Andalucía acusa a Celaá de flexibilizar aprobados "sin diálogo ni consenso"
El consejero Imbroda en una comparecencia.
En respuesta a los periodistas en Granada, el titular de Educación de la Junta ha recordado que Andalucía ya se opuso durante el confinamiento al «aprobado general» propuesto por el Ministerio y ha lamentado que para el nuevo real decreto por el que se adoptan medidas urgentes no haya habido voluntad de diálogo. «Pediremos una explicación a la ministra para intentar entender por qué ha dado este paso sin el diálogo y el consenso de todas las comunidades autónomas», ha señalado Imbroda, que ha añadido que esta flexibilización puede generar desigualdades entre regiones. «Es un tema lo suficientemente delicado como para que hubiera un consenso encima de la mesa», ha insistido.
El consejero ha destacado, por otro lado, que las incidencias ante la vuelta a las aulas en Andalucía sigan siendo «mínimas», ha agradecido el trabajo desarrollado por docentes y equipos directivos, y ha apelado a que se mantenga la colaboración y la responsabilidad ante la pandemia.
En Granada, donde ha presentado el Centro Educativo de Excelencia Deportiva (Ceeda) que permitirá compaginar la formación académica y deportiva, ha recordado que Andalucía tuvo «muy claro» que la vuelta a las aulas fuera presencial «con todas las medidas de seguridad». Según el consejero, esta vuelta de manera presencial ha sido «bastante normal», a pesar de que sea imposible garantizar el riesgo cero y se hayan producido incidencias que ha considerado «mínimas».
Imbroda ha señalado que el 80% de los contagios actuales se están produciendo en el ámbito familiar y ha subrayado que los colegios, los institutos y los centros de enseñanzas artísticas son «los lugares más seguros que puede haber» en una «normalidad dentro de la complejidad» de la situación actual.
Por otra parte, preguntado por la dimisión del delegado de Educación en Sevilla, Miguel Martín León, tras su investigación judicial por un presunto desvío de fondos, ha señalado que desconocía que tuviera un procedimiento abierto y que, ante el nombramiento de altos cargos, no suele pedir el certificado de antecedentes penales. «Quizá, a lo mejor, ese haya podido ser mi error, no haber pedido ese certificado de penales», ha dicho el consejero, quien ha añadido anteriormente tampoco solían producirse ceses porque, «cuando alguien estaba imputado, se mantenía o se tapaba».