Conciertos y concertinas

Este artículo consta de dos partes: la primera explica que el hipotético incumplimiento por parte del Estado del artículo 27.3 de la Constitución («Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones») no sería por defecto sino por exceso (al colisionar con otros derechos). La segunda parte revisa críticamente las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza concertada en nuestro país.

-I-

Algunas observaciones preliminares acerca del artículo 27.3:

1. Este artículo —como el 35 (derecho al trabajo) o el 47 (derecho a disfrutar de una vivienda digna)— es una norma programática, es decir, se limita a orientar sin llegar a ser imperativa (por eso su incumplimiento no se puede denunciar en los tribunales).
2. El derecho a elegir no implica la subvención de esa elección. Tengo derecho a la libre circulación, pero no a que el Estado me pague el AVE o los aviones de Iberia que quiera tomar.
3. No se trata de un derecho absoluto: no hay derecho, por ejemplo, a elegir para los hijos enseñanzas racistas, antidemocráticas o terraplanistas.
4. Lesiona el derecho de los hijos a no ser prolongación de sus padres. La continuidad educativa total, en lo relativo a dogmas y creencias, entre el ámbito familiar y el civil, priva al alumno del contacto con la pluralidad de maneras de interpretar la realidad, que es clave para construir su singularidad y para fundamentar una convivencia democrática.
5. Atenta contra el principio de igualdad: un barrio con una escuela pública y otra concertada católica ofrece el doble de posibilidades de elección a las familias que profesan esta religión.

El Estado cumpliría de sobra con el artículo constitucional incluso si decidiera suprimir la enseñanza concertada, pues: a) queda la opción de la enseñanza privada; b) concede ayudas (IRPF y exenciones fiscales varias: la concertada no paga IVA y, si es religiosa, tampoco IBI) que, indirectamente, subvencionan cualquier catequesis religioso-moral; c) paga a los docentes que elige la Conferencia Episcopal —o el organismo que corresponda en otras confesiones— para impartir sus doctrinas.

En realidad, el Estado no solo cumple con el precepto constitucional sino que lo hace de una manera excesiva e injusta. La asignatura de religión es la única que ostenta el privilegio de estar presente en todos los cursos del sistema educativo: desde el primer curso de Enseñanza Infantil hasta el último curso de Bachillerato (por tanto, antes y después del tramo obligatorio de enseñanza). Por otro lado, su presencia en el horario escolar genera un perjuicio para los alumnos que no la cursen, pues la alternativa no puede ser hora libre, ni actividad lúdica, ni versar sobre contenidos académicos (la LOMCE añade la condición de ser evaluable al mismo nivel que las demás).

Pretender, además, que los padres tienen derecho a que el Estado les sufrague una instrucción global con perspectiva de dogma (¿Matemáticas católicas?, ¿Filosofía según la fe islámica?, ¿Biología al modo de los Testigos de Jehová?…) no encuentra acomodo ni en la Constitución ni en el sentido común. Por eso no nos puede extrañar la escasa presencia de este tipo de enseñanza en los países de nuestro entorno (y allí donde existe, se desarrolla con reglas muy distintas). España, por cierto, es el segundo país con más alumnos en colegios concertados y privados (solo detrás de Bélgica).

-II-

Digámoslo sin rodeos: la enseñanza concertada constituye un poderoso ariete contra la escuela pública. En consecuencia, subvencionar aquella equivale a financiar la demolición de esta. Luego serán los matices, ahora expliquemos qué justifica una afirmación de este tenor.

1) Se suele olvidar que, antes de las grandes leyes socialistas, la enseñanza verdaderamente prestigiosa y solicitada era la pública (sobre todo en las Enseñanzas Medias). El panorama viró 180º con la combinación de dos novedades: el establecimiento del régimen de conciertos (LODE) y la comprensividad (LOGSE). Según esta última, todos los alumnos, con independencia de su nivel académico, quedaban escolarizados en el mismo curso hasta la edad tardía de 16 años. Esto provocaba inevitablemente un descenso de la calidad educativa, en relación directamente proporcional al porcentaje de alumnos con bajo nivel académico o escaso deseo de aprender. Como los entornos menos pudientes son también los más endebles culturalmente, la medida provocó de inmediato efectos clasistas. En muy pocos años, Institutos de extrarradio que habían tenido un excelente rendimiento, quedaron irremediablemente hundidos; o, si prefieren, reconvertidos en una suerte de guardería asistencial que, en el mejor de los casos, adiestra para producir una fuerza laboral de baja cualificación.

2) Este contexto favoreció extraordinariamente a los colegios religiosos, cuya supervivencia en los años 80 estaba severamente comprometida. La razón de su alza es muy sencilla: en cualquier sistema donde se pone en marcha una degradación por la presencia de elementos disruptores, la capacidad para cribarlos supone una invencible baza ganadora. Se instaló así una dinámica de concentración de los alumnos más motivados académicamente en los concertados y exactamente lo contrario en la pública. Es una dinámica que se retroalimenta con fuerza: no es raro que, a partir de cierta asimetría y para huir del gheto, el padre más ateo y anticlerical termine matriculando a su hijo en la concertada. Igual que, si tuviera una enfermedad que no se pudiera tratar en los hospitales públicos, lo llevaría a la mejor clínica aunque fuera del Opus Dei.

3) La elección de la enseñanza concertada no se basa en una cuestión de creencia religiosa o estilo de enseñanza, sino de simple selección social. Vayan un domingo a la salida de cualquier parroquia y tendrán una medida bastante exacta de la demanda real que existe de adoctrinamiento religioso. De hecho, una de las prácticas utilizadas para conseguir los puntos por familia monoparental es la del divorcio (que, ya saben, no es reconocido por la Iglesia católica).

4) Los padres tampoco eligen los colegios concertados porque piensen que en ellos se imparte una mejor docencia. Los docentes suelen ser peores, no solo porque no han pasado el tamiz de calidad de las oposiciones, cobren menos y den más horas de clase, sino porque es habitual que impartan materias de las que no son especialistas. Lo verdaderamente relevante en la elección paternal es la búsqueda de compañeros para sus hijos con aptitudes y actitudes académicas. Y es muy razonable: a partir de cierta edad, el grupo empieza a tener una importancia determinante en los gustos y las conductas del adolescente.

5) Se podrá objetar que el mismo baremo se aplica a la enseñanza concertada y a la pública. Y es verdad. Hasta hace unos años el proceso era bastante opaco, pero últimamente los padres se han ocupado de fiscalizarlo, incluso contratando a detectives privados. No obstante, perviven diversas maneras de mantener el espíritu selectivo, verdadera razón de ser de la concertada (dejamos intencionadamente a un lado aquellos procedimientos que transcurren al margen de la ley):

a) La selección suele empezar con la ubicación: la gran mayoría se hallan en barrios residenciales de nivel socioeconómico entre medio y alto.

b) Los colegios suelen ofertar líneas no concertadas de enseñanza infantil bastante costosas (no las puede pagar todo el mundo), que permiten el ingreso en el centro sin pasar por ningún baremo.

c) El ideario católico de la mayoría de estos centros excluye a priori el colectivo de inmigrantes magrebíes, que no es precisamente el más disciplinado ni interesado.

d) Existen filtros eficaces que evitan el desembarco de «familias inadecuadas»:

i) El uniforme (que incluye ropa de abrigo, de deporte, etc.) suele ser bastante caro.

ii) Las actividades extraescolares (visitas culturales, viajes fin de curso, fotos y vídeos de primera comunión…) son igualmente onerosas. Siempre queda la opción de no participar en ellas, pero reconocerán que quedar `distinguido´ en el grupo como pobre no es la mejor situación para un niño.

iii) And last but not least, el pago de matrículas. Como están prohibidas por ley se presentan como ‘donación’, pero son obligatorias, mensuales y nada baratas.

6) Conviene precisar que la enseñanza concertada dista de ser un bloque homogéneo. Hay colegios que no son religiosos, incluso los hay de inspiración progresista. Los católicos suponen la inmensa mayoría (70% respecto del total), pero dentro de ellos se abre un amplio espectro cuya coloración varía según el sector socioeconómico al que se dirige (también hay, muy excepcionalmente, colegios religiosos en barriadas marginales). En función de ello, oscilará el precio de matrícula, extraescolares y uniforme (la matrícula más baja supone 60 € al mes y la más cara corresponde al colegio Saint Paul’s School, en Barcelona: 850 € mensuales). Pero en todos los casos el dinero público sirve para pagar un porcentaje —un descuento sufragado por todos— de una plaza escolar cuyo sentido es segregar. De esta forma, sus usuarios obtienen un servicio exclusivo a un precio inferior y la empresa incrementa clientela y ganancias por encima de sus posibilidades de mercado.

7) Más allá de esta financiación pública injustificada (solo rinde beneficios privados), la relación entre enseñanza pública y concertada a) se plantea a partir de una competencia desleal; b) es un juego de suma a cero: lo que una gana, la otra lo pierde; c) se trata de una relación parasitaria: el éxito de la concertada vive del fracaso de la escuela pública. Como decíamos arriba, se plantea una combinación letal de dos elementos aparentemente opuestos: mientras que la comprensividad unifica lo que es en sí diverso, el concierto diversifica lo que es en sí único. El resultado es la sustitución de la selección académica por la selección social. Y esto, en términos democráticos, es gravísimo. Por eso no puede extrañarnos que en las poblaciones donde no existe concertada, la pública funciona mucho mejor, al no existir fuga de sus mejores alumnos. Ni que los lugares con mayor proporción de enseñanza concertada sean Barcelona, País Vasco, Navarra, Madrid y La Rioja.

8) Nuestro sistema educativo, a partir de la LOGSE, funciona muy mal. Tan mal que hubiera sido derogado a los pocos años de no ser por el factor de estabilidad que proporciona la fuga subvencionada a los conciertos. Son pateras de lujo, pues sus beneficiarios son aquellos sectores que tienen capital humano e influencia social. De esta manera: a) el malestar nunca se generaliza y, sobre todo, nunca llega al sector más dinámico de la sociedad; b) se genera una neutralización de toda iniciativa crítica por el hecho de que tus hijos estudien en ese tipo de enseñanza (neutralización que alcanza no solo a periodistas, a políticos y agentes sociales sino también a los profesores de la pública y a sus sindicatos). Por si fuera poco, el modelo facilita alianzas estratégicas con otros intereses —muy claramente, los nacionalistas—, y así el nivel de blindaje que alcanza es prácticamente inexpugnable.

9) De la mano de la concertada, se abre un negocio tan vasto como ilícito:

a) Muchos de los colegios religiosos tienen editorial propia. Como cabía esperar, en todoslos grupos de todos los cursos tienen como libros de texto los de «producción casera» (una derogación de facto de la libertad de cátedra). Se trata de un pingüe beneficio. Pingüe e irregular: el Estado subvenciona la plaza escolar (y en algunas comunidades, como Andalucía, también la gratuidad de los libros) para que el empresario obligue a adquirir sus La situación es idílica para ellos: cada libro que editan estas editoriales tiene garantizada de antemano una cuota significativa de mercado.

b) Esa fortaleza (subvencionada) le permite competir en condiciones más que ventajosas en la enseñanza pública. De esta manera, realiza una muy lucrativa inversión mercantil al tiempo que expande sus valores religiosos.

c) Por supuesto, estas editoriales tienen también colecciones de lecturas obligatorias que proporcionan importantes beneficios.

d) En aquellas comunidades con libros gratuitos es muy frecuente que el alumno tenga dos libros de texto, uno que deja en el colegio y otro en casa, así se ahorra la plebeya mochila. Doble negocio, pues.

e) Estos colegios concertados, además, se ocupan de vender los libros en sus dependencias. Pasamos, pues, de la competencia desleal a las editoriales a la competencia desleal a las librerías. A menudo lo hacen directamente, sin necesidad de ningún requisito legal; en otras ocasiones, se dan de alta como librería por un mes (o poco más) y luego cierran.

f) Por lo general, estos colegios «hacen seguimiento» acerca de quién compra y quién no los libros en el propio centro (sin descuento), y trasladan con diferentes métodos a sus clientes que «no se mira igual» a unos y a otros (ni a sus hijos).

g) En España rige la ley del precio fijo en los libros, que supuestamente protege al libro y a los libreros. Pero esta ley tiene una excepción: los libros de texto. Lo asombroso es que esta excepción no se utiliza, como cabría pensar, para rebajar el precio sino para aumentarlo. Obvio es decir que esta práctica se produce allí donde no hay competencia posible. No es extraño encontrar, por ejemplo, un cuaderno de actividades (desechable) con pocas páginas y a una tinta por 30 €.

h) Como conclusión, no puede extrañar que la Iglesia Católica sea el primer grupo empresarial en volumen de negocio, con una maraña de empresas omnipresentes en el ámbito educativo. Impone los libros de texto de sus editoriales en los más de 2.600 centros educativos, subvencionados públicamente, que gestiona de manera directa. Y, como queda dicho, con ese potencial se lanza hacia los centros públicos con una fortaleza excepcional.

i) Por otro lado, la titularidad privada permite a estos centros habilitar otras vías de financiación sin control público: alquilan sus instalaciones, hacen aparcamientos subterráneos en sus campos de deporte, etc. Todos estos factores proporcionan ventajas competitivas. En el barrio donde yo vivía hace no mucho «competían» unas aulas prefabricadas de uralita (las famosas caracolas), en la pública, y un centro concertado con 40.000 m2, pabellón cubierto y piscinas climatizadas. ¿Qué preferiría Vd. para sus hijos?

10) Por todo lo explicado, la enseñanza pública ha terminado desempeñando un papel subalterno de la concertada, y eso democráticamente es inaceptable, pues:

a) Solo la enseñanza pública —cuando funciona de acuerdo a sus principios— garantiza un espacio de encuentro interclasial y plural: con docentes seleccionados no por sus creencias sino por sus conocimientos y con alumnos de cualquier extracción social (conviene aquí recordar que hay centros concertados que incluso segregan por sexo).

b) La fortaleza de la enseñanza pública es indispensable para articular una verdadera igualdad de oportunidades.

c) Únicamente el funcionario docente puede atender a los intereses generales sin ceder a la presión de ideologías o de negocios particulares.

La situación educativa en España cabe denominarla como democráticamente suicida (no solo por lo explicado, pero es el tema que ahora toca). Revertirla exige, entre otras medidas, la derogación de la enseñanza concertada (al menos en su planteamiento actual). Hay quien la defiende por su menor coste, algo que no debería sorprendernos teniendo en cuenta que se trata de un descuento. En cualquier caso, la clave no es la cuestión económica sino la necesidad de interrumpir las muchas externalidades negativas que provoca este tipo de enseñanza. Naturalmente, la supresión de la concertada no podría abordarse de golpe sino de manera gradual (y el descenso de natalidad genera unas condiciones más que propicias). No entro ahora en detalles de cómo se desmontaría una estructura de tan colosal envergadura; me limito a describir el atentado de lesa democracia que, en los términos actuales, implica su existencia. Y, por supuesto, no se trata de sustituir unas ideologías por otras (es lo que, en gran medida, ocurre ahora en la pública), sino de impedir por completo el paso a los que mercadean con adoctrinamientos o adoctrinan con mercancías. Y, de esta forma, poder instaurar el único reino que enseña el alfabeto de la libertad: el del conocimiento.