Curso 2020-21: De ratios crecientes, distancias menguantes y grupos burbuja

La vuelta a las aulas será en septiembre el próximo curso, en el que se aspira a que la actividad en los centros sea presencial toda la jornada. Hasta aquí el acuerdo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las 17 comunidades autónomas.

El cómo hacerlo se plasmó en un borrador de Educación y Sanidad que trascendió la víspera de la última Conferencia Sectorial. Hablaba, entre otros, de grupos de convivencia estables hasta 4º de Primaria (incluido) de 15 o 20 alumnos que no tendrían que mantener distancia ni llevar mascarilla, obligatoria desde 5º si no se pudiera mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros.

Al día siguiente, el borrador seguía siendo un borrador que se enriquecería con las aportaciones de las comunidades y el Ministerio vendía a cambio un acuerdo con 14 puntos genéricos con los que es difícil no comulgar. Sin embargo, la Comunidad de Madrid y el País Vasco no lo suscribieron. Madrid, porque sostiene que solo si las razones sanitarias obligan se debe plantear un curso diferente. El País Vasco, porque ve amenazadas sus competencias. Cataluña se queda a medias. «No se trata de acatar o no. El Departament coincide con buena parte del documento, pero quiere dejar claro que no es de obligado cumplimiento. Si lo fuera, se opondría por cuestión de competencias. Si son orientaciones, estamos de acuerdo», explican.

La ministra, Isabel Celaá, por su parte, se vio obligada a remarcar al inicio de su comparecencia tras la Sectorial que las competencias son de las comunidades y que el papel del Ministerio es propiciar marcos generales. También se incluyeron enmiendas en los puntos 6 y 7 del acuerdo para insistir en esta línea.

Para explicar que hasta 4º de Primaria no se hable de ratios sino de grupos convivenciales o grupos burbuja con un único adulto de referencia, o a lo sumo dos, requirió el apoyo del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana. Pero a los sindicatos no les convenció la explicación. Ellos querían que se hablara a las claras de ratios y no que se recurriera a conceptos importados. Están cansados, dicen, de vaivenes y de incertidumbres y critican la «demostración de inoperancia» a la que, según Mario Gutiérrez, de CSIF, hemos asistido estos tres meses.

Gutiérrez se refiere a que en un mismo documento, el borrador de Sanidad y Educación, se hable de que el Covid-19 puede transmitirse hasta a dos metros y luego se fije la distancia de seguridad en 1,5, que es, por otra parte, la que figura en el decreto de 2010 que marca las condiciones mínimas en las aulas. De esta forma, el RD 21/2020, publicado la semana pasada en el BOE, no modificaría nada en las aulas, ya que esta distancia ya está contemplada. «Para 25 niños en Primaria basta con aulas de 40 o 45 metros cuadrados como las actuales si los colocas en diagonal, pero si la distancia es de dos metros necesitas aulas de 55 a 60 metros cuadrados y no llegas», explica Gutiérrez.

Aun así, hay comunidades que han pedido que esos 1,5 metros (antes 2) pasen a ser 1. La Comunidad de Madrid fue la primera en criticar esta exigencia, pero en la Conferencia de Presidentes del pasado domingo otras como Andalucía, Galicia, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha o Baleares se sumaron.

Tampoco ven bien el límite de 15 a 20 niños hasta 4º de Primaria. Por ejemplo, la conselleira Carmen Pomar se mostró partidaria de no «romper los grupos de referencia establecidos en el aula». La ministra Celaá, que empezó hablando de grupos de 15 niños, terminó reconociendo en una entrevista en la Cadena Ser que las autoridades podrían flexibilizar esa cifra hasta 23, 24 o 25 alumnos por grupo, esto es, la ratio establecida.

Gutiérrez considera que «una burbuja es inviable en un centro» y se muestra muy crítico: «Quiero recordar que hemos pasado de plantear una Educación mixta presencial-online a 15 alumnos por clase y a clase en los gimnasios para terminar volviendo a clase como si nada hubiera pasado, más allá de adornos absurdos».

También desde STEs José Ramón Merino expone: «La ratio es una cuestión fundamental y nos llena de preocupación que la ministra vaya cambiando su discurso y no establezca en la práctica ningún límite». Merino cree que para plantearlo debería aumentarse la cantidad aportada por el Ministerio más allá de los 2.000 millones de euros, «la mitad de lo destinado a salvar el sector automovilístico», y que las comunidades también deberían poner de su parte.

Nicolás Fernández Guisado, de ANPE, valora que el plan de digitalización anunciado tenga una inversión aparte de esos 2.000 millones, que ve como «una partida interesante para reforzar plantillas donde sea necesario». Pero, como el resto de representantes sindicales, pide no enterarse de estos detalles por la prensa sino en mesas de negociación, «con certezas y un protocolo claro para volver a las aulas en septiembre». «Creíamos que se iba a consensuar en la Sectorial y vemos con estupor que no ha sido posible», concluye.

Según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la función de la ministra Isabel Celaá es que el plan para la vuelta a las aulas en un sitio no sea «completamente diferente» a otro. Pese a que estos tres meses ha habido una Conferencia Sectorial al mes la indefinición ha sido la tónica general salvo en el caso de la EBAU.

• EBAU aplazada. En la Sectorial del 25 de marzo se acordó aplazar la EBAU. Se va a celebrar del 22 de junio al 10 de julio y el modelo se ha flexibilizado para que ningún estudiante se vea perjudicado.
• Promoción y titulación. En la Sectorial del 15 de abril el Ministerio presenta su marco para este curso. Quiere que la promoción sea la norma. Por ello no se tendrá en cuenta el número de suspensos  para promocionar y titular, salvo en Andalucía, Murcia, Castilla y León, el País Vasco y Cataluña, que no suscriben ese marco.
• Desescalada. En la Sectorial del 14 de mayo se empieza a hablar de septiembre. Se crea un grupo de trabajo y se definen tres posibles escenarios el próximo curso.
• Inicio de curso 2020-21. La última Sectorial, celebrada telemáticamente, como todas las anteriores, el 11 de junio, fija que cada centro debe tener un plan de inicio de curso y de contingencia y una persona responsable de referencia de Covid-19.