El Defensor del Pueblo renuncia a recurrir en el Constitucional la ley Celaá

En su escrito, el solicitante pedía recurrir la norma porque, a su juicio, en su elaboración no se había posibilitado la participación ciudadana ni se había cumplido el requisito de información pública. Dos argumentos que rechaza el Defensor del Pueblo, que alega que el proyecto fue sometido a información pública entre el 26 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2018 y posteriormente fue presentado en el Congreso como proyecto de ley en febrero del año siguiente, si bien decayó por la convocatoria de elecciones. El proyecto fue nuevamente presentado en marzo de 2020 y tras la tramitación parlamentaria, «que no es objeto de cuestión», aclara la resolución, fue aprobada la ley orgánica cuestionada.

Recuerda el Defensor del Pueblo que el defecto denunciado, si hubiera concurrido, se habría producido en el procedimiento administrativo previo y no en el procedimiento legislativo, «por lo que mal puede sostenerse que ese supuesto defecto pudiera provocar la invalidez de la ley».

PP y UPN recurren la ley Celaá ante el Constitucional

En cambio, tanto PP como UPN y Vox sí han presentado recursos contra la Lomloe. El líder del PP, Pablo Casado, ha opinado que la ley Celaá es un “ataque” a la libertad, la calidad y la unidad del sistema educativo durante la presentación, junto con el presidente de UPN, Javier Esparza, del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma (Lomloe) y ha insistido en que la derogará si llega al Gobierno.

Durante un acto en un colegio concertado de la ciudad de Madrid junto a Javier Esparza, presidente de UPN, que también se ha unido a dicho recurso, Casado ha señalado que los hijos no pertenecen al Estado, que “debe alejar sus manos de lo que es la formación de nuestros jóvenes y ocuparse de que tengan una educación de calidad”. “No podemos aceptar que una ministra diga que no son nuestros hijos”, ha añadido el líder popular en alusión al poema de Khalil Gibran que publicó la ministra de Educación, Isabel Celaá, el pasado día 21 en su cuenta de Twitter, titulado “Tus hijos no son tus hijos”. Tampoco, ha continuado, “vamos a aceptar que se use a nuestros hijos como herramienta de un proyecto de ingeniería social o de transformación nacionalista de algunas comunidades autónomas”, por lo que la Lomloe será derogada si el Partido Popular llega al poder y se volverá “al sistema anterior”, ha recalcado.

En cuanto al recurso que su partido ha presentado ante el Tribunal Constitucional, Casado ha señalado que va contra la libertad para elegir centro, atenta contra el derecho de las familias a elegir la enseñanza concertada y va en contra de los niños con discapacidad para seguir en los centros de Educación Especial. En este punto, se ha dirigido a la portavoz parlamentaria de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo, y al diputado Juan José Matarí, ambos padres de hijas con síndrome de Down, para “lamentar mucho las palabras impresentables e inadmisibles” de Celaá en la última sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. En su opinión, el trato de la ministra hacia Matarí merece su cese inmediato: «Eesto pasa en cualquier país del mundo y estaría cesada”.

Por otro lado, ha tachado de “ridículo” que la Lomloe utilice la lengua “como instrumento de ingeniería social para tejer departamentos estancos en territorios donde el nacionalismo gobierna”, entre los que ha citado el País Vasco, Baleares y Cataluña. Por ello, “queremos garantizar que la lengua castellana sea vehicular en toda España”, así como que, al menos, un 65% de las materias troncales sean comunes.

El recurso de inconstitucionalidad, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española.

Vox recurre la ley Celaá ante el Constitucional por «sectaria y excluyente»

Por su parte, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha registrado en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de Educación por considerar que es «sectaria y excluyente». Así ha definido la ley la diputada de Vox Macarena Olona, quien a las puertas del Tribunal Constitucional ha explicado que piden la nulidad íntegra por defectos de tramitación o bien la subsidiaria nulidad parcial de varios apartados, entre ellos los referidos a la Educación concertada, la Educación Especial y la lengua castellana.

Respecto a la «ausencia de garantías democráticas» durante su tramitación, Olona ha indicado que faltaron informes consultivos del Consejo de Estado y el Consejo Escolar.

Si esa nulidad íntegra fuese desestimada, Vox pide que se supriman los artículos sobre la Educación concertada por, a su juicio, suprimir el criterio de demanda social en la programación de plazas financiadas con dinero público. La nulidad del apartado sobre Educación Especial es solicitada por fijar un plazo de diez años para suprimir progresivamente los centros concertados especializados en la atención al alumnado, ha señalado Olona, quien además ha opinado que la opción pedagógica de la educación diferenciada por sexos sí es constitucional, por lo que no puede tener diferenciación en la financiación pública.

El recurso también atañe a la asignatura de Religión, que «se suprime» porque «se impone la ideología de género y la Educación afectiva-sexual como principios de todo el sistema educativo». La diputada Georgina Trías ha agregado que esa «imposición» de la Educación afectivo-sexual se hace «bajo el eufemismo de la educación para la salud» para «informar» a los escolares «desde los 6 años» de «prácticas eróticas».

La exclusión del castellano como lengua vehicular es objeto también del recurso de Vox, y, según Olona, eso le diferencia del recurso del PP contra la misma ley, pues ese partido tiene «baronías» que le impedían ir contra ese aspecto, «especialmente en Galicia». Vox pide al Constitucional también que se pronuncie sobre «el suelo de competencias básicas del Estado», por la «inhibición» que aprecian en la ley Celaá.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha indicado que es el decimocuarto recurso ante el Constitucional presentado por su partido –que tiene esta potestad al superar la séptima parte del Congreso en esta legislatura– y ha lamentado «la inoperancia y el silencio cómplice y arbitrario» de ese Tribunal, por sus decisiones sobre recursos anteriores, entre ellos los referidos al estado de alarma.

«Este Tribunal está al servicio de intereses políticos y no vela por la Constitución», ha añadido Ortega Smith, quien cree que está resultando ser «el órgano de amparo de los políticos en sus políticas contrarias a la propia Constitución».