¿Es segura la vuelta al cole?

Durante la primera oleada del Covid-19 en España, como en muchos países europeos, se decretó el confinamiento de la población (incluyendo el cierre de colegios) para frenar en seco los contagios. Sin embargo, mientras que en la mayoría de los países los colegios volvían a abrir sus aulas antes del verano, en España la apertura de colegios se incluyó en la fase 2, relegando así la Educación a una etapa muy posterior al inicio de muchas otras actividades. La mayoría de las comunidades autónomas pasaron a esta fase demasiado tarde como para poder ofertar clases presenciales. Por tanto, las decisiones del Gobierno en esta primera etapa ponen de manifiesto la baja prioridad que se asignó a la Educación.

Sorprendentemente, a finales de agosto y, ante la evidencia de que el Covid-19 se expandía de forma mucho más rápida en España que en el resto de Europa, la ministra de Educación declaró: «Las escuelas tienen que estar abiertas; tiene que ser lo primero que se abra en un país y lo último que se cierre» y explicó que los centros sólo cerrarán en casos extremos cuando se identifique un número elevado de contagios en el propio colegio, pero no estará asociado a la intensidad del Covid-19 en la comunidad.

Lamentablemente se trata de dos errores colosales y, como es bien sabido, dos errores nunca suman un acierto. La ministra Celaá no puede pretender compensar con esta segunda decisión, las consecuencias de los errores de la primera etapa. De hecho, los magnificará.

Para intentar justificar este cambio tan drástico, la ministra se ha escudado en la ciencia. Mejor dicho, en lo que ella interpreta de la evidencia científica. Celaá ha dicho: “Hoy sabemos más de la infancia y la Covid que en marzo y la evidencia científica dice que los niños no son los ‘superdiseminadores’ del virus como se pensaba entonces”.

Veamos, ¿es cierto que a medida que se conocía mejor el virus, las conclusiones sobre los niños se han ido modificando? La respuesta breve es un rotundo NO. Nunca se ha pensado que los niños podían ser “superdiseminadores”. La respuesta más elaborada es que desde marzo se sabe que la mayoría de los niños infectados son asintomáticos o desarrollan síntomas leves. Por tanto, la Covid-19 no tiene consecuencias graves entre niños y su impacto sobre la salud de las personas a las que infecta va aumentando con la edad. Sin embargo, los niños pueden contagiar a otros niños o a adultos.

La evidencia del impacto de la re-apertura de colegios sobre la tasa de expansión del Covid-19 ha tenido que esperar a que suficientes países abriesen sus aulas antes del verano. Pues bien, los datos indican que los colegios no suelen ser el origen de la transmisión comunitaria. Pero ello no implica que en los colegios no haya contagios, como es el caso en todos aquellos entornos en los que se concentra un número elevado de personas. Los contagios se dan tanto entre niños, como entre éstos, los docentes y sus familias. La diferencia es que, como la mayoría de los niños no desarrollan síntomas claros, la detección de brotes de Covid-19 en colegios requiere de test PCR que permitan identificar los casos asintomáticos, el rastreo de sus contactos y su aislamiento. Los grupos “burbuja” facilitan el rastreo, pero no serán de utilidad si no se realizan test masivos en los colegios de forma repetida.

Por tanto, en contextos en los que hay rebrotes importantes, la apertura de colegios contribuirá a acelerar aún más la expansión del virus. Las decisiones sobre los colegios no se pueden tomar de forma aislada, deberán tener en cuenta la tasa de expansión el virus en esa zona y también el hecho de que, de entre las múltiples fuentes de transmisión como consecuencia de interacciones personales frecuentes, habrá que definir prioridades. En casos de expansión rápida del Covid-19 los colegios sólo podrán permanecer abiertos si se cierran otros focos de contagio.

Parece que ha llegado el momento de definir de forma clara y explícita qué lugar ocupa la Educación en las prioridades del Gobierno. Pero este es precisamente el momento elegido por Celaá para afirmar que “las comunidades autónomas tienen transferidas todas las competencias en Educación y desde junio que tenían toda la información, empezó su turno”. La perplejidad ha sacudido a comunidades autónomas, centros escolares y padres. ¿Cómo es posible que ante una segunda oleada la ministra no asuma sus responsabilidades? No se trata de turnos decididos unilateralmente por el Gobierno central. Se trata de competencias compartidas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

No pretendo aburrir con detalles sobre las competencias que corresponden a unos y otros, mas allá de insistir en que el Gobierno central tiene competencias muy importantes en el ámbito educativo. Creo que bastará con poner un ejemplo. Ante la evidencia de que las medidas de distanciamiento social disminuyen los contagios, parece obvio que la primera medida debería ser ajustar las ratios para asegurar que los alumnos mantienen la distancia de seguridad (como nos recuerda todos los días el ministro Illa). La competencia sobre las ratios corresponde al Gobierno central, ¿cómo es posible que no se haya regulado el aspecto más obvio? Supongo que la razón estriba en que, según el principio de la lealtad institucional, cuando el Gobierno central toma una decisión que supone un aumento de gasto para las comunidades autónomas, corresponde al Gobierno central compensar a las comunidades transfiriendo los fondos necesarios para su correcta ejecución. La ministra Celaá lo sabe bien, pues como consejera de Educación del País Vasco no desperdició oportunidad alguna para exigir más fondos. Dicho de otra forma, quien decide paga. La solución a esta encrucijada parece haber sido no decidir nada. Tanto lo que implica un coste económico, como político.

Sorprende aún más que un Gobierno que no está dispuesto a financiar el coste que supondría implementar medidas que minimizarían los contagios en los colegios, amenace a los padres con denunciarles si no envían a sus hijos al colegio por las dudas razonables que suscita la actitud irracional del Gobierno.

Pero lo más preocupante, es que la ministra de Educación no hable de Educación, ni haga esfuerzo alguno por diseñar soluciones para los problemas que generó el cierre de colegios desde marzo, y para conseguir que los alumnos continúen aprendiendo mientras tengamos que convivir con el Covid-19. Las previsiones más realistas apuntan a uno o dos años. Quizás más.

El cierre de colegios desde marzo supuso la transición de emergencia a la enseñanza online, algo para lo que el sistema educativo en España no estaba preparado. Ni todos los alumnos tenían ordenadores, ni los docentes habían sido formados, ni había suficientes recursos online de calidad. Estudios internacionales en países mejor preparados, y que cerraron las aulas menos tiempo, estiman que los alumnos sólo han podido adquirir el equivalente a la mitad de los conocimientos en matemáticas de un curso normal. Puesto que los alumnos de entornos socioeconómicos desfavorecidos han tenido menor acceso a internet y a ordenadores en casa, en este grupo se estima que han perdido el curso completo.

Las decisiones tomadas por la ministra sólo dificultan que los alumnos puedan recuperar este retraso. A finales de curso, Celaá decidió que cada comunidad autónoma podía decidir con cuántos suspensos se titulaba, prohibió la repetición como algo excepcional, y animó a los docentes a aprobar a los alumnos. Como consecuencia, en este curso los docentes se enfrentarán a enormes desafíos: los alumnos comenzarán el curso con retrasos en el aprendizaje que en nuestro país no se han podido estimar debido a la pérdida de valor de las evaluaciones; la heterogeneidad de las clases será enorme, pues la brecha digital habrá ensanchado la brecha socio-económica y los alumnos que en otras circunstancias habrían repetido en este curso han pasado de curso sin que se conozca su nivel de retraso.

Ante la certeza de que nos encontramos en una etapa avanzada de la segunda oleada, la ministra sólo insiste machaconamente en que los colegios permanecerán abiertos. Se arriesga a que ante su irresponsabilidad las aulas se queden vacías y nuestros alumnos queden desamparados.

Si nuestros alumnos sufren más retrasos en su aprendizaje será muy difícil que se puedan compensar más adelante. Nos enfrentamos a la posibilidad de que las tasas de fracaso y abandono temprano aumenten aún más. Ministra Celaá, haga sus deberes antes de que sea demasiado tarde.