El sector de la Educación Infantil demanda medidas urgentes ante el cierre de casi un 20% de centros

El sector de la Infantil quiere, en primer lugar, la implementación de modelos de financiación. Con esta medida, se favorecería la viabilidad de estas empresas, y con ello las condiciones que permitan el mantenimiento y mejora del empleo y salarios, y la prestación de un servicio de interés público esencial.

También solicitan ayudas económicas extraordinarias para paliar los efectos derivados de la pandemia y que eviten el cierre de los centros de Educación Infantil privados. Para ello, los fondos europeos y el reparto de los mismos, deben responder a «criterios objetivos de pérdida de ingresos, como puede ser un 30% de caída, sin que se tenga que limitar el acceso a los mismos a unos sectores de actividad con unos CNAE específicos».

En tercer lugar, solicitan la creación de una Mesa Sectorial de Educación Infantil presidida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el que se aborde de la mano de los representantes de la negociación colectiva del sector sus problemáticas y posibles soluciones.

Según las patronales, la red de centros privados está formada principalmente por autónomos, micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera. Antes del inicio de esta crisis sanitaria existían en nuestro país más de 5.100 centros educativos 0-3, que escolarizaban a más de 250.000 alumnos, y que empleaban a más de 50.000 profesionales, la mayoría joven y femenino.

Sin embargo, el sector está inmerso en una «profunda crisis», según la patronal, agravada por los efectos de la Covid-19, que está derivando en el cierre constante de centros, superándose en la actualidad alrededor del 20% desde el inicio de la pandemia, con la consiguiente pérdida de empleo que ello conlleva.

Además, ya antes de que estallara la pandemia existían factores que propiciaban la crisis del sector, como el «más que preocupante descenso de la natalidad; la persistente competencia desleal de establecimientos que se publicitan engañosamente como centros de Educación Infantil, sin la oportuna autorización administrativa; o la imposibilidad de repercutir en las cuotas de las familias los incrementos de costes de funcionamiento y, sobre todo, los sociales que han llegado al 45%», dicen la patronales.

A todos estos factores preexistentes se han venido a unir los producidos por la pandemia, como:

• El teletrabajo derivado de la pandemia, así como el miedo al propio virus han propiciado un descenso de las matriculaciones que va desde el 40% hasta más del 80%.
• El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, tampoco ha tenido en cuenta los CNAE correspondientes a este tipo de Educación.
• El anuncio del Gobierno, tras la reciente publicación de la Lomloe, de la creación de 65.000 plazas públicas y gratuitas de primer ciclo de Educación Infantil. Ello contrasta con la ausencia de toda previsión destinada al estudio de alternativas de financiación y/u organización que permitan la subsistencia de la red privada de centros.
• Falta de apoyo y reconocimiento de la mayoría de las administraciones públicas. Esta falta de reconocimiento se ve refrendada por el trato discriminatorio dado a esta etapa educativa tanto en la LOE como en la Lomloe, permitiendo la ruptura del primer ciclo, rompiendo así los objetivos pedagógicos del ciclo y comprometiendo la viabilidad económica de los centros de Educación Infantil privados.