Madrid y País Vasco, contrarios a las medidas del Ministerio para la vuelta a clase en septiembre
La ministra, el secretario de Estado y la directora general de FP en la Sectorial de esta mañana. MEFP
DOCUMENTO: Propuesta acuerdo CSE 11062020 (PDF)
Así lo ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial que ha mantenido este jueves por videoconferencia con los responsables de Educación de las distintas comunidades autónomas para organizar el próximo curso. Se trata de un documento muy genérico de 14 puntos que establece el número de jornadas lectivas que habrá que cumplir (175) el próximo curso, que comenzará el mes de septiembre, y que seguirá unas pautas temporales similares a otros cursos académicos, «adaptando su aplicación a los distintos centros y a las circunstancias concretas que puedan producirse en los mismos».
Según Celaá, el documento establece que la enseñanza presencial se aplicará «como principio general durante todo el curso» y que los centros adaptarán en todas las etapas sus programación didáctica en el marco de lo que establezcan las comunidades para recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados.
La ministra ha explicado que durante la reunión ha habido consenso mayoritario entre las comunidades «sobre los 14 puntos del acuerdo», aunque se han adaptado «un par de aportaciones de enmiendas adicionales» a tres puntos «para lograr una mejor comprensión». Se trata del punto 6 que, en su origen, establecía que «en el inicio y desarrollo del curso 2020-21, las administraciones seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias»; al texto se le ha añadido los términos «estatales y autonómicas respetando lo dispuesto en el Real Decreto Ley vigente 21/2020 del 9 de junio, así como la distribución competencial existente».
Los mismos términos han sido adjuntados al punto 7, que señala que las administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de protección de riesgo laborales, «en el marco de las autoridades sanitarias antes mencionado». Además, en el punto 9, que se refiere al plan de inicio de curso con el que tienen que contar los centros educativos, se ha precisado que este se debe adaptar a las condiciones de la nueva normalidad, en cuanto a horarios y espacios, según lo que «determinen las administraciones educativas».
La ministra ha explicado que durante la reunión ha habido consenso mayoritario entre las comunidades "sobre los 14 puntos del acuerdo", aunque se han adaptado "un par de aportaciones de enmiendas adicionales" a tres puntos "para lograr una mejor comprensión"
El escenario que podría darse en el caso de que se dieran rebrotes de la pandemia requiere de la capacidad de hacer frente a circunstancias imprevistas, lo que exigirá un refuerzo del trabajo de colaboración y coordinación en los centros, liderado por sus equipos directivos. En este sentido, los responsables educativos deberán elaborar los protocolos de actuación necesarios que garanticen el cumplimiento de las instrucciones que establezcan las autoridades sanitarias, en relación con las medidas de higiene, limpieza y control sanitario que deban aplicarse, las distancias de seguridad que deban mantenerse entre las personas y la distribución de horarios y espacios que permitan evitar contactos masivos, con el fin de que el funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad.
La Conferencia ha acordado que los centros adapten, en todas las etapas y enseñanzas, las programaciones didácticas de las diversas áreas, materias, ámbitos o módulos para el curso 2020-21
Asimismo, las administraciones educativas elaborarán los planes de contingencia necesarios para que los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2020-21 así como también las medidas necesarias para reducir la brecha tecnológica y minimizar sus posibles consecuencias negativas entre el alumnado. Para ello, tanto el Ministerio como las comunidades colaborarán para el desarrollo y la oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital.
La Comunidad de Madrid ha votado en contra de la propuesta de acuerdo del Ministerio porque "no resuelve los graves problemas" de espacios y de profesorado que tendrán los centros
La Comunidad de Madrid ha votado en contra de la propuesta de acuerdo del Ministerio porque «no resuelve los graves problemas» de espacios y de profesorado que tendrán los centros, y además considera que la cifra máxima de 20 alumnos por aula «es letal para una vuelta normal» al curso 2020-21. Asimismo, Madrid ha tildado de «insuficiente» el fondo de 2.000 millones de euros fijado por el Gobierno porque «solo se ha presupuestado para el último trimestre de 2020» y deberían ampliarse para todo el curso que viene.
Así lo ha manifestado el consejero de Educación, Enrique Ossorio, que ha defendido que el nuevo curso debería enfocarse con “la mayor normalidad posible”, aunque “las administraciones educativas deberían tener planes de contingencia en función de la evolución de la epidemia”.
La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha argumentado que su Departamento ya está abordando acciones para el inicio del próximo curso en el "uso" de sus "competencias"
La consejera vasca, Cristina Uriarte, ha argumentado que su Departamento ya está abordando acciones en el «uso» de sus «competencias», de ahí que estime que no debe ser objeto de esta Conferencia Sectorial el acordar el desarrollo de una actividad sobre la que tienen potestad. Uriarte ha explicado que el Ministerio ha presentado dos documentos: un borrador con una serie de medidas de higiene y de salud, y un documento de acuerdos educativos.
La consejera ha añadido que desde su Consejería «llevan tiempo trabajando en cómo planificar y organizar el inicio del curso que viene» con la comunidad educativa y que en breve espera poder comunicar las resoluciones a los centros para que cada uno pueda abordar la planificación del curso que viene.