunas de ellas son de difícil o imposible cumplimiento, que otras son manifiestamente ilegales, y que no queda claro a quién le corresponde en último término dictar las normas concretas, si al Ministerio o a las diferentes comunidades». Por otro lado, añade que «enturbia la situación el deseo de aprovechar este difícil período para aprobar la nueva ley».

El director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universitat Jaume I de Castelló, Jordi Adell, considera que la actual crisis del coronavirus conllevará cambios sustanciales en la forma de enseñar, con la irrupción –forzada– de las herramientas en línea, y quizá también en la escolarización, que podría dirigirse hacia un modelo híbrido presencial-en línea en el que la mayor parte de los contenidos se estudiarían desde casa.

«Las aulas de nuestros colegios no reúnen las condiciones para garantizar la separación de los alumnos, y bajar las ratios no es sencillo, en absoluto», explica este profesor, convencido de que «las consecuencias de la pandemia se harán patentes también el próximo curso». «No parece una buena idea un desconfinamiento sin distancia física entre niños», ha señalado.