La ministra reconoce que no hay nada seguro sobre la vuelta a clase en septiembre
La ministra de Educación en la Comisión parlamentaria del pasado jueves.
Lo ha dicho durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre la actuación de su Departamento durante la crisis del coronavirus, en una Comisión de Educación donde se han vivido varios momentos de tensión dialéctica, principalmente entre los portavoces de PP, Unidas Podemos y PSOE. Celaá ha recordado que se ha formado un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial con las comunidades para que antes de las vacaciones haya un plan para la vuelta a clase el próximo curso, pero ha reconocido que se debe comprobar cómo evoluciona el virus este verano y tener en cuenta todas las variables.
La ministra ha recordado que es Sanidad quien dicta las pautas sanitarias y no ellos, por lo que también será el departamento de Salvador Illa el que decida si se deben hacer test a los docentes y alumnos antes de poder regresar a clase. Además, ha especificado que se pretende que, si los grupos por clase son de más de 15 alumnos, se fraccionen para responder a las condiciones marcadas de distancia social de dos metros. Para ello, ha instado a que se aprovechen «todos los espacios físicos de los centros», como bibliotecas, gimnasios o salones de actos, una afirmación criticada por la comunidad educativa, pues esos espacios, caso de que existan, ya tienen un uso educativo en la actualidad.
Será el departamento de Salvador Illa el que decida si se deben hacer test a los docentes y alumnos antes de poder regresar a clase
Otro tema abordado ha sido el de si va a haber aprobado general este curso. La ministra ha negado que haya «barra libre»: serán los profesionales educativos, y la Junta de Evaluación, los que decidan si un alumno con algún suspenso puede pasar de curso y, en su caso, logra la titulación en una etapa educativa. «No se puede hacer otra cosa», ha enfatizado, que ha recalcado que en otros países por la Covid-19 sí se ha establecido el aprobado general.
Por otra parte, la ministra no ha renunciado a que siga su curso parlamentario –está en fase de presentación de enmiendas parciales– la Lomloe, a pesar de las críticas de Ciudadanos, cuya portavoz, Marta Martín, le ha dicho que «no es el momento».
Los grupos nacionalistas (ERC, Bildu o PNV) han acusado al Gobierno de utilizar el estado de alarma para invadir competencias, y Celaá ha recordado que las comunidades «son autónomas, pero no independientes». «El Ministerio sigue el modelo vigente, que no es otro que el constitucional, sin ninguna nostalgia de estados unitarios de muy triste recuerdo en este país», ha asegurado.
Los grupos nacionalistas (ERC, Bildu o PNV) han acusado al Gobierno de utilizar el estado de alarma para invadir competencias
El representante del PP, Óscar Clavell, ha manifestado que Celaá «ha renunciado a liderar cualquier iniciativa» y ha criticado que no se haya «consensuado nada con la comunidad educativa para la desescalada». A juicio de Clavell, «no existe ningún protocolo firme ni criterios homogéneos» sobre el fin del curso actual y el inicio del próximo en septiembre y ha reprochado a la ministra que haya anunciado el aumento de cuantía destinada a becas sin los presupuestos aprobados.
Marta Martín (Ciudadanos) ha criticado muchas de las medidas adoptadas sobre el fin de curso escolar, con especial mención a que se priorice la promoción sin tener en cuenta las materias no aprobadas. «Están retorciendo la normativa y van a meter en problemas jurídicos a centros, alumnos y familias», ha advertido.
Joaquín Robles (Vox) ha lamentado que Celaá mire «para otro lado» mientras cada comunidad «va por su cuenta», y ha acusado al Ejecutivo de concebir la «Educación como un medio para adoctrinar».