Un error

La crisis del Covid-19 trae consigo consecuencias que van a tener un impacto duradero, mucho más allá de la superación de la pandemia. Entre ellas está la forma de curar la herida que esta catástrofe ha producido en el funcionamiento del sistema educativo y sobre todo la forma de reacondicionar ese sistema para que pueda responder en el futuro a posibles emergencias similares, cuyo riesgo, por no hablar de certeza, no podemos ignorar.

En ese cuadro, resulta difícilmente comprensible el empeño mostrado por el Gobierno en acelerar la tramitación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, Lomloe según el acrónimo que evita el esguince de lengua que provocaría recitar el nombre completo, en pleno estado de alarma y con la actividad legislativa (y de control) de las cámaras reducida a su mínima expresión.

Para que no se me malinterprete: creo que hoy es necesaria alguna reforma de la Lomce. En primer lugar, porque ha pasado suficiente tiempo desde su aprobación, por más que la ley se haya puesto en vigor al ralentí o en modo Jardiel Poncela, es decir, con freno y marcha atrás, y hay cosas en ella que es perfectamente razonable pensar que son mejorables.

Nunca he entendido esa especie de principio sacrosanto según el cual las leyes educativas no se deben cambiar. Si todo cambia en el entorno ¿por qué las leyes educativas debieran ser inmutables? Una cosa es la estabilidad necesaria de la arquitectura básica y la necesaria coherencia de los itinerarios educativos, que no deben cambiar apresuradamente y que en todo caso requieren de flexibilidad en los cambios para no provocar disrupciones a los estudiantes a lo largo de su iter educativo, y otra cosa es que no se puedan cambiar aspectos instrumentales, procesales o sustantivos en el sistema para responder a los cambios en el entorno.

Y precisamente por esto, en este justo momento, me parece razonable e incluso conveniente que se aborde una reforma de la LOE (entre paréntesis: es la LOE, parcialmente modificada por la Lomce, lo que se va a reformar, justamente porque la Lomce, a diferencia de lo que hizo el Gobierno socialista en 2004, no derogó la ley entonces vigente, sino que la modificó parcialmente).

Pero lo que no se entiende es el cambio que se pretende conseguir a través de la Lomloe que, lisa y llanamente, no supone otra cosa que el regreso a la casilla de salida de la LOE primigenia de 2006, eliminando aquellos elementos introducidos por la Lomce, incluidos todos los que han producido resultados objetivamente positivos, como demuestro, con base a evidencia independiente y contrastada, en un reciente libro (La Educación en España. Asignatura Pendiente, Almuzara, 2019).

Pero no es solo eso, ni eso es lo principal. Lo principal tiene que ver con la oportunidad política y con la oportunidad económica y social.

Desde el primer punto de vista, si se afirma desde el Gobierno la voluntad de abordar el futuro bajo el proclamado deseo de unidad y acuerdo nacional para la reconstrucción no puede entenderse que se excluya de ese debate asunto tan principal –y decisivo a la hora de sentar las bases de la reconstrucción– como el sistema educativo. El Gobierno es plenamente consciente de que el Proyecto que magnis itineribus ha hecho llegar al Congreso no cuenta con el respaldo de las fuerzas parlamentarias de la oposición y tampoco está del todo claro que sea del gusto de una parte de las que apoyaron (activa o pasivamente) la investidura de Pedro Sánchez. No ignora tampoco el Ejecutivo que sectores importantes de la comunidad educativa disienten, en algunos casos de manera frontal, del enfoque adoptado en ese proyecto.

Y tampoco se puede presumir que el Gobierno ignore que una iniciativa unilateral como esta entorpece sobremanera y resta credibilidad a la viabilidad de un pacto de reconstrucción como el que propone. Enviar este proyecto sin ningún género de debate y discusión previos con la oposición, podría incluso considerarse un intento de torpedear ese diálogo. Cuando se debatió la Lomce, a la que se acusó de unilateralidad, propiciamos un debate pre-legislativo muy intenso, que incluyó, en el período de información pública, un diálogo con los docentes que aportaron más de 30.000 sugerencias, buena parte de las cuales encontraron acogida en la propia ley. Sin duda nos hubiera gustado concitar un mayor consenso político en torno a la norma, pero honestamente debo decir que no encontramos la menor receptividad al mismo en los partidos de la oposición.

Pero también esta iniciativa es errónea –y aquí el error tiene incluso más consecuencias que en el plano político– desde el punto de vista económico y social. Y ello por lo que al principio apunto. Precisamente la aparición en el escenario del Covid-19 obliga a repensar no pocos aspectos del sistema educativo en un sentido que ni remotamente aborda el Proyecto del Gobierno.

La disrupción que esta emergencia ha provocado en el curso 2019-20, en todas sus etapas, tras la suspensión de las actividades lectivas y prácticas presenciales a mediados de marzo, tiene sin duda efectos gravosos sobre los aprendizajes y ha forzado soluciones de emergencia, a mi juicio, poco afortunadas e incluso claramente ilegales en algunos aspectos. Pero más allá de esos efectos directos de carácter puntual, esta crisis revela la necesidad de acomodar el sistema educativo a eventualidades del tipo de la que estamos sufriendo. La necesidad de articular en el instrumento legislativo básico, en la Ley de Educación, esa respuesta parece incuestionable. Y no es menos incuestionable que la conceptualización y la traslación normativa de esa respuesta requiere un proceso de reflexión y de diálogo profundo que en absoluto ha tenido lugar a la hora de redactar el Proyecto de la Lomloe.

Cuestiones como el equilibrio entre lo presencial y lo online, la brecha tecnológica y su reflejo en la equidad del sistema, el impacto sobre los sistemas de evaluación, tanto formativos como sumatorios, las adaptaciones de las infraestructuras físicas a las exigencias de distancia social (que pueden suponer inversiones cuantiosas especialmente en los ámbitos metropolitanos) y los cambios que todo ello reclama en los procesos de formación inicial, formación pre-servicio y formación permanente de los docentes son apenas una muestra de la variedad de formas y ámbitos en la que lo que está pasando –y lo que puede pasar de nuevo– interpela al sistema educativo y por ende reclama una respuesta del mismo con su correspondiente reflejo normativo. Hacer como si nada hubiera pasado entre febrero de 2019 (que es cuando, a pesar de que ya se sabía que no iba a ser tramitado, el Gobierno aprueba un proyecto sustancialmente idéntico al que ahora está en el Congreso) y abril de 2020 es, en mi opinión, cerrar los ojos a la realidad.

Stefan Zweig, en su fascinante biografía de Fouché (Fouché. Retrato de un hombre político, El Acantilado, p. 149) pone en boca del biografiado el comentario que supuestamente realizó cuando Napoleón decidió apresar en territorio alemán y fusilar al duque de Enghien, falsamente acusado de una intriga contra él: “Fue peor que un crimen, fue un error”. En esta precipitación del Gobierno no ha corrido la sangre, ciertamente, pero el error puede tener consecuencias muy graves para nuestra Educación. Aún se está –está el Gobierno– a tiempo para remediarlo.