Jesús Muñoz de Priego Alvear: "La Lomloe favorece la segregación escolar"

Jesús Muñoz de Priego (Sevilla, 1970) es abogado, coordinador de la asesoría jurídica de la Congregación Salesiana en su Inspectoría “María Auxiliadora”, zona Sur, además de asesor jurídico de Escuelas Católicas Sevilla. Es autor, entre otros, de En Defensa de la Libertad de Enseñanza, nuevos (y antiguos) fundamentos para su reconocimiento jurídico y social (FERE-CECA, 2015) y, desde este otoño, ejerce como portavoz de la plataforma Más Plurales.

¿Pone el peligro la Lomloe la libertad de enseñanza?
–La Lomloe pone en peligro la libertad de enseñanza con un listado de agravios interminable: elimina la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de plazas escolares por parte de la Administración, lo que aboca a una planificación unilateral por parte de la misma, que dirá dónde están las vacantes sin valorar en absoluto las opciones y peticiones de las familias; se inventa un “derecho a la Educación pública”, frente al derecho a la Educación reconocido constitucionalmente, para hacernos creer que el derecho a la Educación no se garantiza con cualquier plaza gratuita, y, por tanto, también con la Concertada, sino exclusivamente en las plazas en centros de titularidad de la Administración pública; ataca la asignatura de Religión, dejándola fuera del sistema educativo, sin los requisitos propios de cualquier asignatura; elimina los conciertos para la diferenciada; modifica en los derechos de la infancia quién es el garante, que empiezan a dejar de ser los padres en beneficio de la Administración pública, también en las decisiones educativas de los padres; no garantiza la supervivencia de los centros de Educación Especial específica;  y tampoco la Educación en el idioma español; …

¿Cree que el frágil equilibrio entre la garantía al derecho a la Educación y la libertad de enseñanza hace que se den bandazos en las sucesivas leyes?
–Es cierto que el art. 27 de la Constitución es fruto de un consenso que resultó complicado y eso provocó que el texto fuera ambiguo y permita su desarrollo legal no solo desde posturas distintas sino incluso enfrentadas. Pero a pesar de eso el consenso se alcanzó, y en una situación mucho más compleja que la actual.

Había una petición social expresa de alcanzar un pacto de Estado por la Educación, una ley de consenso, que diera estabilidad a un sistema educativo muy castigado con tantas reformas. El momento histórico era idóneo, con todo el arco parlamentario siendo consciente de esta necesidad y esta exigencia social. Pero el Gobierno ni siquiera lo ha intentado. Ha sacado una nueva ley partidista e ideológica, sin participación, por primera vez, de la comunidad educativa en la tramitación parlamentaria, con el menor número de votos en una ley educativa en el dictamen del Congreso, en plena pandemia, de prisa y corriendo. Esta ley es la revancha de la Lomce, no la ley educativa que necesitamos.

No hay ninguna incompatibilidad entre el derecho a la Educación y la libertad de enseñanza. El derecho a la Educación supone fundamentalmente el acceso universal a la enseñanza y la libertad de enseñanza permite que éste pueda hacerse desde el tipo o modelo de educación que eligen los padres, porque la Educación no es, ni se quiere que sea, mera instrucción.

Lo que sí es incompatible con la libertad de enseñanza es la escuela pública única y el intervencionismo de la Administración.

¿Tanto cambiarán las cosas cuando la Lomloe entre en vigor?
–Lo cierto es que la ley posibilita, permite, que cambien tanto, que se puede acabar con una Concertada subsidiaria de la de titularidad pública, o incluso testimonial o inexistente en algunas comunidades autónomas. Pone los cimientos para una escuela pública única.

No hay sobreactuación o exageración en esto. El PSOE lleva años atacando a la Concertada en aquellas comunidades en las que tradicionalmente ha gobernado, como Andalucía y Extremadura, y ahora lo hace con más virulencia en aquellas que gobierna en coalición con Unidas Podemos (Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja). Así, se ha procedido a intentar la reducción y cierre de unidades concertadas con demanda social, es decir, pedidas por las familias, en beneficio de unidades públicas sin demanda. Esto es un hecho.

Y si se ha procedido así, en los últimos años, con una ley que reconocía la demanda social como elemento a tener en cuenta por la Administración en la programación de plazas escolares ¿qué cabe esperar con la retirada de esa referencia? La Lomloe pretende alentar y respaldar jurídicamente esa práctica contra la libertad de enseñanza.

En la normativa actual vigente, la demanda social no es el único criterio que debe valorar la Administración. Ni siquiera es el más importante. Es uno más entre muchos otros. Pero el Gobierno quiere quitar de la ley cualquier referencia a la misma. Retirar la demanda social como criterio de límite a la discrecionalidad de la Administración permite que la misma haga una planificación unilateral en la que puede decidir dónde están las plazas escolares sin valorar en absoluto las peticiones de las familias.

Decimos que han intentado, porque esas actuaciones han sido reprobadas por la jurisprudencia de los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad autónoma a los que han tenido que acudir los centros para evitar esas reducciones y del Tribunal Supremo, que han devuelto a los centros la gran mayor parte de esos conciertos. La Lomloe pretende también sortear esta jurisprudencia.

Pero, además, la Lomloe prevé el incremento discrecional y artificial de nuevas unidades públicas (art. 109.5). Es decir, porque sí, sin que existan necesidades de escolarización (falta de plazas en zona) o demanda social (petición de plazas públicas por las familias). Eso conllevará, en esas comunidades autónomas de su signo político, la reducción de nuevas unidades concertadas con demanda social para llenar esas nuevas aulas públicas no necesarias ni pedidas.

Luego, no es que esas administraciones vayan a atacar ahora a la Concertada, es que van a seguir haciéndolo, pero ahora con una ley favorable que los alienta y los respalda a hacerlo. Se ponen las bases para posibilitar una escuela pública única, un monopolio educativo de la Administración pública.

¿Hay aspectos de la ley que todavía se pueden arreglar en el Senado?
–Mientras haya tramitación parlamentaria nuestra obligación, y nuestra responsabilidad, es intentarlo. Hemos registrado enmiendas al texto legal en el Senado para los diferentes grupos parlamentarios.

Sorprende que en medio de esta campaña el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, empiece a hablar del cheque escolar.
–Entiendo que ahora es el momento de defender la libertad de enseñanza y ya habrá tiempo, en un futuro, de valorar el instrumento para ello. Sobre esto hay muchas opiniones, pero en la mía, el concierto educativo no es un mal instrumento si se modifica para posibilitar que potencie el desarrollo del ideario o carácter propio de los centros, que es la razón de ser de los centros de iniciativa social, en lugar de frenarlo, y las cantidades económicas que se les asignan a los centros cubren efectivamente la prestación del servicio educativo, cosa que ahora no hace ni por asomo.

¿Hay segregación escolar en España? ¿Contribuye a ella la Concertada?
–Me molesta cuando desde el entorno del Gobierno quieren desviar el debate por medio de prejuicios. Los centros sostenidos con fondos públicos, y, por ello, tanto los de titularidad pública como los de iniciativa social concertados, son gratuitos. Y hay un interés espurio en confundir y mezclar conceptos con la intención de levantar sospechas sobre la Concertada, que responde al principio “difama que algo queda”. Los centros concertados no pueden cobrar cuotas por la prestación del servicio educativo básico. Pero esto no obsta al cobro de cuotas autorizadas por la realización de actividades escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios complementarios. Actividades y servicios que son voluntarios y, por tanto, solo abonan quienes los disfrutan. Y además sus cuotas son previamente controladas y autorizadas por el Consejo Escolar o la Administración pública. Por otro lado, están los donativos, que son aportaciones de mera liberalidad y que, por supuesto, cualquiera puede dar donde quiera. Los hechos son que no hay comisiones de conciliación administrativas por cobro de cuotas ilegales, ni procedimientos judiciales.

En cuanto a la segregación, creo que la Lomloe favorece esta segregación, pues permite que a los alumnos con desventaja social, económica o educativa la Administración les pueda asignar unilateralmente plaza en un centro, eliminando así, para estas familias, la libertad de elección. Nuestra propuesta está en las antípodas, sería dotarles de mayor puntuación en admisión de alumnos para que precisamente ellos fueran quienes pudieran elegir preferencialmente el mejor centro para sus características. Igualmente, el concepto asfixiante de zonificación en la ley potencia la creación de colegios gueto en zonas deprimidas.

¿Cree que en los últimos tiempos en algunas ciudades como Madrid se creó una nueva Concertada que empañó la imagen de esta red?
–Es cierto que en Madrid, en concreto, se incorporaron al régimen de conciertos centros con un perfil distinto al tradicional de entidades de iglesia y entidades sociales y fundaciones sin ánimo de lucro, pero si los padres los eligen y cumplen estrictamente con la normativa de financiación, yo no soy quien para juzgarlos. De hecho, la sociedad es mucho más plural que nuestro sistema educativo y ello debería conllevar la incorporación de nuevos centros con otros idearios.

¿Cómo está funcionando la campaña de Más Plurales?
–Estamos muy contentos con el seguimiento de nuestras acciones, pero también muy responsabilizados, porque sabemos que representamos a una parte muy numerosa de la sociedad.

El objetivo ideal sería la retirada de la ley en beneficio de una ley de consenso, o al menos minimizar los ataques a la libertad de enseñanza. Pero hay objetivos que ya se han conseguido, como que el debate social esté en la calle y en los medios y que, aunque el Gobierno y su entorno pretenda evitarlo, sea sobre argumentos y no sobre clichés o prejuicios.

¿Quién está detrás?
–Hemos sido muy transparentes en cuanto a quiénes forman esta plataforma desde el inicio. Desde su núcleo inicial de Concertados, con los representantes de los titulares, de los trabajadores y de los padres, más representativos del sector de la enseñanza concertada, a las entidades que se han ido adhiriendo a la misma, incluidos padres de la pública o estudiantes. En la web están actualizados los nombres y sus logotipos.

En ningún caso se han incorporado a la plataforma grupo político de ningún signo, por decisión de la propia plataforma, que ha querido mantener así su independencia política.

Un medio de comunicación nos dijo que una madre voluntaria que se había encargado de abrir el dominio de la web, se había presentado por un grupo político hace quince años. No miramos esto, ni nos preocupa, y menos en los voluntarios. Ojalá nos apoye gente de todas las ideologías políticas, pero lo cierto es que lo desconocemos, porque eso nos da igual. La libertad de enseñanza nos afecta a todos.

 De la Educación de todos y para todos de la marea verde en 2013 se ha pasado a una escuela con todos y para todos de Más plurales en 2020. Parecen defender lo mismo, ¿por qué están enfrentados?
–No están condenados a enfrentarse. Ese enfrentamiento es ficticio. La Concertada y la de titularidad pública responden al mismo ejercicio de la libertad de enseñanza. Ese no es el problema de nuestro sistema educativo.

Se les ha acusado de intoxicar con fake news, y hay una parte de la Concertada que dice no reconocerse en sus planteamientos.
–En la rueda de prensa del 3 de diciembre dediqué todo un apartado a este extremo. Nosotros hemos basado nuestro debate en argumentos y fundamentos, pero el Gobierno y su entorno no han querido jamás este debate y cuando se han visto obligados a entrar no lo han hecho de forma leal, sino acudiendo a estrategias de desinformación (con manipulación de nuestros argumentos para responder a esos argumentos manipulados y no a los nuestros originales, con negacionismo, con desvío de atención, minusvalorando nuestras acciones,…). Pero los ciudadanos saben leer. Pueden estar de acuerdo con nosotros o no, pero saben que hemos lanzado un debate exponiendo de forma prolija nuestros argumentos.