Cascada de dimisiones en el Ministerio de Educación y FP; la Secretaría de Estado, desmantelada

A la reciente dimisión del presidente del Consejo Escolar del Estado, Enrique Roca (a quien ha sustituido Encarna Cuenca), se han unido en las últimas semanas la de la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Consuelo Velaz (que ha sido relevada por la ex viceconsejera de Castilla-La Mancha María Dolores López Sanz); la directora del CNIIE, Nuria Manzano, la de la subdirectora de Ordenación Académica, Montse Grañeras y la del director del Intef, Carlos Medina. Son muchas deserciones en poco más de dos años en el equipo del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

Este «desmantelamiento» del equipo de la Secretaría de Estado contrasta con la buena cohesión que existe en la Secretaria General de FP, que dirige Clara Sanz, y de esta con la ministra, quien en este momento prepara una nueva ley para modernizar esta etapa y, además, ha recibido cuantiosos fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la modernización de estos ciclos, en concreto, 1.900 millones de euros.

Este hecho avalaría la sospecha de que la moderación de las políticas educativas recibe el premio de equipos de trabajo estables y cohesionados frente a la crispación de las pretensiones ideológicas y de las tensiones derivadas de la aprobación de una ley que ha producido mucho desgaste en el equipo ministerial (empezando por la propia Celaá) y especialmente en la Secretaría de Estado de Alejandro Tiana, quien se considera el mayor perjudicado por la marcha de sus colaboradores más estrechos, especialmente la directora general Consuelo Velaz, quien ha regresado a su plaza en la universidad al no considerarse capaz de afrontar lo que se le venía encima tras la aprobación de la Lomloe, y la mala comunicación que se ha producido de la nueva ley, considerada como contraria para la libertad de Educación, realizada a espaldas de la comunidad educativa y precipitada en sus planteamientos, así como errónea (también jurídicamente) en algunos de sus puntos.

Pese a los esfuerzos del Ministerio por transmitir una imagen moderada de la nueva ley, ni las manifestaciones de la ministra en relación con el papel de los padres o con la Educación Especial ni la fuerte oposición de la Concertada, han conseguido calmar los ánimos y, en este momento, la ley está sometida a estudio por parte de la Comisión Europea, para comprobar si atenta contra los derechos y libertades fundamentales consagrados por Europa.