La Fiscalía pide al Ministerio el expediente del acuerdo que permite pasar de curso con suspensos
Una de las reuniones del equipo ministerial con las comunidades autónomas.
El ministerio fiscal ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia de un particular contra la ministra de Educación, donde se ponía de manifiesto que dicha decisión podría haber constituido un presunto delito de prevaricación, según ha adelantado El Mundo e informan a Efe fuentes jurídicas.
Tras recibir dicha denuncia y estudiarla la Secretaría Técnica de la Fiscalía, el ministerio fiscal decidió abrir diligencias para esclarecer los hechos y ha solicitado recientemente a Educación todo el expediente administrativo para saber cómo se adoptó dicho acuerdo y por qué razones, explican las fuentes consultadas. La Fiscalía se encuentra actualmente a la espera de recibir la documentación solicitada y tras estudiarla, añaden las fuentes, se comprobará si se ha incurrido en alguna conducta que pudiese ser constitutiva de delito.
Fuentes de Educación han señalado a Efe que no entran a valorar el asunto pero han confirmado que han reenviado a la Fiscalía toda la información que se le ha requerido. Se trata del expediente sobre el acuerdo para la orden del 22 de abril por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-20 y el inicio del curso 2020-21, ante la situación de crisis ocasionada por la Covid-19. Y también se ha enviado, a petición de la Fiscalía, la totalidad de los informes jurídicos elaborados en relación a la aprobación de dicha orden.
El denunciante llevó los hechos a la Fiscalía al considerar que el acuerdo podría haberse adoptado por un órgano que no tenía competencias para ello, la citada Conferencia Sectorial de Educación
El denunciante llevó los hechos a la Fiscalía al considerar que el acuerdo podría haberse adoptado por un órgano que no tenía competencias para ello, la citada Conferencia Sectorial de Educación.
Fue en abril cuando Educación pidió a las comunidades autónomas que flexibilizaran «de forma excepcional» por la pandemia los criterios para pasar curso en todos los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y que «no tengan en cuenta limitaciones que afecten» al número de suspensos. Así se contempló después en la Orden del Ministerio de Educación, publicada el 24 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con directrices para el fin de curso 2019-20 y el inicio del 2020-21. Se eliminan los límites de suspensos que establece la Lomce para promocionar y para titular en 4º de la ESO (dos máximo sin que sean a la vez matemáticas y lengua) o Bachillerato (cero). La orden fue suscrita por la mayoría de comunidades, excepto Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla-León y País Vasco.
Se da la circunstancia de que el pasado 15 de octubre el Congreso respaldó también un real decreto del Ministerio de Educación con medidas similares sobre el paso de curso: «La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa, de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones». Dicho real decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, adopta medidas urgentes en educación no universitaria por la crisis del coronavirus y permite a las comunidades otra vez adaptar los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Celaá ha sostenido en numerosas ocasiones que es «falso» que se pueda titular en Secundaria y Bachillerato con suspensos sino que será una decisión colegiada del centro. Pero la medida es criticada por partidos de la oposición como PP, Ciudadanos y Vox y diversos sindicatos y colectivos de la comunidad educativa.
