Los efectos de la pandemia ahondan la brecha educativa

Según la última Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 8,2% de los menores de 18 años en España (683.000) viven en hogares que no pueden permitirse un ordenador y al menos 100.000 no disponen de conexión a internet. En este contexto, organizaciones y agentes sociales alertan de que las familias con rentas más bajas han visto empeorar sus condiciones socioeconómicas con la pandemia, causando un mayor impacto en el aprendizaje de sus hijos, que ya sufrían altos índices de fracaso y abandono escolar.

En España, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de abandono escolar temprano se sitúa en el 16%. Sin embargo, Plataforma de Infancia advierte que este porcentaje se distribuye de forma muy desigual: en los hogares que se encuentran en el quintil más bajo de renta es del 28,9%, mientras que en el más alto es del 1,6%. También la tasa de repetición es más alta entre los niños de contextos sociales desfavorecidos.

«Es preciso que la política de ayudas se centre en los más vulnerables y esto implica eliminar obstáculos de todo tipo», defiende Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS, que también sostiene que hay que revisar los requisitos académicos: «Si a un niño que ha sido incapaz de cumplirlos porque no tiene los recursos necesarios se le deniega la ayuda, le estamos condenando al fracaso y al abandono escolar».

El informe de Plataforma de Infancia Por una reconstrucción con enfoque de infancia 2020 revela, en este sentido, que una cuarta parte de los estudiantes del quintil más bajo de renta no recibe becas ni ayudas al estudio por no cumplir con los requisitos académicos, como la no repetición. Ello, unido a las trabas administrativas y la necesidad de tener nacionalidad española, ahondan en la discriminación que padecen los grupos sociales más vulnerables.

Tal y como advierte Aldeas Infantiles SOS, esta situación, agravada por la pandemia, ha ahondado la brecha digital, la limitación de recursos y capacidades para apoyar el aprendizaje en casa, así como las dificultades de conciliación. Todo ello está poniendo en riesgo, según la organización, el derecho a una Educación de calidad de una parte de la infancia en nuestro país: «La defensa de la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación y la calidad de la misma no pueden pasar a un segundo plano en contextos de crisis, sino que deben priorizarse», explica Puig.

En este sentido, Plataforma de Infancia lamenta que «las políticas de infancia en España no han sido nunca una prioridad real» y urge que «se priorice su protección blindando las inversiones estratégicas». Insta, por ello, a que el Congreso recupere la Proposición No de Ley sobre el Pacto de Estado por la Infancia, aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios en 2018. 

En el texto se fijaba como objetivo prioritario aumentar la inversión real en infancia, partiendo del 1,3% actual hasta alcanzar, como mínimo, la media europea, que se sitúa en el 2,4%. Se proponía al respecto la creación de un fondo de reserva que asegurara su no regresividad, independientemente de las situaciones de crisis. Se comprometía, asimismo, a reforzar el sistema de protección.