Historia de un plan necesario, pero insuficiente
La Covid-19 ha empeorado la situación de los alumnos más desfavorecidos.
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El Plan PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo) fue implementado entre 2005 y 2012 y contaba con una dotación de 500 millones de euros destinados a cientos de centros en todas las comunidades autónomas.
Se dividía en dos modalidades: el Programa de Acompañamiento Escolar (PAE), de apoyo a alumnos con dificultades y problemas en el aprendizaje a través de monitores acompañantes o profesores del propio centro en pequeños grupos y en horario extraescolar, y el Programa de Apoyo y Refuerzo (PAR), consistente en la aportación de recursos complementarios a centros situados en entornos difíciles y con una proporción elevada de alumnado con perspectivas educativas muy bajas.
Un informe de 2014 demostró que el programa PROA redujo en dos puntos la probabilidad de abandono escolar
En 2012, el programa desaparece como consecuencia de la gran recesión y de los recortes provocados por la misma que afectaron, sobre todo, a las actividades que por aquel entonces se consideraron “prescindibles”, según Toni Roldán y Antonio Cabrales, autores del informe Dos acuerdos educativos para la legislatura: una propuesta transversal.
En 2020, debido a las consecuencias provocadas por la Covid-19, se crea el programa PROA+ 20-21, una propuesta que persigue la igualdad de oportunidades, dado que los alumnos de entornos desfavorecidos o que ya estaban rezagados son los que más afectados se han visto por el cierre de los centros educativos, según analizan Jorge Sainz e Ismael Sanz de la Universidad Rey Juan Carlos.
En un informe de evaluación sobre el Plan PROA, realizado en 2017 por José García-Pérez y Marisa Hidalgo, profesores de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, se demostró que los estudiantes que habían acudido a estas clases de refuerzo habían mejorado sus resultados en lectura, matemáticas y ciencias.
Además, se comprobó que una mayor exposición al programa mejoraba las calificaciones de los estudiantes y que el impacto era mucho mayor entre los alumnos de escuelas rurales.
El PROA+ persigue la igualdad de oportunidades en el contexto de pandemia, que ha afectado a toda la comunidad educativa
Por su parte, en 2014 dos profesores de la Universidad de Valencia, Lorenzo Serrano y Ángel Soler, demostraron que el programa PROA redujo en dos puntos la probabilidad de abandono escolar. Señalaban la importancia de las características personales y familiares en la decisión de abandonar, pero remarcaban que el programa tenía un efecto significativo sobre el abandono y, además, sugerían que ese efecto era creciente con la intensidad del programa. A mayor disponibilidad de fondos per cápita le habría correspondido una reducción más acusada del abandono.
En la resolución de 31 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se formalizaban los criterios de distribución a las comunidades autónomas del crédito destinado en el año 2020 al Programa PROA+ 20-21, que ascendía a 40 millones de euros, se hacía referencia a que dicha iniciativa tenía como objetivo «reforzar la equidad educativa de la red de centros, en función de las características de las zonas en las que se ubican, con especial atención a los centros educativos que presenten mayor complejidad».
El criterio de distribución del programa tuvo en cuenta el número de alumnos escolarizados en Primaria y Secundaria, el porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, la tasa de idoneidad a los 15 años, la dispersión de la población y el Censo de Población y Viviendas, para distinguir entre zonas urbanas, rurales y semirrurales, con el fin de apoyar a los alumnos más desventajados para que encuentren la motivación que necesitan para continuar sus estudios y disminuir la brecha económica y social.
