Clara Sanz: "No podemos permitirnos este bajo porcentaje de acreditación de competencias en pleno siglo XXI"

La semana pasada se publicó el real decreto que establece la apertura de un procedimiento permanente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas en el ámbito laboral. Se trata de una de las líneas estratégicas del Plan de Modernización de la FP y se espera que suponga un antes y un después para la población activa española y nos acerque un poco más a la Unión Europea en lo que respecta a empleabilidad, aprendizaje a lo largo de la vida, movilidad y cohesión social.

La secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, nos explica la magnitud de este cambio.

¿Por qué es un hito el RD 143/2021?
–Alrededor del 48% de la población activa de nuestro país no tiene acreditadas sus competencias profesionales adquiridas a través de su experiencia laboral, a pesar de ser buenos profesionales y conocer bien su trabajo. En pleno siglo XXI, no podemos permitirnos esta realidad que limita la movilidad de los trabajadores y trabajadoras, atenta contra la equidad e impide el acceso a mejores empleos. Sin olvidar que, además, el reconocimiento profesional dignifica a la persona. Era más que necesario contar con un procedimiento permanentemente disponible que facilitara el proceso de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales para que cualquier persona en cualquier momento pudiera contar con esta acreditación.

La formación y acreditación en el ámbito profesional es un elemento básico para garantizar la empleabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Y una vez acreditadas sus competencias, ampliemos su cualificación mediante una formación flexible y que responda a lo que necesita el mercado de trabajo.

¿Qué le falló al anterior decreto, de 2009, para tener tan poco impacto?
–El RD 1224/2009 fue la mejor norma posible en ese momento. Por primera vez se planteaba reconocer aprendizajes adquiridos de otra manera que no era la del sistema reglado. La experiencia es la que permite identificar dónde debemos flexibilizar los procedimientos para evitar que su complejidad limite el potencial que han de tener. De ahí que, del análisis compartido de las administraciones, se planteara su mejora.

La nueva regulación es una de las actuaciones recogidas en el Plan de Modernización de la Formación Profesional con mayor impacto en la población activa, redimensionando el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por vías diferentes a la reglada. Acaba con las limitaciones que ralentizaban el proceso de acreditación de competencias a través de convocatorias concretas referidas a una o varias cualificaciones.

Los datos hablan por sí solos: en los últimos diez años, en torno a 300.000 personas han conseguido acreditar sus competencias. Desde 2009, fecha de la implantación del anterior procedimiento, las administraciones educativas y laborales han realizado 231 convocatorias.

La gran diferencia es que, hasta ahora, eran las administraciones quienes tomaban la iniciativa de cuándo y qué cualificaciones reconocer. Con la nueva regulación, la iniciativa está en manos de cada persona, que puede dirigirse a la administración en cualquier momento para que le sea reconocido aquel bagaje formativo del que dispone.

¿Qué pasos debe dar un trabajador para acreditar sus competencias?
–Tras ser aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, el RD 143/2021 ya ha sido publicado en el BOE. A partir de ahora, tanto las Comunidades Autónomas como el Ministerio de Educación y Formación Profesional ponemos en marcha el nuevo procedimiento.

Cualquier persona puede dirigirse a la administración educativa para que le indiquen cuáles son los requisitos y en qué centro puede solicitar el reconocimiento de aquellas competencias profesionales de las que dispone. También los interlocutores sociales pueden facilitar información a cualquier ciudadano o ciudadana interesada.

El procedimiento se pone ya en marcha. No olvidemos que, en el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional, contamos con un presupuesto de 852,5 millones para acreditar a tres millones de personas en cuatro años. Algunas CCAA ya están realizando reconocimiento y acreditación con el nuevo formato.

¿Es el sistema modular una de las grandes revoluciones incluidas dentro del Plan Estratégico de Formación Profesional?
–El sistema modular es la piedra angular del sistema integral de Formación Profesional en el que está trabajando el Ministerio de Educación y Formación Profesional, entendiendo la formación profesional como un proceso que puede iniciarse antes de finalizar la escolaridad obligatoria y que acompaña a lo largo de toda la vida laboral.

Queremos que cualquier estudiante, trabajador, empleado o desempleado pueda acceder a la formación que precise en el momento que le sea necesaria. La integración de la Formación Profesional del sistema educativo y de la Formación Profesional para el empleo responde directamente a este concepto.

Para hacer realidad esta nueva Formación Profesional y satisfacer las necesidades formativas de los ciudadanos y ciudadanas de este país, se requiere necesariamente de una oferta formativa flexible, actualizada permanentemente (acorde con las necesidades de los perfiles que demanda el mercado laboral del siglo XXI) y modular, fragmentando los títulos de Formación Profesional para ir haciendo formaciones de menor duración, hasta las microformaciones, que den lugar a microacreditaciones, acreditables y acumulables, para que cualquier persona pueda ir incorporando en su mochila formativa todo aquello que necesite a lo largo de su itinerario profesional. Ya hemos iniciado este proceso. Pero la configuración definitiva de este sistema vendrá con la Ley de Formación Profesional.

¿Cómo funcionará este tándem nueva acreditación de competencias-oferta modular?
–La Formación Profesional modular es el complemento necesario para los procedimientos de reconocimiento y acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral: se reconoce lo que ya saben y se facilita la formación en habilidades nuevas que necesitan para seguir manteniendo su empleabilidad. En definitiva, apostamos por un sistema que se adapte a las necesidades de las personas y no al contrario.

¿Es más sencilla en otros países la acreditación de competencias?
–En los países vecinos, este procedimiento está más generalizado que en España. De ahí que los datos sobre la cualificación de la población activa española estén probablemente por debajo de las competencias reales.

España cuenta con un exceso de personas con un bajo nivel de cualificación (35 % frente al 15 % de la Unión Europea, el porcentaje al que aspiramos, dado que las previsiones indican que se reducirán a este porcentaje los empleos de estas características) y una necesidad de duplicar el número de ciudadanos con un nivel medio de cualificación, los técnicos y técnicos superiores (25 % en España frente al 48 % de la Unión Europea, nuestro horizonte).

La aprobación de este proceso permanente de acreditación de competencias que afecta a todos los sectores productivos es imprescindible para reconocer el nivel de cualificación de nuestro capital humano y, a partir de ahí, facilitar y poner a su disposición la formación que pueda requerir para mejorar su perfil profesional y adaptarlo a las necesidades de su ámbito laboral.

La formación de nuestros trabajadores y trabajadoras, la preparación para satisfacer los requerimientos de los perfiles profesionales del momento actual, es de vital importancia. Por todo ello, la Formación Profesional es considerada en España y en Europa motor de cambio del modelo productivo y llave para alcanzar un empleo de calidad.

¿Qué otros hitos nos deparará la nueva FP?
–Otra de las importantes transformaciones pasa por el Catálogo de títulos de Formación Profesional y el desarrollo de nuevas titulaciones relacionadas con los sectores emergentes, así como la actualización permanente de los ya existentes. La robótica, la realidad aumentada, el desarrollo sostenible, el big data o los procesos de fabricación inteligente, entre otros, han llegado, no solo para quedarse, sino para evolucionar a una velocidad de vértigo. Y ante esa perspectiva hay que incluir nuevos títulos y adaptarlos constantemente a las novedades que transforman lo que necesitan los sectores.

Solo en el sector de la digitalización, hemos creado ya 19 nuevas titulaciones, 19 cursos de especialización, los másteres de la FP, en colaboración con las empresas más punteras del sector.

Pero también hay que flexibilizar la formación profesional, de manera que la misma formación pueda organizarse para ser ofertada de múltiples maneras en un continuo, desde los títulos hasta las formaciones de menor duración, todas ellas acreditables, acumulables, que permitan ir sumando hasta lograr un título, y en modalidades diferentes (presencial, en línea, combinada, etc).

Todo ello para mejorar la cualificación intermedia y superior de nuestros trabajadores y trabajadoras actuales y futuros, tal y como marcan las previsiones que he destacado anteriormente.

Y no puedo dejar de señalar el impulso a la formación profesional dual adaptada al tejido productivo del país que cuenta ya con el apoyo del sector empresarial y los interlocutores sociales, y que necesitamos afianzar en España como modelo de éxito.

Por último, parece que el cambio que introduce la Lomloe respecto a los profesores técnicos de FP ha generado ciertas reservas…
–El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho una apuesta muy valiente para ubicar las especialidades de profesores de Formación Profesional en el nivel en el que todos los países de nuestro entorno tienen a su profesorado de Formación Profesional. La Lomloe trata de dar respuesta a una demanda histórica de la inmensa mayoría del profesorado de Formación Profesional, ubicándolo donde, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, le corresponde. La modificación mejora notablemente la situación profesional de la gran mayoría del profesorado técnico de Formación Profesional.

Todos los docentes con la titulación académica requerida podrán acceder al grupo de profesorado de Secundaria, una vez que se desarrolle la normativa de acceso en la que el MEFP ha de trabajar junto con las organizaciones sindicales. Al profesorado que no tenga la titulación y que accedió a través de la vía excepcional se le garantiza su permanencia en el Cuerpo como profesor técnico, con todos los derechos adquiridos al ingresar en ese cuerpo docente. Ni un solo profesor pierde ni un solo derecho.

Nunca ha estado en los planes de este Ministerio prescindir de los técnicos superiores de FP para colaborar en la docencia en Formación Profesional, como algunos han interpretado. Su papel se concretará en la nueva Ley de Formación profesional en la que ya estamos trabajando junto con todos los agentes implicados en el ámbito de la Formación Profesional.