Las comunidades podrán volver al tamaño de las clases de antes de la pandemia

A petición de algunas comunidades, el Ministerio ha modificado en este nuevo documento lo referido a los topes o tamaño máximo de las clases en las distintas etapas educativas, permitiendo establecer los previstos en las respectivas normativas autonómicas. En el anterior borrador de trabajo se especificaba, por ejemplo, que en Infantil de 3 a 6 años se iban a formar grupo de convivencia estable (burbuja) de un máximo de 20 niños junto al tutor, y en Primaria de hasta 25 estudiantes. Ahora, el MEFP se remite a las ratios establecidas en la normativa aplicable en las comunidades autónomas, y lo mismo en el resto de los tramos de enseñanza.

En el documento, con fecha de 17 de mayo, se afirma que la organización del alumnado de Infantil será en grupos de convivencia estable, formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable junto al tutor. Además, a estos niños se les permitirá la interacción entre grupos de un mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos…).

En Primaria, de 1º a 4º, habrá también grupos burbuja, formados por un máximo acorde a las ratios fijadas en la normativa autonómica, mientras que en 5º y 6º la organización se podrá hacer como grupo estable manteniendo la distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros.

En Secundaria, Bachillerato y FP se deberán mantener una distancia interpersonal dentro del aula de 1,5 metros, pudiéndose rebajar a 1,2 metros, para garantizar la presencialidad; en ambos casos el tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable, siempre según este borrador.

En relación con el uso de la mascarilla, su uso será obligatorio a partir de 6 años con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable.

El consejero de Educación en funciones de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado cree que el documento que les ha adelantado el Ejecutivo es “razonable”, ya que Madrid comparte su opinión sobre la presencialidad. Entre las comunidades que ha pedido una menor distancia en el aula entre alumnos se encuentra la Región de Murcia, que aboga por que la separación entre mesas de estudiantes debe ser de un metro, la misma postura que Aragón. La menor distancia implica que quepan más alumnos en el aula y permite a las autonomías prescindir de los desdobles y profesores de refuerzo contratados a consecuencia de la pandemia, algo a lo que la comunidad educativa y sindicatos docentes ya se han opuesto.

La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha pedido al Gobierno una línea de financiación similar a la aplicada en el presente curso para garantizar la presencialidad de los alumnos en las aulas de cara al 2021-22, también en Secundaria, Formación Profesional y Universidad.

En un comunicado, la Junta de Castilla y León ha valorado que el documento del Gobierno de cara al próximo curso anime a las autonomías a garantizar la presencialidad «al menos hasta los 14 años», aunque posteriormente pide reforzarla también en los cursos superiores «por motivos de rendimiento académico, bienestar emocional y equidad». Para financiar estas medidas, pese a que el documento también permite recuperar las ratios de alumnos por aula previas a la pandemia siempre y cuando se garantice la distancia de seguridad, la consejera ha remitido al Gobierno a los fondos provenientes de la Unión Europea para hacer frente a la pandemia.

Lucas ha explicado que Castilla y León contrató a 1.300 profesores más para dar cobertura a las exigencias de este curso, a la vez que ha tenido que destinar recursos a la limpieza y medidas preventivas contra la Covid, como los equipos Covid-Colegios para optimizar los rastreos y la adquisición de medidores de CO2 para las aulas, entre otras. La consejera se ha mostrado «satisfecha» con los resultados obtenidos tras la implementación de dichas medidas, que han posibilitado que todos estudiantes de la Comunidad hayan asistido de forma presencial a las clases.

Igualmente, el consellerio de Galicia, Román Rodríguez, ha asegurado que desde Galicia demandarán conocer «si va a haber fondos complementarios para poder adaptar el sistema educativo a los mandatos que surjan en esta reunión», ya que el año pasado «la Xunta tuvo que implementar en torno a 160 millones de euros de sobrecoste para poder garantizar el funcionamiento del sistema educativo».

Por su parte, CSIF y CCOO han rechazado la posibilidad de volver a las ratios de antes. El responsable de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha opinado que el coronavirus debe servir para mejorar la Educación e intentar solucionar sus problemas estructurales: «No podemos retroceder y aumentar el número de alumnos por clase. Unos 40.000 docentes pueden quedarse fuera del sistema educativo en el curso que viene». Tras afirmar que la reducción de ratios es una medida esencial para mejorar la calidad de la Educación, Gutiérrez dice no comprender «cuál es el aval científico para la reducción de la distancia entre alumnos de 1,5 metros a 1,2. Tampoco sabemos si se da la pandemia por finalizada».

Por otra parte, la Federación de Enseñanza de CCOO ha exigido al Ministerio que ejerza su «función de liderazgo y consensúe con las consejerías de Educación la prórroga de las medidas educativas y de salud pública que han permitido el mantenimiento de las aulas de los centros abiertas durante el curso 2020-21». En este sentido, CCOO manifiesta su «absoluto» desacuerdo con la rebaja de estas medidas: «volver a ratios anteriores a la pandemia, disminuir de la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 metros, prescindir del profesorado Covid durante el curso 2021-22 por parte de algunas administraciones educativas, sobre todo cuando aún la pandemia no está superada».

Además, el sindicato dice no entender el motivo por el cual se relajan las medidas tomadas, «más allá de razones de carácter puramente económico alejadas de los intereses educativos que siempre han de primar, cuando el propio Ministerio reconoce que han supuesto una garantía para que los centros hayan sido un modelo internacional gracias a la capacidad de mantener la apertura”.