Sandra Moneo (PP): “Estamos valorando recurrir el decreto de medidas urgentes”

En la semana en que comienza el debate en Ponencia de la Lomloe hablamos con Sandra Moneo acerca de las enmiendas que su grupo ha presentado a la ley Celaá.

Si para ustedes la Lomloe es una vuelta a la LOE, ¿con sus enmiendas pretenden ir hacia una Lomce corregida?
—No, son una respuesta a una situación que plantea el PSOE y va a empeorar el sistema educativo español, que necesita una transformación y modernización profunda, acorde a las exigencias de formación actuales y en línea con lo que están haciendo países del entorno como Portugal, no poner la Lomce frente a la LOE o la Lomloe (una LOE empeorada) frente a la Lomce.

Se atreven a recuperar la reválida de Secundaria.
—No es cuestión de ser valientes o no, es una propuesta que reacciona frente a la desvertebración del sistema educativo español que propugna el PSOE. Las enmiendas intentan paliar la deriva incomprensible en la que se ha embarcado.

Y abrimos otro debate, la posible extensión de enseñanza básica hasta los 18 para que en 2030 el 90% de los alumnos de 24 años hayan terminado al menos Bachillerato o FP Grado Medio con éxito, el objetivo fijado por la Comisión Europea. Para nosotros, dentro de las evaluaciones que proponemos, la más importante es la evaluación final de Bachillerato, conducente a título, una prueba única para toda España, como en 23 países en Europa, que sustituiría a la EVAU. Sí, hablamos de efectos académicos también en la evaluación final de Secundaria, pero los efectos académicos pueden ser variados.

¿Cómo ve la tramitación de la Lomloe?
—Cualquier grupo en el Congreso puede presentar enmiendas a un proyecto de ley del Gobierno. Lo que nos sorprende es que ese proyecto sea modificado en un 44% por enmiendas conjuntas de los dos grupos que sostienen al Gobierno más otro bloque del grupo de Podemos. Ya no sabemos cuál es la propuesta real del Gobierno, si la reedición de la LOE, la reedición más las enmiendas conjuntas de PSOE y UP o más las enmiendas por separado de UP también. El único objetivo de esta ley es poder titular que se ha derogado la Lomce. Si a eso se suma el decreto 31/2020, “el decreto del aprobado general”, tenemos una renuncia clara a las competencias del Estado en Educación, a la calidad y a la cultura del esfuerzo.

El artículo 3 de la Lomloe afirma que se debe garantizar el derecho a la Educación de quienes no puedan asistir a la escuela de un modo regular, ¿cree que se está cumpliendo en tiempos de Covid?
—El Gobierno ha renunciado a su deber de ofrecer a todos los alumnos enseñanza de calidad en igualdad de condiciones desde la orden del 22 de abril que el PP recurrió ante la Audiencia Nacional, recurso que fue admitido y cuyo fallo aun no conocemos. Y dedica más esfuerzos a que se apruebe su revisión de la LOE más las enmiendas de PSOE, Podemos, etc. que a un plan para un regreso seguro a las aulas y a la transformación digital para garantizar una enseñanza a distancia y online de la máxima calidad. Son los centros, con directrices desarrolladas por las comunidades, los que están asumiendo esa responsabilidad, sin que exista una evaluación del Gobierno de en qué se ha acertado y en qué se ha fallado. La respuesta del Gobierno es una trampa: elabora una norma para permitir que los alumnos obtengan el título de Bachillerato con suspensos, por ejemplo.

¿Se plantean recurrir el decreto de medidas urgentes?
—Estamos valorando posibles actuaciones legales. El decreto incumple las competencias que el Estado debe ejercer en materia educativa, desvertebra el sistema educativo español y choca con los artículos 27 y 149 1.30 de la Constitución.

¿Qué debería estar haciendo en estos momentos el Ministerio, a su juicio?
—Debería haber diseñado y puesto en marcha algo que proponemos en las enmiendas, un plan integral modernización y transformación digital del sistema, con la formación de profesionado como pilar y una adecuación de los contenidos a la enseñanza online, así como la garantía de acceso de todos los alumnos a dispositivos adecuados para un uso educativo. Previamente debería haber realizado una evaluación real del impacto de la enseñanza no presencial, de las carencias y dificultades en el aceso a la enseñanza online y la situación en que se encuentran los alumnos en nivel de conocimientos y competencias.

Los meses vividos han sido terribles, realmente dramáticos desde punto de vista sanitario y económico. Si el papel de la Educación siempre es fundamental en este momento es quizá más importante, y hemos perdido una ocasión de oro de adoptar decisiones que han tomado otros países como Francia, Alemania o el más cercano, Portugal, para mejorar los resultados y ofrecer al conjunto de la sociedad un sistema educativo de calidad.

Pero no se nos está ofreciendo ni más calidad ni profesionalizacion de la función directiva ni carrera profesional docente ni un nuevo modelo de currículum ni una mejor ordenación académica… Se nos pretende llevar de regreso a 2006, con todo lo que conlleva, con un proyecto sectario e ideológico que busca romper las bases del pacto.

En cuanto al profesorado, ustedes introducen en sus enmiendas un nuevo sistema de accceso y toda la carrera docente.
—Sí, es la primera vez que se aborda en un texto legislativo el acceso con una prueba nacional, el diseño de la carrera profesional, la creación de unos centros de referencia junto con las comunidades y universidades. Hemos querido introducirlo en el bloque de enmiendas porque es el pilar fundamental en que se asienta la transformación y mejora del sistema y la propuesta del Gobierno es inexistente, el PSOE no ha presentado ni una sola medida que implique la mejora de las condiciones del profesorado ni la preservación de los cuerpos nacionales.

¿Es desempolvar el libro blanco que Méndez de Vigo encargó a José Antonio Marina y se quedó en un cajón?
—Las enmiendas pueden coincidir en algunos puntos con libro blanco, pero son más concretas y van más allá. Más que al libro blanco yo me remitiría a la propuesta en que el PP lleva trabajando desde 2011, cuando se publicó el artículo de Francisco López Rupérez y Eugenio Nasarre definiendo lal carrera profesional.

También defienden la permanencia de la demanda social en la ley. 
—Sí, la referencia a la demanda social en el artículo 109. Y, dentro de la defensa de las libertades constitucionales, pedimos también que desaparezca la disposición adicional cuarta que pretende cierre de los centros de Educación Especial. Además, incluimos en las enmiendas que se realice un informe que valore el coste real del puesto escolar en la Pública y la Concertada, porque creemos que es un debate que se debe asumir. Y planteamos la desaparición del artículo 183 que da preferencia a los centros que aboguen por la coeducación, dado que es un artículo inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional ya ha manifestado que la enseñanza diferenciada tiene que ser financiada con fondos públicos de la misma manera que la no diferenciada. E incorporamos un Fondo de Cohesión Interterritorial educativo, para la financiación en conjunto del sistema, partiendo del análisis de la realidad de la inversión en todas las comunidades y actuando para que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la Educación.

Añaden un artículo sobre para qué debe servir la Conferencia Sectorial. Esta se ha reunido seis veces desde que comenzó la pandemia, ¿han sido útiles estos encuentros?
—La Conferencia Sectorial se puede reunir cuantas veces se quiera. Una cosa es oír a las comunidades y otra es escucharles, y me temo que se les ha escuchado. La prueba es que, a pesar de las reuniones, el decreto aprobado el pasado jueves, el 31/2020 no fue sometido a la Conferencia Sectorial, no se dio a conocer su texto. Las comunidades tienen que debatir no sobre propuestas sino sobre textos y creemos que la Conferencia Sectorial tiene un papel importante, pero para que el Gobierno acuerde con las comunidades, dentro de las competencias que le corresponden al Gobierno en el marco autonómico. Pese a todas las reuniones que se han celebrado esas Conferencias Sectoriales han sido absolutamente… No han permitido que las comunidades tuvieran sobre la mesa propuestas concretas.

Hay cuestiones a las que en la Lomloe se le conceden mucha importancia, como el fomento de la coeducación o el aprecio de la riqueza lingüística de las distintas comunidades por parte del alumnado y que desaparecen en las enmiendas del PP, ¿no les parecen aspectos relevantes o creen que la escuela no es el foro?
—Las enmiendas del PP van destinadas fundamentalmente a defender el papel del Estado y garantizar la modernización del sistema. Están fundamentadas en la libertad, en planteamientos científicos y en elementos que han transformado otros sistemas. Pretenden reforzar el nivel de conocimientos de los alumnos y añaden elementos modernizadores como la digitalización, con una nueva asignatura de Ciencia y Tecnología desde Primaria, o la obligatoriedad de una segunda lengua extranjera. Pero esta ley responde en cambio a un modelo ideológico, y la Educación no necesita ideologías. El PSOE no tiene un sistema educativo a futuro. Si no, no volvería a la LOE. Y paga con Educación el apoyo de Podemos. El debate que va a comenzar en Ponencia en el Congreso es un debate sesgado e ideológico, pues no se vislumbra un interés profundo por la Educación detrás de ninguna de las propuestas.