Celaá descarta prolongar la asistencia semipresencial en ESO y Bachillerato

Propuesta medidas centros educativos (PDF)

Así lo ha dicho Celaá este miércoles en rueda de prensa junto al titular de Universidades, Manuel Castells, en la que ambos han explicado las principales líneas de inversión del Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia de sus departamentos. En el caso de Educación, Celaá ha detallado que la digitalización, la Formación Profesional y la modernización del sistema educativo serán los programas receptores de los 4.687 millones de fondos europeos.

Celaá ha recordado que «España tiene el honor de haber tenido todas las aulas abiertas en el curso 2020-21, sin superar en ningún momento el 2% de clases cuarentenadas, gracias al esfuerzo de todos». Pero ha reconocido que los alumnos de 1º de Bachillerato, 2º y 4º de la ESO han seguido las lecciones de forma semipresencial, una modalidad que espera que no se perpetúe el próximo curso.

A pesar de su apuesta por la presencialidad, la responsable de Educación ha defendido la inversión de 827 millones de los fondos europeos en la creación de 240.000 aulas digitales en tres años, «necesarias para la renovación de la pedagogía y para que el alumno esté donde esté pueda recibir lo que dice en clase». Y ha defendido también la decisión adoptada el pasado año para la EBAU de forma presencial tras «mucho trabajo» de alumnos y docentes en 2º de Bachillerato.

La ministra ha revelado que un 8% más de estudiantes logró superar el Bachillerato y la universidad, posteriormente, refrendó en las pruebas de acceso que habían adquirido el nivel de conocimiento deseable, por lo que ha insistido en que «no hay polémica en la comunidad educativa por la EBAU del año pasado, ni en la universitaria ni en la no universitaria». También ha descartado que haya alumnos que no puedan acceder a la universidad por un motivo económico y, tras recordar que las tasas de la EBAU las fijan las comunidades, ha destacado que los gobiernos autonómicos dan ayudas donde consideran pertinente hacerlo para que los estudiantes se puedan presentar a la prueba.

Respecto a la EBAU, el martes en el Pleno del Senado Celaá aseguró que se está trabajando para «introducir mejoras» para –dijo– que haya «más equidad en la prueba», en respuesta a una pregunta del senador popular Pablo Ruz, que ha pedido un único modelo de evaluación para todo el país en vez de un examen distinto por comunidad autónoma.

El Ministerio de Educación ha decidido también destinar 670,9 millones de euros a la creación de más de 60.000 plazas de primer ciclo de Infantil (0-3) de titularidad pública para extender la escolarización de este ciclo y compensar los efectos de las desigualdades de origen socioeconómico. Una inversión inicial y un «impulso adicional» del Gobierno que Celaá espera que continúe en 2024, ya que la educación «es el motor económico que nos permite ser competitivos». Por eso, ha expresado su esperanza de que en 2024 «algunas personas sigan viviendo para continuar con este estímulo», tras revelar que en la actualidad solo una media del 40% de alumnos de este ciclo acuden a las aulas.

De los fondos europeos, casi 1.500 millones se destinarán a digitalización; 2.075 millones a Formación Profesional y 1.115 a la modernización con equidad del sistema educativo, según ha explicado Celaá.

Por su parte, los rectores españoles han criticado que los fondos europeos de reconstrucción se «limiten» este año a ayudas postdoctorales y al plan de digitalización y han defendido que deben servir para introducir cambios estructurales, según explican en un comunicado enviado hoy miércoles. La CRUE afirma que hace meses envió a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y al ministro de Universidades, Manuel Castells, sus propuestas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo de incluir la Universidad en su estrategia de reparto de los fondos europeos. Su presidente, José Carlos Gómez Villamandos, sostiene que la financiación europea «no debe limitarse, tal y como ha previsto el Gobierno para este año, a programas de ayudas postdoctorales y al plan de digitalización».

Aunque considera que estos dos asuntos son necesarios, advierte de que la ayuda europea «debe servir para introducir cambios estructurales y funcionales que permitan a la Universidad cumplir los objetivos que la sociedad española y europea le reclama». Para la CRUE, esta crisis de la Covid sin precedentes supone una nueva oportunidad para situar la Educación Superior, la Ciencia y la Investigación «en el lugar que merecen, como han hecho los ecosistemas más innovadores y dinámicos del mundo».

Con el título «Plan de participación de las universidades en el mecanismo de recuperación y resiliencia. Transformar los campus para transformar la sociedad», la CRUE ha elaborado una estrategia de fortalecimiento institucional de las universidades dirigida a transformar los campus en polos de desarrollo económico desde una perspectiva integral. El documento se organiza en cuatro pilares complementarios y alineados con las prioridades establecidas en el Plan de Recuperación del Gobierno: Ciencia y conocimiento, formación y empleo, sostenibilidad y trasformación digital.

También identifica los diferentes papeles que la Universidad puede jugar en el reparto y utilización de los fondos –receptora, transmisora e impulsora– y propone diferentes actuaciones para que los campus universitarios se conviertan en vectores de transformación de la sociedad. Entre algunas de las iniciativas señaladas, se encuentran la apuesta por la Ciencia Abierta (en lo que va de año ya se han firmado acuerdos transformativos con cuatro grandes editoriales científicas), el establecimiento de una financiación basal de los grupos de investigación y la renovación de las infraestructuras científicas.

«Las universidades lideramos la Transferencia del Conocimiento y hemos demostrado que jugamos un papel clave en la lucha contra la pandemia», pero también «deben jugar un papel clave en la transición hacia una Economía del Conocimiento y la recuperación de nuestro país», afirma Villamandos, que espera que las propuestas de Crue sirvan al Gobierno para justificar y pedir ante la Comisión Europea nuevos fondos en 2022.