La escuela concertada que no teme a la ley Celaá

En el centro de Educación Secundaria y Formación Profesional “1º de mayo” de Vallecas no hay lazos naranjas. Es más, luce una pegatina de la marea verde –Escuela pública de tod@s y para tod@s– que les pusieron en su día y no han quitado. “Dice lo que debe ser, yo creo en una Concertada con espíritu público”, proclama su directora, Gema Hernández Moreno, que acaba de salir de un aula de ESO con alumnos con 16 nacionalidades distintas. El “1º de mayo”, concertado laico, tiene desde su nacimiento en 1961 esta vocación de servicio público. Especialmente destinado a los hijos e hijas de las personas humildes de un barrio que entonces carecía de medios y oportunidades formativas, se creó para llevar allí una formación profesional de calidad a quienes más lo necesitaban, lo que el barrio sigue necesitando hoy. Este curso escolariza a 484 alumnos.

Gema tiene una relación fluida con Nuria Delgado, directora del IES “Arcipreste de Hita”, cuyos alumnos suelen ir a conocer su centro, con una Escuela de Hostelería muy demandada, cada curso. Y Gema no comparte la campaña de Más Plurales: “Según mi criterio, la Lomloe nos beneficia a todos, porque la admisión del alumnado será sin segregación y equilibrada, y no creo que ninguna familia pierda el derecho a escolarizar a sus hijos donde quiera. No comparto la campaña de acoso y derribo. Quienes la critican, o no la han leído o son otros los que hablan por ellos”. Defiende que el mundo de la Concertada es muy amplio: “Ni toda es religiosa ni toda la religiosa es mala y toda la laica es buena”. En su caso, valora la autonomía que tiene en la gestión de los recursos humanos, salvo en el caso de los profesores de Religión, que vienen dados por el Episcopado: “Nosotros no tenemos que aprobar una oposición, como en la Pública, pero yo estuve cuatro años sin contrato fijo, hasta que demostré que valía”. La cruz de esta autonomía es la escasa financiación. El centro ofrece ESO, FP Básica y de Grado Medio, pero no Bachillerato: “Este no podría ser concertado y sí tendríamos que cobrar”.

En la otra punta de Madrid, en el distrito madrileño de Tetuán, Laura Calles es la trabajadora social del colegio “San Antonio”. Este escolariza a 190 alumnos de 18 nacionalidades, de los que 50 son de compensatoria y nueve de necesidades educativas especiales. Como el “1º de mayo”, es un reflejo de su entorno, como persigue la Lomloe. No cobra cuota a las familias y, de los alumnos que se quedan a comedor, prácticamente todos reciben beca.

“Nosotros nunca nos hemos sentido ni colegio concertado ni público, somos un colegio muy preocupado por sus alumnos, con carácter franciscano, que lo único que busca es que les vaya bien a los niños. No concibo en qué mundo se puede rechazar la entrada de un niño en un colegio, ni siquiera sé si se hace. Nos vienen rebotados niños de otros centros, pero no vienen de primeras porque se les haya negado la plaza sino rebotados por comportamiento. En el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE) saben que si se detecta alguna dificultad de aprendizaje, de socialización, nosotros tenemos los brazos abiertos”.

El colegio busca el éxito de todo su alumnado gracias a dos decenas de docentes, 15 horas de orientación (el máximo son 10), una trabajadora social o media aula de apoyo para alumnos de 1º y 2º de Primaria con características similares a la Educación compensatoria (que normalmente abarca de 3º a 6º), dos aulas de compensatoria, media de PT… un “lujo” de recursos humanos con los que otros centros no cuentan, gracias a que está integrado en el programa Impulsa de la Comunidad de Madrid, un piloto creado hace tres años para centros con una alta concentración de alumnos con necesidades educativas especiales, de compensación educativa o dificultades de convivencia. Heredero del programa de centros prioritarios (2005-2008) llega en la actualidad a 20 centros públicos y nueve concertados.

El “San Antonio” fue en su día centro prioritario, y nunca perdió los recursos asociados, claves para una atención personalizada. Luis Sebastián, su director desde hace tres años, explica que su especialidad es la atención a la diversidad: “Durante el curso nos suelen llegar alumnos de otros países. Tenemos un grupo de trabajo muy coordinado para que ese alumno entre en el aula, se le haga una evaluación, se vean sus dificultades, se analice su ambiente familiar… Todos en bloque determinados las necesidades de ese alumno y a partir de ahí le sacamos adelante, que es lo que más nos preocupa”. Con respecto al centro público vecino, el “Jaime Vera”, sostiene: “El alumnado es el mismo, con unas características similares, y aquí han venido alumnos del “Jaime Vera”.

Sin embargo, el “San Antonio” es concertado, e incluso está en Escuelas Católicas y CECE. Su director asume que algunos concertados que derivan alumnos a su centro quizá no cuentan con los recursos para atenderlos. Respecto a la ley Celaá, critica que se haya tramitado en pandemia y que se haya perdido en cuestiones como eliminar la demanda social cuando podría haber ido a otras como la reducción de las ratios, que en su centro ya eran bajas (21 alumnos en Infantil, 22 de 1º a 3º y 23 de 3º a 6º): “Este curso Covid se ha demostrado que una ratio menor en las clases, tanto en la Pública como en la Concertada como en cualquier escuela, es fundamental para el alumnado”, zanja.

En Valencia, en el colegio “Parque Santa Ana”, sí hubo lazos naranjas, en un centro que perdió una línea de Bachillerato con la llegada al Gobierno de la coalición del PSPV y Compromís, a la que se acusó de querer “estrangular” a la Concertada. Pero David Sáez, profesor de Matemáticas en ESO y Bachillerato, no se siente representado por Más Plurales y, aunque hay cambios de la Lomloe que le gustan menos, aplaude, por ejemplo, que, como se empezó a hacer en su comunidad hace seis años, se deje de ceder suelo público a empresas que ven la Educación como negocio. “Creo que la Lomloe preocupa sobre todo a la Concertada que no está haciendo las cosas bien, que no es inclusiva o cobra cuotas no voluntarias”, plantea.

Por su parte, Enric Masiá, director de una escuela cooperativa en Cataluña, considera que hay aspectos que se habrían podido abordar de otra forma, como la escolarización en 0-3, pues se habla de garantizar plazas en la etapa, pero solo públicas. “Queremos que la revisión del módulo de concierto sea efectiva y que no se vea la Concertada como subsidiaria”, plantea Masiá, que agradece el reconocimiento a las cooperativas, que, por primera vez, se incluye en una ley educativa. Echa de menos, eso sí, un pacto educativo con el máximo consenso posible: “La Educación no puede ser la moneda de cambio para cada nuevo Gobierno”. Y aspira a una red única potente, con los recursos necesarios, con titularidades diferentes: “La escuela concertada necesita una escuela pública con mucha calidad para no dormirse. Los desencuentros entre ambas solo benefician a la escuela privada. Deberíamos hacer un esfuerzo para acercar posiciones, ya que todos formamos parte del interés público del sistema educativo”.

Más Plurales ha llevado a Bruselas su denuncia contra la Lomloe. Considera que pone en riesgo la libertad de elección. Estos son los aspectos que ve más ‘lesivos’:

• Admisión del alumnado. El criterio principal para adjudicar una plaza será la cercanía al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar. En los centros donde la demanda de plazas supere a la oferta se constituirán comisiones de garantías de admisión para evitar que seleccionen al alumnado.
• Segregación escolar. Las comunidades deberán establecer una proporción de alumnado con necesidad específica de poyo educativo o en situación socioeconómica desfavorecida que deba ser escolarizado en cada centro público y concertado. Las comisiones velarán por una presencia equilibrada.
• Matrícula viva. Todos los centros deberán aceptar un porcentaje de matrícula viva, los alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan finalizado el periodo de admisión ordinario.
• Cuotas. Las actividades complementarias con carácter estable no podrán formar parte del horario escolar. Una comisión estudiará la cuantía de los módulos de concierto para avanzar hacia la gratuidad.
• Los Ayuntamientos no podrán ceder suelo público para construir centros educativos que no sean públicos. Se suprime el concepto de demanda social. La Pública es el «eje vertebrador del sistema».

El porcentaje de Concertada no es el mismo en las 17 comunidades autónomas, ni la misma la tasa de alumnado inmigrante o con NEE que esta escolariza. Por ejemplo, en el País Vasco, 48,4% de Concertada, esta asume al 32,% del alumnado extranjero.

En cuanto a la segregación por nivel socioeconómico, ni toda obedece a la residencial (solo explica un 50%), ni es siempre interredes. La segregación en centros privados es 8,5 veces mayor que en públicos en Cataluña, pero en Baleares o el País Vasco la diferencia es pequeña.
Aunque no toda la segregación sea interredes, el 90% de los centros gueto se encuentra en la Pública, la misma en la que estudian ocho de cada 10 alumnos en el cuartil inferior de renta, según datos de Save the Children en base a PISA 2015.

Para la ONG, es positivo que la Lomloe visibilice la segregación escolar por nivel socioeconómico, pero critica “la falta de concreción” (no fija unos mínimos y máximos de alumnos vulnerables ni aclara las funciones de comisión de garantías de derechos de admisión, ni de la Inspección si no hay una distribución equilibrada). Sabedora de que todo dependerá de la voluntad y el desarrollo autonómico, reclama un plan estatal contra la segregación del Ministerio en colaboración con las CCAA. Además, Álvaro Ferrer, técnico de incidencia política y equidad educativa de la entidad aclara: “No es un problema de Pública-Concertada, esas es solo una parte, lamentamos que el debate público se haya quedado ahí”.