El amargo futuro de la Educación pública

Los partidos progresistas que sostienen el Gobierno del señor Sánchez no han aceptado ni una sola de las enmiendas presentadas por la oposición y por las asociaciones que representan a la Educación privada concertada. Y así, gracias al apoyo de los grupos independentistas vascos y catalanes, se ha aprobado en el Parlamento el proyecto de la Lomloe, también llamada “la ley Celaá”. Se trata de una nueva ley educativa que pretende, entre otras cosas, ensalzar la enseñanza pública y retirar los conciertos económicos a los centros privados.

En la Lomloe ya no aparece el concepto de “demanda social” para conceder conciertos a todos aquellos centros privados que han sido elegidos libremente por las familias. A partir de la aprobación de esta ley, la distribución del alumnado la realizará la Administración pública, cuya primera opción será siempre completar el ratio de los centros públicos, aunque tenga que contar con los alumnos de los centros concertados cercanos. Cuando las aulas de los colegios públicos ya alcancen el número de alumnos permitido, entre 20 y 35 según la etapa educativa que corresponda, será cuando se aprueben los conciertos educativos y sólo a las aulas de los centros privados que sean necesarias para acoger a todo aquel que no encontró cabida en la pública.

Los miembros de nuestro Gobierno andan tan ensimismados con su mayoría progresista independentista que ni se han molestado en escuchar las sugerencias de los maestros y profesores que trabajan en la Educación pública. Quizá la ministra Celaá, como sus hijas ya dejaron atrás la infancia y la adolescencia, ignore cómo está la juventud de hoy en día. Y por eso, los docentes de la Pública, que se las ven y se las desean para controlar clases con nueve o diez alumnos, se están echando a temblar ante el panorama de tener que dar clase al doble de alumnos que tienen de todo, menos ganas de atender y de aprender. Por eso, no nos extrañará ver que, tras la puesta en práctica de la Lomloe, miles y miles de maestros de la Pública se manifiesten ante el Ministerio de Educación, junto a esos otros miles de docentes de la Concertada, exigiendo su derogación.

Que sí, que la ley también prevé la construcción de nuevos centros educativos públicos y en un futuro lejano disminuirá la masificación de las aulas, pero del “dicho al hecho hay un buen trecho” y más ahora que nos espera una gravísima crisis económica.

Los miembros de nuestro Gobierno andan tan ensimismados con su mayoría progresista independentista que ni se han molestado en escuchar las sugerencias de los profesionales que trabajan en los centros de Educación Especial. Los docentes de la Pública, ante su falta de preparación terapéutica y sabedores de lo que ocurre en sus aulas hoy en día, se ven incapaces de atender con la dignidad que merecen a todos esos alumnos con necesidades varias que llegarán a sus aulas. Y es que, tal y como prevé la ley, la mayoría de los centros de Educación Especial se cerrarán en el plazo de diez años.

Por eso, ante el panorama tan variopinto que les espera, no será nada extraño que las quejas más amargas a la Lomloe provengan de los funcionarios que, hasta la aprobación de esta ley, trabajan sin excesivos agobios en los centros públicos y con la vista puesta en su feliz jubilación a los 60 años. Que se vayan preparando, pues gracias a Pedro Sánchez ya no les espera ni una cosa ni la otra.