CCOO, UGT y FAPA critican la tramitación de ley educativa de Ayuso en precampaña

La Comunidad de Madrid inició en enero la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, que pretende garantizar «la libertad de elección, la calidad de la enseñanza, la Educación Especial y el español como lengua vehicular» y así «mejorar» aspectos de la denominada ley Celaá, según explicó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En una rueda de prensa, CCOO, UGT y la FAPA Francisco Giner de los Ríos han censurado que esta ley no va acompañada de una memoria económica, contiene «falacias» y no responde a un análisis de la situación de la educación madrileña sino al «relato de confrontación» contra el Gobierno central.

La secretaria general de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha expuesto que «no se debería estar tramitando por la vía de urgencia en el Consejo Escolar en este momento», por la convocatoria electoral del 4 de mayo. Por ello pidieron ante el Consejo Escolar que se paralizase «la tramitación por la vía de urgencia de la consideración de este anteproyecto de ley» aunque se ha rechazado «de manera insistente», ha dicho. En su opinión, la tramitación «no es procedente» porque «las instituciones del poder ejecutivo» y del legislativo «quedan paralizadas en ese periodo para someterse a la regulación de la campaña electoral», y además «el prestigio y el valor del Consejo Escolar quedan muy tocados» porque «parece que se convierte en un instrumento más para el partido en el Gobierno».

Tanto los equipos jurídicos de CCOO y de UGT valorarán tomar acciones legales en función del desarrollo de los acontecimientos, y la FAPA interpuso hace unas semanas un recurso para paralizar el proyecto ante el consejero de Educación, Enrique Ossorio, pero no han tenido «ningún tipo de respuesta», ha dicho la presidenta, María del Carmen Morilla.

Según la responsable de CCOO, la norma contiene elementos que consideran «directamente falacias», como lo referido a la «libertad educativa», algo que «tiene que ver más con el relato de la propaganda política para una campaña electoral» que con dar soluciones a los «verdaderos problemas» de la educación madrileña. Tampoco es novedosa porque contiene de manera «reiterada cortas y pegas de otras normas anteriores» –por ejemplo, en lo referido a la Educación Especial– y trasciende a su juicio las competencias autonómicas en aspectos como la regulación de los conciertos o la Inspección educativa, lo que «que podrían tener un carácter inconstitucional».

La secretaria de Enseñanza de UGT, Teresa Jusdado, ha apuntado que han hecho un análisis de la Educación madrileña con propuestas que recogen en el dictamen alternativo, que les «gustaría tener ocasión de debatir con la Consejería de Educación». Entre las propuestas, ha mencionado «un plan de inversión que se pudiera aproximar al 7% del PIB» para «revertir los recortes», evitar la «precariedad laboral actual», «reducir la carga lectiva de los docentes» y «homologar las retribuciones con otras comunidades autónomas». Asimismo, creen que en esta ley la Comunidad de Madrid debería «garantizar una adecuada y equilibrada distribución de los centros escolares y de las plazas», y afrontar la transformación digital, ya que la pandemia «nos ha demostrado que estamos a años luz», por lo que debería haber una «buena planificación y una gran inversión».