Los padres cuestionan los grupos mixtos de diferentes edades en Infantil y Primaria

El informe anual del Defensor del Pueblo publicado la semana pasada, que analiza las quejas que han llegado a este organismo en este curso Covid, constata las dificultades de numerosos alumnos para acceder a la Educación a distancia al no tener acceso a la red o no disponer de dispositivos de conexión para poder continuar con la actividad lectiva por medios telemáticos.

También destaca que una de las medidas organizativas establecidas en el presente curso, muy cuestionada por los padres, ha sido la formación de grupos mixtos de distintos cursos en Infantil y Primaria, autorizada por diferentes comunidades como Aragón, Asturias, Cataluña, la Comunitat Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias, Canarias y Andalucía.

A juicio de los reclamantes, esta medida va a significar un “desfase curricular significativo” para los alumnos del grupo mixto, que afectará de forma “muy negativa a la calidad de la Educación que recibirán”. Opinan que se trata de un “nuevo escenario educativo” para el que “no están preparados los profesores”, que deberán atender a alumnos con diferentes niveles de competencia curricular y recursos didácticos.

Grabación de las clases

Asimismo, el Defensor del Pueblo ha estimado la conveniencia de incluir, dentro del mínimo común de medidas organizativas, la transmisión o grabación de clases por el profesorado, en entornos seguros, tanto para los grupos que tengan reducido el horario presencial como para aquellos que tienen suspendida temporalmente –por aislamiento o cuarentena– o durante todo el curso –por presentar patologías de riesgo o por convivir con personas especialmente sensibles al virus– su asistencia a clases presenciales.

El informe también destaca las quejas formuladas en relación con la jornada escolar, pues, como en el caso anterior, han sido muchas las familias que han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para que se instase a las administraciones educativas a establecer la jornada continua de forma excepcional para el presente curso en todos los centros sostenidos con fondos públicos, con el fin de minimizar el riesgo de contagio.

Un número significativo de quejas presentadas una vez iniciado el curso, denunciaron “falta de profesorado”, lo que según el informe revela que la plantilla de algunos centros docentes “está siendo claramente insuficiente”. En algunos casos, esta insuficiencia deriva del hecho de haberse agotado las listas ordinarias y las extraordinarias de aspirantes a plazas interinas, lo que ha llevado a tener que recurrir a la contratación de profesores a través de los servicios de empleo.

Admisión de alumnos

Por otro lado, las quejas referidas a la admisión del alumnado han vuelto a representar un volumen similar al de años anteriores y, en líneas generales, por las mismas cuestiones, todas ellas relacionadas con los procedimientos de admisión, lo que ha motivado que muchas familias se hayan dirigido a esta institución para solicitar el aumento de ratio o de unidades escolares, especialmente en Infantil y Primaria.

La reiteración de quejas sobre la insuficiencia de plazas en determinados niveles o enseñanzas, incidencias en el proceso de admisión y la falta de baremación de determinadas circunstancias familiares hacen que un año más esta institución se haya dirigido a las administraciones educativas para que “extremen el cuidado en la planificación y en la previsión de las necesidades presentes y futuras, faciliten a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y consideren la aplicación o ponderación de aquellos criterios que puedan contribuir a objetivos tan necesarios como la conciliación de las necesidades familiares y laborales.

En el ámbito de la Formación Profesional, se advierte un aumento considerable de las quejas relativas a la insuficiencia de plazas en centros públicos y a las dificultades para poder acceder a estas enseñanzas fuera de la comunidad autónoma de residencia.

También en este ejercicio han continuado llegando al Defensor del Pueblo quejas de ciudadanos manifestando que la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo “no era la adecuada” por la falta de medios personales o materiales necesarios para garantizar la Educación inclusiva.

El actual Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán considera que “la Educación es el principal instrumento de movilidad social y la mejor ayuda para superar desigualdades económicas y sociales”. A juicio del Defensor la pandemia ha tenido efectos negativos en esta materia y “ha mostrado un estancamiento de la función de ascensor social, que la Educación venía realizando».

1. El Defensor del Pueblo es consciente de las inversiones que todas las comunidades autónomas vienen realizando en la formación del profesorado y en la dotación de infraestructuras y equipamientos tecnológicos para el proceso de enseñanza‑aprendizaje (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) desde el inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, apunta que “la pandemia ha mostrado que es necesaria una mayor inversión para conseguir la innovación metodológica y la transformación de la organización escolar, que en estos momentos resulta, más que nunca, imprescindible”.
2. Aunque la pandemia ha marcado la mayor parte de las quejas recibidas en materia de Educación no universitaria, en 2020 también se han tramitado asuntos relacionados con deficiencias en instalaciones escolares, dificultades para acceder a un determinado centro, complicaciones para obtener becas y ayudas y problemas relativos a la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor.
3. Además, en este ejercicio han continuado llegando quejas de ciudadanos manifestando que la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no era la adecuada por la falta de medios personales o materiales necesarios para garantizar la Educación inclusiva, tanto en las enseñanzas básicas, como en los niveles de enseñanza no obligatoria. El Defensor ha continuado insistiendo en la necesidad de establecer medidas normativas y organizativas que permitan profundizar aún más en el desarrollo de la Educación inclusiva.
4. En el ámbito de la Educación universitaria, la actuación del Defensor se dirigió esencialmente a servir de enlace con las universidades cerradas por la pandemia a las que los alumnos no lograban acceder para realizar trámites académicos, y también para proporcionarles información actualizada sobre las medidas adoptadas por cada uno de los centros para finalizar el curso. En este ejercicio también se han recibido numerosas quejas por demoras en la tramitación de expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros.