Los fondos de recuperación europeos: muy digitales pero poco sistémicos

Los fondos europeos de recuperación supondrán una inyección en el sistema educativo español de 4.687 millones hasta 2023, y lo harán englobados en tres grandes paquetes de medidas, los que corresponden al componente 19 (Digitalización, 1.496 millones de euros), al componente 20 (Impulso de la Formación Profesional, 2.075,4 millones) y al componente 21 (Modernización con equidad, 1.115,6 millones).

La semana pasada, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, fue desgranando cada una de las partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que corresponden a su departamento, acompañada de su homólogo de Universidades, Manuel Castells. Con 827 millones para la instalación de más de 240.000 aulas digitales interactivas (ADI), 254 para la creación de 135.000 plazas de FP, 670,9 para 60.000 nuevas plazas de 0-3 o 320 para la implantación de PROA+, “la profunda reforma del sistema educativo que emprendimos hace tres años se verá definitivamente impulsada”, proclamó Celaá.

Los fondos servirán para financiar medidas de nuevo cuño, como las “unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado con dificultades”, con más de 124 millones, pero la sensación, para algunos expertos consultados, es de “ambición insuficiente”, con una “inversión escasa” en comparación con otros países, que están dedicando muchos más recursos por alumno a la pérdida de aprendizaje, y propuestas “muy poco innovadoras” [la digitalización se entiende en gran medida como dar ordenadores a los alumnos y poner pizarras digitales en las aulas], según el director de Investigación y senior fellow de Educación en EsadeEcPol, Lucas Gortazar.

El catedrático de Economía en la Universidad Carlos III y miembro del grupo sobre recualificación dentro de la estrategia España 2050 Antonio Cabrales cree que las prioridades a grandes rasgos son correctas, pero que “las proporciones no son ideales”. “Para mi gusto hay demasiado énfasis en digitalización, y en concreto en dar aparatos. Creo que hubiera sido mejor poner mucho más, en términos relativos, en PROA+, que solamente se lleva 300 millones y menos en digitalización, que se lleva 1.500. Y, francamente, no entiendo para qué hacen falta 724,6 millones de euros para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral de tres millones de personas. No está bien explicado. Si solamente es “acreditar” basta con hacer alguna prueba. Si van a dar formación, que sería más caro, ¿por qué lo llaman “acreditar”?”. Por último, como Gortazar, incide en la necesidad de acompañar los fondos europeos de una “cultura de rendición de cuentas y renovación permanente para que de verdad haya otro panorama”.

Más optimista con el maná europeo se muestra el sociólogo de la Complutense Mariano Fernández Enguita: “El hecho de que el capítulo 7, Educación, absorba el 17.6% del PRTR, mientras que en los presupuestos ordinarios se mueve en torno al 10%, y que ascienda a cerca de cinco mil millones, lo que equivale a casi dos años de partidas ordinarias, no suena mal”.
Frente a la presión para que se destinaran a bajar las ratios, definitiva o provisionalmente [no se podría, pues los fondos de la UE van a gastos no recurrentes y, por tanto, los únicos docentes que financian son los de refuerzo, y tampoco al 100%] para Enguita es más estimulante que se empleen en nuevos gastos para avanzar en la transformación educativa.

En este afán, concede, falta concreción. “No sé qué van a ser esas ADI. Si hace referencia a un aula tradicional con una PDI conectada a una plataforma más un modelo BYOD reforzado para que sea 1×1, para ese viaje no hacen falta alforjas”. Si se va hacia la hiperaula “abierta, flexible, hiperespacio, hipermedia, hiperrealidad y codocencia, en la que el diseño de la organización y la actividad están abiertos”, sí se iría, cree Enguita, en la buena dirección, “pero no sé hasta dónde querrán llegar profesores, centros y administraciones, muchos actores a tener en cuenta”.

En este sentido, el PRTR incide en la capacitación docente (con más de 320 millones en formación en competencia digital), lo que Enguita aplaude, como aplaude el anuncio de la ministra Celaá de que la carrera docente será el próximo gran debate: “Espero que así sea, porque el profesorado es la piedra de toque y, en parte, el cuello de botella de la imprescindible transformación educativa, incluso del mero buen funcionamiento en la inercia habitual”.

• El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas definirán mañana un poco más cómo será el curso 2021-22. Lo harán a partir de un borrador que incluye medidas como el mantenimiento de la ratio de 20 niños por profesora en Infantil, el aumento de la ratio de 20 a 25 niños en Primaria y la reducción de la distancia interpersonal de 1,5 a 1,2 metros en ESO y Bachillerato.
• Distintos sindicatos, de ANPE a CCOO, se han mostrado decepcionados con el borrador de medidas de prevención frente al Covid-19 en las aulas para el próximo curso. Para ANPE, deberían mantenerse, como mínimo, el mismo número de docentes contratados este curso, e incrementarse los desdobles para hacer frente a los déficits de aprendizaje producidos en este tiempo. CCOO también cree que habría que prorrogar las 35.312 contrataciones de este curso y aumentar en 30.000 el número de docentes el curso que viene.
• De momento, solo dos comunidades, Navarra y Cantabria, han avisado ya a los centros de que el próximo curso van a volver a contar con los docentes contratados a mayores, que suman 666 en el caso de Navarra y 469 en el de Cantabria. Desde Extremadura se apuesta por que el curso 2021-22 «no varíen mucho las condiciones». En cambio, otras comunidades, como la Región de Murcia, reclamarán que en el protocolo de Sanidad y Educación no se establezca una ratio máxima y que la distancia de seguridad se reduzca a un metro, «en base a la evidencia científica disponible».
• En comunidades como la de Madrid, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una bajada progresiva de las ratios, se estudiarán los resultados académicos en el curso 2020-21 para analizar el impacto de la bajada de ratios. En el IES «Bovalar» de Castellón los partes de incidencia en el primer trimestre pasaron de 125 en 2019 a 20 en 2020, con ratios más bajas, según registró el director del centro, Toni Solano.