Leandro Roldán: “Es posible que miles de colegios concertados cierren en los próximos años”

La campaña de ámbito nacional Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos agrupa a más de 100.000 alumnos, miles de familias, más de 10.000 profesionales y 200 centros educativos en Castilla y León, lo que supone el 30% de la educación de la Comunidad. Está formado por la confederación de asociaciones de padres Concapa, los sindicatos FSIE y Feuso Castilla y León, las patronales Escuelas Católicas Castilla y León y CECE y varias federaciones de asociaciones de AMPA católicas provinciales.

Su portavoz, Leandro Roldán (secretario de ECCyL) transmite la preocupación de la Plataforma por el futuro de la enseñanza concertada ante la futura aprobación de la Lomloe. El mensaje está claro: #StopLeyCelaá.

¿Qué consecuencias tendría para la Educación Concertada la aprobación de la llamada “Ley Celaá”?
—La Lomloe va en contra de la libertad de enseñanza. La Ley Celaá supone la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual. En esta ley no hay lugar para las familias, ya que será el Estado, y no ellos, quien decida la educación que han de recibir sus hijos. Tampoco hay espacio para la enseñanza concertada y es posible que miles de colegios cierren en los próximos años. Ni para la asignatura de Religión, que volverá a ser relegada. Ni, por supuesto, para la Educación Especial, que también desaparecerá.

¿Cuáles son los principales argumentos de Plataforma Más Plurales para querer frenarla?
—Defendemos una escuela inclusiva con todos y para todos. Una escuela plural y democrática en la que podamos ser más iguales, más plurales, más libres. La campaña pretende defender la protección y la continuidad de la pluralidad educativa ante el daño que puede causar la aprobación de la Ley Celaá. Pedimos esa continuidad de la pluralidad en nuestro sistema educativo actual porque no podemos quedarnos impasibles ante una ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas, atenta contra esa pluralidad educativa, e impulsa la reducción progresiva del modelo de educación concertada.

Uno de los puntos más polémicos que recoge la nueva normativa es la eliminación de la llamada «demanda social»…
—Principalmente, la Lomloe pretende eliminar la demanda social como elemento básico en la programación de puestos escolares. Es decir, que la Administración no valorará la elección de las familias, de todos nosotros, de los ciudadanos, para establecer las vacantes. La eliminación de esta demanda social supone un paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda o la consideración de subsidiaria la educación de los centros concertados.

¿La elección de las familias siempre tiene que estar por encima la valoración de la Administración?
—Esta ley quiere cambiar los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero el garante de esos derechos dejaría de ser la familia, para pasar a ser el Estado, la Administración pública. Esta se convierte en la defensora de los derechos de la infancia, incluso frente a los padres, y también, incluso frente a las decisiones educativas de los padres. La frase que dijo la ministra Celaá: “los hijos no pertenecen a los padres” explica su postura. El Gobierno está empeñado en excluir la libertad de elección de centro de la libertad de enseñanza, ya que según la ministra la libertad de elección de las familias no forma parte de la libertad de enseñanza constitucional.

¿La demanda social puede fomentar la “guetificación” de centros con una mayoría de alumnos en riesgo de exclusión social?
—La distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, supuestamente evita la segregación educativa, pero impide de forma absoluta la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor.

¿Qué aporta la Concertada para conseguir una pluralidad y una libertad reales en la Educación?
—La enseñanza concertada ofrece libertad de elección y posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo. La hostilidad que manifiesta la Lomloe hacia el modelo plural crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural asequible a todos.

Calificáis a la Lomloe como una ley “partidista e ideológica”. ¿Por qué?
—Pretende un cambio de paradigma para justificar la defensa de la escuela pública única. La Lomloe no es que pretenda ganar la partida, es que está cambiando las reglas del juego. Quiere sustituir el derecho a la educación constitucional, por un “derecho a la educación pública”.

¿Los conciertos educativos demuestran que la Educación es un derecho en general?
— Solo hay un único derecho a la Educación reconocido por la Constitución. Intentan hacernos creer que el derecho a la Educación, como acceso universal a la enseñanza, solo se garantiza con las plazas en los centros de titularidad de la Administración pública, cuando lo cierto es que se garantiza en cualquier plaza sostenida con fondos públicos y, por tanto, también en los de la Concertada. No hay que confundir garantizar la existencia de plazas suficientes, con crear plazas públicas suficientes al margen de la demanda y la necesidad.

¿Consideráis importante que los alumnos se formen en la asignatura que propone la Lomloe: Educación en valores cívicos y éticos?
—La asignatura de valores cívicos no es necesaria, puesto que se puede y se debe transmitir su contenido de forma transversal, en el conjunto de materias, y en consonancia con el proyecto educativo de cada centro.

¿Qué reivindicáis para la asignatura de Religión?
—La Religión debe seguir siendo curricular, igual al resto de asignaturas, y, por lo tanto, evaluable y computable, de oferta obligatoria y de elección voluntaria. Es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.