Las cuentas del rescate europeo del sistema educativo español

“No basta con seguir alimentando el sistema actual, necesitamos reformas e inversión que tengan un impacto transformador en el largo plazo”. Con esta declaración de intenciones el último informe del think tank EsadeEcPol invita a aprovechar la llegada de los fondos europeos EU-Next Generation para cambiar el sistema educativo de arriba abajo.

El análisis ha sido coordinado por el asesor del Banco Mundial y miembro del Proyecto Atlántida Lucas Gortazar, que se encuentra también en el grupo de 100 expertos a los que el Gobierno está oyendo a la hora de esbozar la España poscovid.

El documento cifra en 10.000 millones de euros los necesarios para poner en marcha iniciativas urgentes, como la atención al alumnado desconectado por la crisis de aprendizaje generada por la pandemia, y otras a más largo plazo — como un plan de infraestructuras educativas, la formación y capacitación de los distintos actores del sistema o la digitalización del mismo —, “que o bien las últimas leyes y políticas educativas no abordan en su totalidad, o bien han ignorado durante décadas”.

Entre las medidas de carácter preventivo, el apoyo al alumnado tras la Covid se llevaría el 20% del presupuesto, 2.000 millones de euros que irían destinados a mitigar los efectos de una pérdida de aprendizaje que hoy se calcula que puede repercutir en una caída del PIB del 1,5%. Este se plasmaría en un PROA Covid que estaría en marcha hasta 2022. El estudio ve bien el programa de enriquecimiento educativo para centros de especial dificultad anunciado por Pedro Sánchez durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, pero considera que “es probable que sea necesario ampliarlo a más centros, pues la pérdida de aprendizaje o aparición de situaciones de vulnerabilidad durante la pandemia se extiende a lo largo del sistema educativo”.

El Gobierno calcula que la ayuda llegaría a 3.000 centros, aproximadamente un 10% del total, y este curso el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha destinado 40 millones (a completar por las comunidades autónomas), al PROA+ puesto en marcha para hacer frente a los efectos del Covid. EsadeEcPol aspira a llegar al 20% del alumnado de 3 a 16 años con una partida anual de 800 millones en 2021 y 2022 para cubrir refuerzos, tutorías, becas-salario o apoyo psicopedagógico. Estos se invertirían una vez detectadas las necesidades a través de una evaluación rigurosa y se completarían con 400 millones para un programa de refuerzo tecnológico y acceso a materiales y tecnología, frente a los 260 del programa Educa Digital del MEFP con el fin, también en este caso, de ampliar su cobertura más allá del medio millón de alumnos a los que alcanza en la actualidad.

Otros dos rasgos de un sistema educativo moderno son la digitalización de la administración y la mejora en la formación y capacitación de los educadores. Según Gortazar, 200 millones (100 para cada partida) nos separan de ambos objetivos.

Con esta cantidad se podría lograr una planificación educativa más eficiente apoyándose en la tecnología, con la creación de un Sistema Integrado de Información Educativa (SIIE), que permitiría, entre otros, hacer un seguimiento preciso de las trayectorias educativas y la evaluación de los programas y políticas educativas o una dotación económica más ajustada a las necesidades reales de los centros. Una Plataforma digital educativa para mejorar la relación entre alumnos, familias y docentes y la aplicación de las futuras evaluaciones de diagnóstico que contempla la Lomloe, pero también la creación de un Instituto de Evidencias Educativas similar al Education Endowment Foundation del Reino Unido y una evaluación para hacer un seguimiento de los fondos Covid.

La propuesta se completa con 7.800 millones de euros para un plan integral de infraestructuras con el foco en 0-3 y la Formación Profesional —6.000 millones de euros— por considerar la primera decisiva para la equidad del sistema y la segunda, clave para atajar el fracaso y abandono educativo temprano. A esta partida se sumarían 1.800 millones para centros de Primaria y ESO. El objetivo es que dejen atrás las aulas del pasado, reconfigurando hiperaulas para promover una mayor colaboración docente y redefinir también los tiempos escolares, con un mayor aprovechamiento de los colegios fuera del horario lectivo. Además, dentro de la dimensión verde, clave en las inversiones europeas, se buscará una mejor climatización “considerando las necesidades pedagógicas y climáticas que están por venir”.

• El informe de EsadeEcPol critica algunas de las últimas medidas en materia de Educación. Es el caso del decreto 31/2020 de medidas urgentes. Lo hace por omitir las evaluaciones de final de etapa y no introducir otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, a mitad de etapa [como figuran en la Lomloe]. «Más allá de PISA necesitamos un diagnóstico mucho más preciso y rápido», lamenta.
• También está implícita la crítica a la actual tramitación de la Lomloe en el Congreso, durante la cual no se oirá a la comunidad educativa. Como se subrayó en la primera propuesta de EsadeEcPol, en marzo de 2020, en las cuestiones relacionadas con la escuela hay más consenso que el que se suele ver (reforma de la profesión docente, currículo, autonomía, organización, evaluación), pero las diferencias (doble red, religión, distribución de competencias) suelen ocultarlas.
• Aparte de proponer dónde destinar cada partida, Gortazar reconoce que es importante auditar dónde van los fondos y si logran sus propósitos. En este sentido, la Plataforma de Infancia y Political Watch han puesto en marcha ColeSeguro para analizar las políticas educativas frente al Covid y cómo cada comunidad está invirtiendo los fondos Covid para Educación. De momento, ha detectado que la calidad de la Educación digital en este curso 2020-21 es una de las mayores preocupaciones, junto con la salud mental de los niños y niñas.