Las contradicciones de la ministra Celaá: ahora desmiente incluso al BOE

Sabíamos desde su etapa como portavoz del Gobierno que la ministra de Educación, Isabel Celaá, vive instalada en la posverdad, pero la semana pasada llegó al extremo de afirmar –en contra de lo que dice el Real Decreto-ley 31/2020 publicado en el BOE– que es «sencillamente falso» que se pueda titular con suspensos. El citado Real Decreto afirma, por el contrario, que «la decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones”.

La semana pasada, esta norma quedó convalidada en el Congreso de los Diputados con 187 votos a favor, 154 en contra y siete abstenciones; no se aprobó, sin embargo, que se tramitara por procedimiento de urgencia.

El decreto recibió las críticas y el voto en contra del PP, cuyo diputado Óscar Clavell dijo la ministra “es digna de visitar el rincón de pensar”. Los populares denuncian que el decreto no fija criterios comunes y “se fractura el sistema educativo”; además, “es un castigo al esfuerzo”.

Ciudadanos también votó en contra tras criticar su diputada marta martín que su contenido parece que es “lo urgente” para el Gobierno, pero no para los niños y profesores. “Es la propuesta del cangrejo,”, rebaja el nivel del sistema y de la capacitación del profesorado, que será “a la carta”, y crea “desigualdad”, dijo Martín.

Mari Luz Martínez, del PSOE, destacó en cambio que el decreto da “seguridad jurídica” a la comunidad educativa. “En ningún sitio se dice que haya que regalar los aprobados o que un docente tenga la obligación de aprobar con suspensos”, señaló, además de recordar que con la Lomce más del 24% del alumnado pasa de curso con asignaturas suspensas.
Para el sindicato ANPE, esta medida supone «una dejación de funciones por parte del Ministerio, ya que es competencia estatal la expedición de títulos académicos, tal y como recoge el artículo 149.1 de la Constitución». Los criterios de promoción y titulación, por tanto, «deben ser comunes para todo el territorio nacional, puesto que los títulos académicos que se expiden por parte del Ministerio, tienen validez en todo el Estado», ha remarcado el sindicato docente.

Para ANPE, «no se puede trasladar la responsabilidad de modificar los criterios de promoción y titulación a los centros y equipos docentes». Con el RD-Ley 31/2020, se puede llegar a producir una «vulneración del principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación», añade ANPE. «Esta decisión agravaría la brecha ya existente entre las comunidades autónomas», señala el sindicato.

Por su parte, CSIF ya ha acudido al Defensor del Pueblo para que recurra ante el Tribunal Constitucional la norma que «rebaja el nivel de exigencia educativa». Además, este sindicato ha pedido la dimisión de la ministra por «ocultar» al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores el contenido de la norma.

En cuanto a las comunidades autónomas, son varias ya las que han asegurado que no lo van a aplicar, incluida la socialista de Aragón.