Las comunidades piden al Ministerio que aclare las consecuencias de no llevar a los niños al cole por miedo

Varias comunidades autónomas pedirán este jueves, 27 de agosto, en la Conferencia Sectorial sobre el inicio del nuevo curso, que la ministra de Educación, Isabel Celaá, aclare qué consecuencias puede conllevar que algunos padres no lleven a sus hijos en edad de escolarización obligatoria al colegio por miedo a un contagio por coronavirus.

Se trata esta, la asistencia voluntaria, de la fórmula por la que ha optado Uruguay en esta «nueva normalidad», y también de la que se impuso en España en la desescalada, cuando las comunidades autónomas renunciaron a hacer la vuelta a las aulas obligatoria para los alumnos.

Se trata, también, de un asunto que está generando no poca movilización entre las familias, que se han organizado en diferentes asociaciones a lo largo del verano. A la ya conocida plataforma Escuela de calor en Andalucía, que defiende la insumisión escolar por considerar que no se está garantizando una vuelta segura, se han sumado otras como Familias que buscan soluciones en época de pandemia o  Agrupación de Familias por una Elección Educativa Segura (Afee), que también rechaza llevar a sus hijos a la escuela y sostiene que la Generalitat convertirá «en mataderos de niños, personal docente, no docente y limpieza los centros educativos» y denuncia el plan catalán como «una estafa». Por su parte, la plataforma Derecho a Enseñanza sin riesgo de Pandemia (DERPA) entregará hoy 2.000 firmas en el Registro Oficial de la Xunta de Galicia pidiendo que la asistencia a clase sea voluntaria.

Al tiempo, por los grupos de whatsapp de padres empiezan a circular documentos solicitando que no se abra un expediente de absentismo escolar si es el miedo al contagio el que lleva a los padres a dejar a los niños en casa. Documentos que, con el aval de la Asociación China de Derecho en España empiezan a mover también las familias chinas.

En este contexto, la movilización docente sigue, con huelga en Madrid incluida mantenida por CCOO, UGT, CGT y STES, pese a que el plan de Isabel Díaz Ayuso contempla parte de las medidas que se reclamaban para una mayor seguridad, también ha sido intensa, como muestran las más de 260.000 firmas que se han recogido a través de Change.org y que hoy se presentarán en el Ministerio reclamando una vuelta segura.

Conscientes de que este tema preocupa, y mucho, a la comunidad educativa, fue uno de los que se pusieron sobre la mesa ayer, en la Comisión General de Educación, con el secretario de Estado, Alejandro Tiana, y los viceconsejeros autonómicos.

En ella la viceconsejera de Educación de Andalucía, María del Carmen Castillo, pidió al Ministerio que «deje claro» el hecho de que «la no asistencia a los centros educativos no es una opción en la enseñanza básica» y que a los alumnos que sean de riesgo se les garantice una plaza en el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia (CIDEAD). Dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el CIDEAD asegura los itinerarios educativos de niños enfermos, deportistas o con familias itinerantes, como las que trabajan en un circo, y es visto como una alternativa legal para las familias que apuestan por el homeschooling, que no está regulado en España. Sus alumnos matriculados cada curso rondan los 1.500, y son admitidos a petición de las comunidades autónomas y con un informe preceptivo de Inspección.

También Cantabria, que se encuentra entre las regiones preocupadas asimismo por lo contrario, por el hecho de que los padres lleven a sus hijos a clase cuando no deben ir, esto es, con fiebre o síntomas compatibles con el Covid, como tos (los padres deberán firmar una declaración responsable), pidió al Ministerio que fije una postura en este punto.

Asimismo, Cantabria solicitó un protocolo claro y «coordinado» para que las comunidades sepan cómo hay que actuar y cuándo hay que cerrar aulas y colegios si surgen positivos por Covid-19, así como las pautas para hacer PCR a los docentes o tomar la temperatura en los centros. También pidió «flexibilizar la homologación de la titulación del profesorado para que pueda impartir distintas áreas y materias» de cara a la configuración de los grupos estables de convivencia.

Desde Extremadura Guillermo Fernández Vara confió en que de la reunión del jueves salga un «gran acuerdo» del sistema educativo y del sanitario.

Aragón, por su parte, presentará el mismo día de la Sectorial su modelo educativo para el próximo curso adaptado a la situación epidemiológica.

Desde Cataluña se urgió al Ministerio a regular de forma «inmediata» el subsidio de conciliación familiar para las familias que no pueden acudir a trabajar porque deban quedarse al cuidado de sus hijos en casa, por ser positivos por Covid o estar en cuarentena.

Se trata de una idea que el conseller Josep Bargalló lleva repitiendo desde mediados de agosto, cuando pidió que se encontrara una solución para que los aislamientos de alumnos con coronavirus, que se repetirán mientras dure la pandemia, no afecten a los ingresos de las familias. En declaraciones en RAC1 el conseller aseveró que no se trata de que los padres tengan de decidir si dejarlos solos en casa o no, sino que «legalmente no les pueden dejar solos; es una obligación».

El Ministerio de Educación y Formación Profesional de Isabel Celaá analizará la viabilidad de esta medida junto con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.