El título de la ESO o Bachillerato no estará supeditado este curso a tener materias suspensas

El Real Decreto aprobado con urgencia por el Gobirno prevé que este curso «la decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones». «En todo caso –continúa el Real Decreto– para la obtención del título de Bachiller será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia».

Además, como el trimestre pasado, la repetición se considerará «una medida de carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato».

En todo caso, el Gobierno señala que las administraciones educativas «podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del Bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados».

Y los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, «podrán modificar, de manera excepcional los criterios de promoción en todos los cursos de Primaria, y de ESO, así como en la correspondiente promoción de primero a segundo de Bachillerato».

Además, y con el objeto de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la LOE, tendrán carácter orientativo para los centros.

Desde el sindicato ANPE han denunciado la «dejación de funciones por parte del Ministerio». «Es competencia del Estado –dice ANPE– la expedición de títulos académicos como recoge el artículo 149.1 de la Constitución. Los criterios de promoción y titulación deberían ser comunes para todo el territorio nacional, como son hasta ahora».

ANPE recuerda que la Lomce, y también las leyes anteriores, solo permiten promocionar de curso en ESO y Bachillerato con dos materias pendientes, siempre que no sean Lengua y Matemáticas y, excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias cuando estas sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, o en tres que no incluyan al mismo tiempo a las dos anteriores. Además, «es necesario que esos criterios sean comunes en todos los territorios, pues no olvidemos que los títulos académicos, que expide el Ministerio, tienen validez en todo el Estado», añade el sindicato de profesores.

Para ANPE, «no se puede dejar al albur de las comunidades autónomas la regulación de los criterios de promoción y titulación y trasladar la responsabilidad de modificarlos a los centros y equipos docentes». «Si se mantiene esta redacción no solo se quiebra el principio de inseguridad jurídica, sino que también se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación. Esta decisión agravaría la brecha ya existente entre las comunidades autónomas», añade.

ANPE añade a lo anterior el «mensaje contrario a los valores de esfuerzo y mérito del alumnado, que emana de la propia norma, en la que se recoge explícitamente que la promoción y titulación no quedará supeditada a la existencia de materias suspensas».

Para ANPE, «buscar la promoción y la titulación automática del alumnado, sin considerar el número de materias no superadas, no es la solución contra el fracaso escolar ni son medidas útiles para contrarrestar los efectos negativos que, a nivel académico, está produciendo la pandemia».

Además, según esta organización, «el alumnado de la enseñanza pública será el más perjudicado por esta medida, fundamentalmente el de las clases sociales más desfavorecidas, pues este alumnado no podrá compensar los déficits de aprendizaje por otro medio distinto». «Aumentará aún más la brecha social y minimizará las posibilidades de la enseñanza pública como ‘ascensor social’ para los grupos de alumnos más desfavorecidos», concluye.

CSIF ha ido más allá y ha pedido la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, por ocultar al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores la nueva norma que permitirá obtener titulaciones con suspensos. «Esta norma culmina una gestión marcada por la incapacidad de la ministra como gestora, su desconocimiento de la negociación colectiva y la alarma constante que siembra con sus declaraciones, difundiendo inquietud entre toda la comunidad educativa y la sociedad», según CSIF.

Y exige que se concrete el número de materias suspensas para promocionar, tal y como se ha venido estableciendo en todas las leyes educativas, y que no se deje a criterio de cada comunidad y centro, lo que provocará más desigualdades. Además, ha recordado que el último informe PISA de la OCDE alerta sobre la escasez de personal docente, siendo esta la causa de una pérdida del rendimiento del alumnado y avisa sobre el déficit de infraestructuras y recursos tecnológicos en los centros.

En España, según el PISA 2018 sobre La organización escolar, la percepción de los directores españoles sobre escasez de personal educativo es significativamente más alta que la media de países OCDE. CSIF ha añadido que los servicios jurídicos del sindicato están analizando la posible impugnación del citado real decreto.