José Antonio Martínez: "Hay que cuidar que los centros públicos funcionen para que los padres tengan libertad de elegir”

El presidente de honor de Fedadi, José Antonio Martínez, es hoy una “personalidad de reconocido prestigio” del Consejo Escolar del Estado. Pero antes fue profesor de matemáticas en los Escolapios, luego en la Pública, y durante 26 años director del IES “Pío Baroja” del barrio de Orcasitas (Madrid). Desde allí vivió la eclosión de una “nueva Concertada”, cuando al lado del colegio de monjas de toda la vida que enviaba a sus alumnos al instituto al terminar 8º de EGB pusieron un centro concertado que tuvo el cartel antes incluso de construirse y al que ni siquiera los alumnos que iban eran del barrio. Una Concertada que Martínez critica y a la que ahora la Lomloe trata de poner coto.

¿Qué le parece la Lomloe?
–La ley Wert era una mala ley, técnicamente mala, aparte de planteamientos ideológicos como aquel de “castellanizar a los alumnos catalanes”, y una ley, por cierto, que, aunque ahora se esté poniendo mucho el énfasis mediáticamente en la promoción con suspensos, permitía pasar hasta con cinco asignaturas pendientes sumando optativas, de libre configuración, etc.

La Lomloe, por tanto, era necesaria porque era necesario derogar la Lomce, que, entre otras cosas, llevaba a callejones sin salida. La Lomce no tocó demasiado la estructura del sistema, pero creó un programa como el PMAR en 2º y 3º de ESO y luego dejaba a esos alumnos en un 4º ordinario, lo que era una barbaridad, cuando además se dijo que la diversificación estaba funcionando bien. La Lomce se hizo mediante la técnica de la incrustación. No tocaba todo. Por tanto, no debería tocar lo que funcionaba y sí lo que no estaba bien.

La Lomce ha durado siete años, ¿cree que la Lomloe será más longeva?
–Visto lo visto, y los apoyos que tiene, puede ser una ley con fecha de caducidad, una ley que puede durar nueve meses.

La ley habla mucho del alumnado, y esto es inobjetable, pero el problema es que luego se hacen las cosas pensando en los grupos de presión y se olvida al alumnado.

El sistema lo que necesita es sosiego, tranquilidad para implementar los cambios, previa evaluación. Iluminados y ocurrencias hay muchos, pero hay que hacer caso a los datos objetivos y reales, a los informes internacionales, y no les hacemos caso. En teoría se conseguirá una menor repetición, pero el título de ESO está. El Ministerio de Educación y FP debería quitar el título. No tiene sentido que la Educación obligatoria termine con un título, pero, claro, estamos en el país de los títulos.

Un título que en un informe del Consejo Escolar del Estado se pedía que se eliminara.
–La parte técnica de ese informe es poco discutible. Con un certificado sería suficiente. Lo importante es que lo que se obtuviera tras la ESO fuera un informe técnico.

Además, somos el país con el Bachillerato, con la Secundaria Superior, más corta. En la mayoría de los países la Secundaria Inferior dura de los 12 a los 15 años y a los 15 se está en la escolaridad post obligatoria, con diferentes salidas, y con pasarelas entre ellas. Porque los itinerarios de Wert no son los de la LOCE, son más cerrados. Yo sería partidario de una Educación con tronco común hasta 3º de ESO, con optativas, pero 4º de ESO debería ser otra cosa. La Lomloe no se atreve a replantear la ESO y la estructura del sistema.

Bachillerato y FPGM deberían durar tres años y así la escolaridad sería obligatoria hasta los 18, hasta acabar ese Bachillerato o FP. El actual Bachillerato, con un año y ocho meses, no es una etapa educativa. En 1º los alumnos están despistados, en 2º, preparando la EBAU. Bachillerato debería tener como mínimo tres años.

Sí que se ha creado una nueva modalidad de Bachillerato: General.
–Esto no está mal, hay que ver en qué se concreta, está bien que haya más caminos para llegar al mismo sitio, está bien si sirve para recuperar a un 10% de chicos y chicas, para incorporarlos al sistema.

¿Ve bien que el currículum se deje para después?
–Veo bien que el currículum se aborde en un decreto posterior, sí. Siempre ha sido así, en la LODE, la LOCE, la LOE… pero a Wert le gustaba incluirlo todo en la ley orgánica para blindarlo.

¿Y cree que están cosas que no deberían estar?
–Se mete en tinglados como la supresión del cuerpo de profesores técnicos de FP. Que se incluya en una ley orgánica su integración en el cuerpo de Secundaria no tiene sentido. Tampoco tiene sentido que se incluya en una ley orgánica que a quienes no cumplan sus funciones se les enviará a otro puesto. Se debería negociar y en un año incluirse en el Estatuto Básico de la Función Docente.

Tras la tramitación parlamentaria de esta octava ley, ¿cómo se siente?
–Estoy decepcionado, triste. Igual no hay otra forma de hacerlo que esta de acabar todos Concertada sí/ Concertada no. Yo sí he atacado a un tipo de Concertada, la que se empezó a crear en Madrid hace unos años. Pero la que cumple con unos fines sociales que siga; con control, ya que recibe dinero público. Esa acepta las reglas. La otra, no, la otra incluso recibía el concierto antes de crearse, estaba la placa de la Comunidad de Madrid sin haberse construido todavía… Pero entonces estaba Ángel Gabilondo como ministro y no dijo nada. Yo le dije a la secretaria de Estado, Eva Almunia, que convendría que lo estudiaran los servicios jurídicos del Ministerio, que estaban surgiendo centros que tenían el concierto antes de su creación y que estaban fastidiando al que se amoldaba a los estándares del régimen de conciertos, a los que, por ejemplo, tuvieron que hacerse mixtos para mantener el concierto, como las escolapias, los escolapios, los marianistas… Aunque es verdad que lo malo se extiende.

La Concertada surge en los ochenta, cuando había que escolarizar como fuera. Ahora hay que escolarizar con unos parámetros mínimos de calidad, la función de un centro sostenido con fondos públicos ha de ser el éxito de todo el alumnado. Y de eso debería preocuparse la Administración. Si se asfixia a la Pública y se da alas a la Concertada, si todo el alumnado inmigrante va a la Pública, los padres llevan a sus hijos al centro que funciona bien. Hay que cuidar que los públicos funcionen, poner los recursos, para que los padres tengan realmente libertad de elegir. El problema es que esto no se ha hecho y en unos años hemos pasado de un sistema mediocre pero con equidad suficiente a otro mediocre y sin equidad.

¿Cree que ha ganado la ley con las enmiendas que se han incorporado?
–De cómo sale la ley del Ministerio a ahora hay diferencias sustanciales. A mí me gustaba más como salió del MEFP, ahora se ha metido en jardines y se ha politizado el debate educativo. El espectáculo ha sido poco edificante, estoy frustrado porque en el debate se ha puesto el foco en cosas que no son propiamente educativas y se ha perdido la oportunidad de repensar el sistema y de ampliar la Educación hasta los 18 con vías de segunda oportunidad. No digo que los aspectos que se han debatido no sean importantes, pero quizá deberían haber sido debatidos fuera del ámbito escolar.

Y la ley debería ser más flexible, más marco todavía, de forma que si hay algo que no funciona se pueda corregir sin necesidad de una nueva ley. Tampoco se pueden adoptar decisiones talibanes que además luego no se cumplen. Los nacionalistas están satisfechos: “Ahora tenemos más competencias”, han dicho, pero para mí esto es una petición de competencias por parte de los incompetentes (y no distingo de colores). Creo que el Ministerio, al que ya solo le queda la competencia de emisión de títulos, debería haber dado hace tiempo un golpe encima de la mesa frente a la deslealtad institucional.