150 niños y niñas, pendientes de si tendrán plaza escolar el próximo curso en Melilla

Los nombres de Omar, Fátima, Amira, Sara, Adam, Aaron o Zacaría aparecieron el pasado 8 de junio en una pizarra ante la sede del Ministerio de Educación en la calle Alcalá de Madrid. Con este acto la Plataforma de Infancia, con su director, Ricardo Ibarra, y su responsable de Incidencia Política, Almudena Escorial, a la cabeza, ha querido llamar la atención sobre los 150 niños y niñas que no tienen garantizada una plaza escolar en un centro educativo de Melilla para el curso que viene. El Ministerio, que tiene las competencias en Educación en la ciudad autónoma, dispone de plazo hasta hoy, martes 15, para analizar los expedientes y solicitudes de admisión en periodo ordinario.

Detrás de este problema se encuentra la dificultad de estos menores para probar su residencia efectiva en Melilla, aunque para muchos sea su residencia única, pues han nacido ya allí. “Además la residencia es claramente efectiva este curso, con las fronteras cerradas”, analiza Ricardo Ibarra.

La Plataforma de Infancia ha sumado a 45 organizaciones y asociaciones profesionales a su causa. Reclama que la Administración se fije en esta residencia efectiva, no en la legal: “Si los niños están empadronados, no se debería pedir más documentación. Cualquier documento que pruebe la vinculación del niño con el territorio, como la tarjeta sanitaria, debería tener validez. La carga de la prueba no debería estar en el niño. Es la Administración la que debería probar que ese menor no vive en esa residencia”, asevera Ibarra, que apunta que no se trata de un problema administrativo puntual, sino de algo “sistemático y masivo” en el caso de Melilla, donde la Delegación del Gobierno es “tremendamente escrupulosa” y solo está dando por buena la residencia legal.

Ibarra cree que a futuro se debería reformular la orden que regula la escolarización en Ceuta y Melilla, pero denuncia que la actual menciona informes de servicios sociales que no se están haciendo. Hay familias que recurren y que son capaces de reunir más documentación que acaban logrando que su solicitud se acepte en septiembre o con el curso ya iniciado. “Pero hay otras que no recurren, y algunas a las que los abogados voluntarios no llegan”, añade Ibarra, que asegura que hay niños y niñas que llevan tres cursos sin poder acceder a su plaza en un centro educativo de Melilla.

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo también se dirigieron al Ministerio porque se había denegado la plaza a 17 menores con residencia efectiva en Melilla. Tras analizar los casos, 11 de las peticiones se han dado por buenas.

Desde el Ministerio se asegura que “se sigue trabajando en el estudio pormenorizado e individualizado de cada caso para comprobar el cumplimiento de los requisitos de admisión, a la vez que se está estudiando un sistema que permita agilizar su resolución para garantizar el derecho efectivo de los menores a su escolarización con todas las garantías jurídicas”. Garantías que deben darse “tanto para los menores a los que se les deniega la escolarización como para el resto de menores escolarizados en Melilla”, concluyen.

• En este momento no ha finalizado todavía el proceso ordinario de admisión.
• En el proceso extraordinario (que en Melilla se prolonga durante todo el curso) es común que se asigne plaza a los alumnos que no la han obtenido en el ordinario y acreditan los requisitos.
• En el curso 2018-19 se escolarizó a 396 alumnos en el periodo extraordinario. En el 2019-20, a 611, y en el 2020-21, a 444 (muchos, residentes en centros de menores).
  Este curso hay 17.062 alumnos escolarizados en Melilla (2.707 en Infantil, 6.362 en Primaria, 4.447 en ESO, 1.374 en Bachillerato y 2.172 en FP).
• En los últimos años han ido cambiando los requisitos para probar la residencia efectiva. Primero era el certificado de empadronamiento. En el curso 2018-19 servía la tarjeta sanitaria y una factura de la luz con medio año de antigüedad, y ahora es necesario un informe de servicios sociales.