Lomloe: Una ley más, una oportunidad menos

En mitad de una pandemia…

La mayor, y casi la única, de nuestras preocupaciones en estos momentos es la situación sanitaria provocada por el Covid-19; el dolor insoportable por cuántas vidas se han ido y en la soledad de ni siquiera estar asidos a una mano amiga, la tristeza de no haber podido acompañar a los familiares en una despedida cálida, la lastimosa situación de enfermos hacinados o directamente desahuciados por falta de medios, el abandono al que hemos visto sometidos a algunos mayores aislados en el encierro de sus domicilios o en algunas residencias convertidas en focos mortales, la lucha desigual de unos sanitarios sin la suficiente protección, erigidos no solo en héroes sino, innecesariamente, en mártires… y a todo ello habremos de unir las consecuencias económicas que ni siquiera somos capaces, o tenemos el atrevimiento, de vislumbrar.

Esto nos arrasa como ciudadanos, como sociedad, y uno se pregunta ¿hasta qué punto no cabe que haya nada más que esto en la mente de los gobernantes, que deben cargar con el peso y la responsabilidad de la toma de decisiones?

Por eso resulta sorprendente (¿o quizás es incomprensible? ¿o tal vez inadmisible e indignante?), que el Gobierno pretenda seguir ahora con la tramitación parlamentaria de su Lomloe.

En los últimos tiempos ha sido un clamor social unánime, reconocido en programas electorales y debates, la necesidad de una ley educativa que, respondiendo al consenso, a un Pacto de Estado, diera estabilidad.

Pero este Gobierno, lejos de buscar el consenso, lo que garantiza es una ley educativa sin diálogo, sin debate, ni en el Congreso, ni en la calle, y lo hace siendo además un Gobierno débil, con una minoría parlamentaria pírrica. No nos engañemos, este Gobierno no buscará un acuerdo, porque su propuesta de ley, su Lomloe, no lo admite, porque su proposición es nuevamente una ley partidista y netamente ideológica. Es una vuelta revanchista, casi sin más, cerca de quince años después, a su fracasada LOE, que ya nos llevara a los más bajos niveles en los indicadores internacionales. Y además la quiere aprobada ya, al inicio de su legislatura, para garantizar su imposición y dificultar un desmantelamiento posterior.

La Lomloe vuelve a suponer serias amenazas y vuelve a ensañarse con la libertad de enseñanza. Pero, francamente, esto no es nada inesperado, porque el intervencionismo siempre es contrario a la libertad y este Gobierno, de intervencionismo, parece entender bastante.

Así, en una relación de agravios tan extensa como dañina, la Lomloe pretende: eliminar la demanda social como aspecto a tener en cuenta en la programación de puesto escolares, dando un paso más hacia la planificación unilateral de la Administración; inventarse un “derecho a la Educación pública”, frente al único reconocido y constitucional derecho a la Educación, que cabe garantizar en cualquier plaza de centros sostenidos con fondos públicos, es decir, también en concertados; postergar, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación; imponer una nueva asignatura de Educación en valores cívicos y éticos, como si de una Educación para la Ciudadanía rediviva se tratara, tan cuestionada por su uso como instrumento de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados; atacar, y esto es claramente obsesivo, a la Educación diferenciada, que es solo una opción pedagógica, que nadie está obligado a elegir; insistir en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, resaltándolos como si se tratara de derechos frente al poder de decisión de los padres, en lugar de considerar, que son los padres, con sus decisiones, quienes garantizan estos, incluso frente a la intromisión del Estado; posibilitar la distribución del alumnado por la Administración para evitar la segregación educativa, que supone que la desventaja social, educativa o económica del menor puede ser causa para impedir su libertad de elección, en lugar de garantizar, con mayor puntuación, que precisamente estos alumnos sean los que puedan elegir preferentemente el que crean el mejor centro y que la Administración asuma ese mayor gasto de ese puesto escolar, sin diferenciar por la titularidad del mismo; insistir en la falta de autonomía de los centros; cuestionar la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial…

La libertad de enseñanza debería ser defendida sin tregua por todos los ciudadanos sin excepción, incluso por aquellos que no necesitan para sus hijos más oferta educativa ni más ideario que el único que promueve esta tendencia política, que nos encamina hacia la escuela pública única. Como en aquella frase que le atribuyen erróneamente a Voltaire, pero que procede de su biógrafa Evelyn Beatrice Hall: “No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo”.

La Lomloe… una ley más, una oportunidad menos.